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Se dice y no se cree

Charles Brown contó aquí el pasado 5 de marzo los avatares de 16 familias con problemas de vivienda, entre ellas la suya, a las cuales les entregaron en febrero de 2006 el local de una antigua lavandería en 8va., No. 267, entre Tejar y Pocito, Lawton, en el municipio habanero de Diez de Octubre.

Todo se hizo con los documentos legales que amparan la asignación, refería, y con la Empresa de Servicios del Poder Popular en ese municipio, como constructor asignado. Pero no fue hasta septiembre de 2018 que se presentó allí una brigada de la Empresa Constructora de la Administración Local (ECAL) 2, para construir las viviendas.

Trabajaron cuatro meses en dos de los 16 apartamentos a ejecutar. Sin concluir ninguno, fueron trasladados a las obras de recuperación del tornado: algo que esas familias comprendieron. Pero el tiempo pasó y no concluyeron ni los dos primeros apartamentos. El resto del local, con filtraciones y graves problemas en la cubierta.

Los vecinos fueron a la ECAL 2 a ver al director y no estaba. El departamento de Atención a la Población recibió por escrito su queja. Sin respuesta, al mes volvieron y hablaron con el director Vladimir Blanco, quien prometió que cuando terminaran la reparación de la heladería Coppelia, volverían a la obra, aunque estaban carentes de personal.

Los vecinos propusieron que les entregaran los materiales y asumirían la obra con esfuerzo propio. El director pidió que le dieran tiempo para analizar la propuesta. Pasó tiempo prudencial, y volvieron. Blanco estaba enfermo y los reorientaron a la Dirección Municipal de la Vivienda (DMV).

Allí vieron al inversionista Vidal Cueto, quien estuvo de acuerdo con entregarles los materiales para que construyeran, y les dijo que se reuniría con el director de la Ecal 2 y la técnica de la brigada. Pero cuando retornaron por la respuesta, Vidal no ocupaba ya su cargo, y hablaron con Andrea, a quien le recontaron la historia. Y ella les pidió un voto de confianza.

Pasaron los días, y sin respuesta vieron al subdirector Airán, quien envió al técnico Jiménez para hacer un levantamiento de las necesidades. Este hizo el informe y lo dio a Airán, quien les dijo que no podía darles una respuesta, pues todos los recursos estaban destinados a los damnificados del tornado. Y los vecinos, en su carta a esta sección, confesaban sentirse engañados y viviendo en condiciones deplorables.

Al respecto, responde Nelson Córdova Pita, director general de la ECAL 2. En septiembre de 2018, previa conciliación con el Gobierno y el Partido del municipio de Diez de Octubre, «contratamos con la DMV para la obra en ese local. Y ciertamente laboraron cuatro meses. A comienzos de enero de 2019 se inició el proceso de contratación y elaboración de la documentación, lo que fue interrumpido por el paso del tornado. Todos los recursos y obras se concentraron en la recuperación de los daños de este. Y el compromiso se extendió hasta diciembre de 2019.

A inicios de 2020, añade, conciliaron las viviendas que se venían ejecutando allí con la inversión. Y se encontraban en el proceso de aprobación y contratación por parte de la DMV del plan anual cuando se publicó la queja.

«Ante la propuesta de que los recursos fueran entregados a los vecinos, señala, debemos objetar que aquellos fueron redirigidos a la afectación del tornado. Por lo tanto, no existe recurso adicional para la continuidad de los trabajos extraplan, ya que el respaldo de recursos coincide con el presupuesto asignado para la ejecución del año».

Significa que finalmente la DMV se pronunció por la inclusión  de esas viviendas en el plan de obras de 2020. Y luego de reunión con los vecinos, se recomenzaron los trabajos, después de determinarse las acciones a ejecutar en cada vivienda, las cuales se les informaron por escrito, y con firma por ambas partes. Y se llevarán a cabo en el transcurso de un año, según el cronograma, concluye.

Agradezco la respuesta. Lo que sí queda en el aire, lamentablemente, y no es responsabilidad de la Ecal 2, es saber quiénes fueron los culpables de tener a esa comunidad de familias en la incertidumbre durante nada más y nada menos que 12 años. Se dice y no se cree.

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