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La Corporación Correccional de América (CCA) es una de las que más cárceles opera en el mundo y en el propio territorio norteamericano. Foto: AP Las guerras de Afganistán e Iraq trajeron a la luz pública el sistema carcelario estadounidense en esos escenarios bélicos —con las infames incidencias en Abu Ghraib y Bagram—, las prisiones y vuelos secretos de la CIA con la complicidad de no pocos Estados europeos, y el tenebroso campo de tortura instalado en la ilegal Base Naval de Guantánamo. En todos ellos, se produjeron flagrantes violaciones de las leyes internacionales y de los derechos humanos. Parecería que la administración Bush lo inventó y lo instauró...
Pero no es así la realidad. Esos procedimientos saltaron todas las normas y mostraron el envés de una misma cara: el sistema de prisiones de EE.UU. aplicado en el exterior y con extranjeros. Del lado de acá, en su territorio nacional, las reglas no son menos duras y atentatorias.
Hace unos días, el diario The New York Times publicaba la sentencia de un panel de tres jueces: «el sistema de prisión en California debiera reducir el congestionamiento en unos 55 000 encarcelados en los próximos tres años para proveer un nivel constitucional de cuidados médicos y salud mental».
Según un comentario publicado en Consortium News, que tituló «El precio de las prisiones Gulags de América» —recuerde traducir América como EE.UU. exclusivamente—, el investigador analista del Independent Institute, Anthony Gregory, aseguraba que el crecimiento en las prisiones en su país estalló durante el siglo XX, fueron acelerando su desarrollo, y mientras antes de la presidencia de Ronald Reagan había medio millón de estadounidenses en cárceles y prisiones, y poco más de millón y medio en condición de bajo palabra o probatoria, ya en estos primeros años del siglo XXI la cifra de quienes viven tras las rejas alcanza más de dos millones de reos y siete millones están en el sistema correccional. Y no cesa de crecer.
Gregory daba un dato relativo a California: allí el crecimiento ha sido del 500 por ciento entre 1982 y 2000; de esa forma, el sistema diseñado para encerrar a 100 000, tiene una población penal de 171 000. Y hace un juicio: «Esto es una locura. Y es caro». La referencia, desde el ángulo estrictamente monetario, avala el criterio: a los contribuyentes californianos, cada encarcelado les cuesta 35 000 dólares al año.
A la descripción de los males contribuye Human Rights Watch cuando asegura que la violencia brutal es común en las instalaciones penales donde, a nivel de EE.UU., el 15 por ciento de los reos es violado, muchos son esclavos efectivos de sus compañeros de celda, la violencia de las bandas «es endémica» y añade que la institución es un infierno para los encerrados.
La barbarie se complementa con un artículo-denuncia formulado ese mismo día por la destacada periodista Amy Goodman, quien trata de la corrupción y la perversidad de dos jueces de Pennsylvania —Mark A. Ciavarella Jr. y Michael T. CONAM—, encontrados culpables de haber condenado a unos 5 000 menores y encerrado en prisión a más de 2 000 de ellos, a cambio de recibir sobornos de los constructores y dueños de instalaciones de prisión privadas. El monto ganado por los jueces con estos muchachos y muchachas, que con frecuencia no tenían acceso a un abogado, fue de 2,6 millones de dólares.
Y ese sí que es un negocio floreciente en EE.UU.: la industria de las cárceles privadas.
Como bien dice Goodman, este escándalo apenas involucra a un condado de EE.UU. y a un par de relativamente pequeñas compañías dedicadas al negocio de prisiones —PA Child Care y Western PA Child Care—, y cita la valoración del diario The Wall Street Journal: estas «compañías están preparándose para una ola de nuevos negocios a medida que la economía se deteriora e incrementadamente hace más difícil para los funcionarios del gobierno federal y estadual construir y operar sus propias cárceles».
Otro dato conclusivo sobre las cárceles de más acá: Amy Goodman mencionó que el recién firmado plan de estímulo contiene 800 millones de dólares para la construcción de prisiones; sin embargo, fueron recortados millones que estaban destinados a la construcción de escuelas.
Estamos entonces ante una nueva formulación de aquella frase: «El crimen siempre paga», cuando jueces corruptos y empresarios avariciosos siempre cobran y lucran.
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