Acuse de recibo
Jorge Reyes Ochoa (Libertad No. 23, Marcané, Cueto, provincia de Holguín) escribe para que alguien le dé una explicación lógica de un problema que acongoja a todos los trabajadores que cobran a destajo en la UEB Atención a Productores Agropecuarios Loynaz Hechavarría.
«Sabemos que para cobrar un buen salario tenemos que cumplir con el plan de producción, afirma, pero… si no se cumple el plan por problemas ajenos al colectivo de trabajo, ¿ por qué no se me puede pagar mi salario básico? ¿Cómo se supone que pueda costear mis gastos básicos con 684 pesos si solo en el comedor se depositan al mes entre 300 y 450 pesos, sin contar la electricidad, el agua y la canasta del mes?».
Refiere que en esa situación están los tres pelotones de esta entidad. Allí muchas veces trabajan la mitad del mes, y hasta menos, por no tener combustible, fertilizantes o roturas en los equipos, que no está en nuestras manos resolver por el déficit de piezas para los tractores e implementos.
«También se explicó que como no había llegado la tasa nueva de salarios, se nos pagó el mes de enero por la tasa vieja. Pero… ¿no comenzó en enero el nuevo ordenamiento? Y, ¿por qué se nos paga a nosotros por la tasa antigua y al personal de oficina por la nueva, si supuestamente no había llegado aún a la empresa? Yo estoy muy de acuerdo en que no se nos pague si es por ineficiencia nuestra, pero no por motivos totalmente ajenos al colectivo. Y en la misma situación, o peor, están los pelotones cañeros de nueva tecnología de la empresa».
Jorge solicita que se les esclarezca el porqué ellos, los que están en el campo día a día, noche a noche, los que tienen la obligación de producir más y mejor por ellos, por la empresa y por el país, son tan poco valorados en sus puestos de trabajo.
El 17 de noviembre de 2020, y desde la ciudad de Camagüey, la artesana Sandra Navarro Valdés reveló aquí insatisfacción con su proceso de jubilación, al que calificaba como «algo traumático y fuera de contexto».
La miembro de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas (ACAA), inscrita en el Registro del Creador para las Artes Plásticas y Visuales, contaba que, primero en diferentes entidades estatales y posteriormente en la ACAA pagando su contribución a la Seguridad Social, llegó a 33 años de trabajo con 61 años. Y en enero de 2020 solicitó su merecida jubilación.
El 16 de marzo de ese año, decía, la especialista en Trámites de la filial municipal del Instituto Nacional de Seguridad Social (Inass) le explicó que recibiría una pensión de 340 CUP, con lo cual estuvo conforme. El expediente pasó al Inass central, para ser aprobado. Y con la pandemia, todo se retardó. Ella pensó que se había extraviado.
El 20 de octubre de 2020 le informaron que había sido aprobada su pensión, pero solo con 120 CUP. Entonces, el 26 de ese mes ella fue a la dirección provincial del Inass y entregó un recurso de revisión.
«No está ni cercana a la pensión mínima aprobada para cualquier trabajador del país… ¿Cuál es la protección que tendré en el futuro dados los cambios que se avecinan en el país?», cuestionaba Sandra el 17 de noviembre.
Al respecto, el 27 de enero pasado llegó a nuestra redacción una carta de respuesta de Caridad Real Gutiérrez, jefa del departamento de Pensiones del Inass, la cual está fechada el 19 de noviembre de 2020, dos días después de publicada la queja de Sandra.
Precisa que, efectivamente, Sandra interpuso, a través de la filial municipal de Camagüey, recurso de revisión ante la directora general del Inass, por lo que se está analizando en la Dirección de Política y Proyecciones de ese Instituto, la que en breve dictará la resolución que proceda según derecho.
Agradezco la respuesta, pero median dos meses y ocho días entre la redacción de la carta y la llegada de la misma a nuestra redacción. Totalmente fiambre. Ni siquiera se puede saber el desenlace de esta historia, incluido lo que sobrevino con el ordenamiento monetario. Quienes conocimos por esta vía el problema de Sandra estamos en las mismas. Ojalá haya solución para su problema, esperamos seguimiento.
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