Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

Los quelonios son cazados por su carne, huevos, o su caparazón, que se utiliza en la artesanía. Foto: CGC «El otro día me tiré en la costa norte y nadé mar afuera como un par de kilómetros. En todo el recorrido si acaso encontré tres o cuatro pececitos. Antes veías ahí cerquita delfines, careyes. Ahora nada de eso», dice Manuel, un pescador submarino, afición que practica desde niño en su natal Santa Fé.

«Hasta hace unos años era común encontrar coral negro a unos metros de la costa. Ahora, por su explotación furtiva, es muy difícil verlo, y solo se encuentran a más de 30 metros de profundidad», reconoce Julio Baisre, especialista de la Dirección de Regulaciones del Ministerio de la Industria Pesquera (MIP).

«La Isla de la Juventud fue conocida desde su descubrimiento como la “isla de las cotorras”. Y fíjate si la explotación ha sido grande, que ya nadie la llama así. Quedan, es verdad, pero cada vez es más difícil verlas. ¿Aquí en Nueva Gerona? Bueno, únicamente enjauladas», rememora Leonor, una pinera con más de siete décadas.

«A mí me gustan mucho los pajaritos, y mi abuelo fue quien los compró», dice Damián, muy contento con tener un sinsonte y una mariposa en su jaulita en el patio. «No se crea, que son muy caros, uno me costó 150 pesos y otro como 200. Yo los compro a la gente que los caza. No sé si son ilegales o no, pero eso lo hacen en el campo, abiertamente, y nadie les dice nada», dice Rubén, el abuelo.

Son apenas algunas opiniones. Unas reflejan desconocimiento, otras, preocupación, pero todas la realidad. La caza y la pesca ilegal de especies autóctonas cubanas está prohibida por la legislación vigente. Ninguna especie de ave endémica, o animales como las tortugas terrestres y marinas, el cocodrilo, la cotorra, el catey, el tocororo, incluso los jabalíes, el venado y hasta la jutía, se puede cazar, salvo en excepciones y con la debida autorización.

Sin embargo, esto se viola una y otra vez. ¿Por qué?

Todavía se recuerda el caso de una tortuga marina que viajó desde Australia hasta la costa norte de Matanzas para desovar, y murió atrapada en una red que un joven había tendido en las transparentes aguas.

Aquella tortuga era objeto de una investigación y los miles de kilómetros que nadó para llegar a nuestra Isla fueron rastreados por los científicos paso a paso, mediante un dispositivo satelital colocado en su caparazón.

Esa triste historia se repite a diario sin que muchas veces alguien se entere. Las tortugas marinas se encuentran en peligro de extinción debido a una desmedida e ilegal captura de ejemplares adultos y por el saqueo de sus huevos en las playas de anidación.

Las personas inescrupulosas las exterminan para abastecer el mercado negro con las conchas de carey, las pieles para la manufactura de botas y billeteras, los huevos —a los que se atribuyen falsas propiedades afrodisíacas— o la carne.

«La captura furtiva ilegal ha proliferado», se muestra preocupado Juan José Puñales Alpízar, oficial inspector de la pesca. Este hombre confiesa su inquietud por el daño ecológico a las especies de quelonios, muchas de ellas en peligro de extinción.

«La costa norte está infestada de paños y otras artes», nos dice, mientras añade que los violadores han cambiado el modus operandi y eso les dificulta localizar los sitios donde se cometen las deplorables fechorías.

Para que se tenga una idea de la magnitud de estos hechos, hasta el 26 de julio de este año se habían detenido a 120 infractores, a quienes se les impusieron multas por un monto de 104 300 pesos. Pero se han dado casos de personas que han reincidido en estas violaciones, pues aunque las multas no son despreciables, hay que tener en cuenta que la libra de carne de caguama, carey o tortuga supera el valor de un peso convertible al cambio actual.

Matanzas, además, no es el único sitio donde esto sucede, ni es solamente el carey la especie afectada. Según reconoce el especialista Julio Baisre, también es atrapado indiscriminadamente en las costas de Pinar del Río o la Isla de la Juventud; mientras que el manatí —otra especie que está terminantemente prohibido capturar— se ha encontrado muerto, enredado en las artes de pesca, en la costa norte de Villa Clara.

Incluso el cobo, del cual se pesca una pequeña cuota anualmente, previa autorización del Ministerio correspondiente, es igualmente depredado tanto por su carne como por la concha, con el agravante de que arrojar aquellos caparazones desechados en el mismo lugar donde habitan individuos de esta especie, los aleja para siempre de allí.

Otro tanto sucede con la sigua y el quinconte, muy apreciados por su belleza que los hace atractivos para artesanos y artistas, tanto nacionales como extranjeros. En el caso del Quinconte rosa, está totalmente prohibida su colecta, transportación, tenencia o cualquier otra actividad que lo implique por la Resolución 266 del MIP.

No obstante, en inspecciones realizadas por el Cuerpo de Guardabosques de Cuba (CGC), decomisos de la Aduana u operativos policiales, ha sido detectado en ferias comerciales o en poder de turistas, lo que indica que su explotación sigue a pesar de la «estricta prohibición».

Con apenas 180 funcionarios diseminados por toda la isla, la Oficina de Inspección Pesquera no da abasto para cubrir todas las áreas. A pesar de esto, desde que en 1996 se aprobó el Decreto Ley 164 o Reglamento de Pesca, han detectado más de 48 380 infractores e impuesto multas por casi 43 millones de pesos.

«Necesitaríamos mucho más personal para cubrir todos los lugares y cumplir con las múltiples tareas, que no son solo detectar ilegales, sino incluso velar por la calidad de lo que pescan las propias empresas estatales», reconoce Francisco Lorenzo Chávez, funcionario de Inspección Pesquera.

Para que se tenga una idea de lo que esto significa, en la Ciénaga de Zapata, con más de 4 520 kilómetros cuadrados —el 75 por ciento de áreas anegadas—, apenas hay dos inspectores de pesca; y en Guanahacabibes, aunque es cierto que es una zona protegida, no hay ninguno.

La cordillera de Guaniguanico, en la occidental provincia de Pinar del Río, es una de las más ricas de Cuba en cuanto a flora y fauna se refiere. Allí la caza furtiva sigue siendo un grave problema, como reconocen funcionarios del Cuerpo de Guardabosques de Cuba.

La cacería de jutías y venados, especialmente en el circuito de Macurijes, es uno de los problemas más graves, aunque más al este, en la zona de Guanahacabibes, se reportan «caguamicidios», cuando estos quelonios son virados boca arriba al llegar a desovar. Igualmente se han dado casos de extracción de quincontes y siguas.

Algo similar sucede en la Ciénaga de Zapata, el mayor humedal de Cuba y el Caribe, donde por toda su extensión e incluso en la costa sur de La Habana, se han detectado casos de pesca y caza furtiva, ya sea para aprovechar la carne o huevos de las tortugas marinas, como para la carne o taxidermia de los cocodrilos.

En el caso de este último animal el problema es más complejo, pues muchos son cazados principalmente por su carne, aunque se han detectado algunos casos de utilización del animal completo para labores de taxidermia. Los lugares donde se lleva a cabo esta cacería son la Ciénaga de Zapata y el sur de la Isla de la Juventud, pero en los reportes no se especifica si son ejemplares de Cocodrilo cubano (rhombifer) o del americano (acutus) por lo que no se ha podido determinar cuál de las dos especies está siendo más agredida. Aunque a los depredadores furtivos no les preocupa si es una u otra.

El caso de la jicotea es harina de otro costal, porque son vendidas impunemente en ferias, parques infantiles y otros lugares, sin que casi nadie se meta en este tema, por lo que también se ha visto afectada.

Por otro lado, en el macizo de Guamuhaya, situado entre las provincias de Cienfuegos, Villa Clara y Sancti Spíritus, la jutía, el venado y las aves endémicas son los más afectados; mientras que en la zona de Holguín y Baracoa, en el oriente del país, es frecuente la captura y comercialización de pichones de cotorras y otras especies como el tomeguín del Pinar, así como la recolección de polimitas, que en el mercado internacional pueden llegar a costar decenas de dólares.

El quinconte rosado es muy apreciado por la belleza de su concha. El cuerpo legal que sanciona la caza y pesca furtiva es diverso, y su aplicación compete a varias entidades. Tanto el decreto Ley 164 o Reglamento de Pesca, como el Decreto Ley 200, de 1999, Sobre las Contravenciones en Materia de Medio Ambiente, son los mecanismos regulatorios fundamentales que sancionan estas prácticas nocivas.

En el caso del primero, la sanción incluye desde el decomiso de la especie, artes de pesca y hasta transporte, y multas que oscilan entre los 500 y 5 000 pesos para quienes sin la debida autorización capturen, desembarquen, transporten, procesen, comercialicen o consuman especies amenazadas o en peligro de extinción, o hagan cualquiera de estas acciones con otras en su período de veda.

Las contravenciones de la Ley 200, por su parte, explican que quien dañe o destruya especies de especial significado u objeto de protección específica, colecte ejemplares de flora y fauna sin la debida autorización, viole las disposiciones establecidas para la exportación de especies sujetas a regulaciones especiales, o acceda a los recursos de la diversidad biológica sin tener la autorización correspondiente, puede ser sancionado con el decomiso y 250 pesos de multa.

A esto hay que agregar otras disposiciones legales, como las que establece el Servicio Estatal Forestal, del Ministerio de la Agricultura, o la aplicación del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies de Fauna y Flora Salvaje Amenazadas (CITES), del cual Cuba es signataria.

También la caza y pesca deportivas están estrictamente reglamentadas, con disposiciones anuales por parte del Ministerio de la Pesca y el de la Agricultura en cada caso, y si bien no todo es perfecto, los mismos cazadores han concientizado estas disposiciones, aunque tanto entre ellos como entre los que operan en el mar se dan casos de violaciones.

Luis Pérez Vázquez, presidente de la Federación Cubana de Caza Deportiva, explicó a JR que desde el año 2003 se hizo un convenio con la Cátedra de Biología de la Universidad de La Habana, y se intercambian criterios actualizados sobre la situación de cada especie y las posibilidades de caza.

Para ello la Federación realiza sistemáticamente monitoreos con los presidentes provinciales y se hacen cálculos con las observaciones de los cazadores asociados, de modo que se tenga una información integral que permita una caza legal que no amenaza la preservación de las especies endémicas.

En Cuba existen más de cien áreas de caza aprobadas, y se tiene instituida una Comisión Nacional de Caza, integrada por el Ministerio de la Agricultura, la Federación de Caza Deportiva, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, el Ministerio del Interior, y el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, con el objetivo de regular la situación existente con la caza furtiva en todo el país y la preservación de especies en peligro de extinción.

Anualmente el MINAGRI emite un plan de caza donde se plantean las especies, el período y la cantidad que se puede cazar, según la situación que presente cada comunidad animal, después de realizarse los conteos por provincias y municipios.

Claro está, no todo es color de rosa. El Cuerpo de Guardabosques, por ejemplo, en ocasiones no puede dar cobertura a todas las áreas, y solo los cazadores asociados son más de 35 000. Si a ello sumamos los cazadores furtivos, ¿cuántas personas habría que vigilar?

Similar situación ocurre en la pesca, donde tampoco los inspectores dan abasto. Por eso se requiere de la colaboración de las autoridades policiales, pero también de los inspectores populares, que en muy pocas ocasiones han actuado sobre esta situación. Además, habría que pensar también en las condiciones que propician la caza y pesca ilegal, para solucionar el problema de raíz.

Los «camafeos» y dijes son fabricados en Europa con quincontes rosados  Leyes y disposiciones no bastan. Tampoco las sanciones, aunque en ocasiones altas, parecen ser suficientemente disuasivas ante el alto valor que tienen en el mercado subterráneo los huevos, la carne de tortugas marinas, de cocodrilos, los moluscos disecados...

José Alberto Álvarez, especialista principal del Centro de Inspección y Control Ambiental (CICA), del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, reconoce que aún es insuficiente lo que se hace. «Por nuestra parte realizamos inspecciones diversas, incluso en polos turísticos como Varadero o Trinidad, pero nuestra labor va dirigida fundamentalmente al cumplimiento de las licencias ambientales, a su correcto manejo. Detectamos y sancionamos la extracción incorrecta, pero evidentemente la comercialización no está bien regulada.

«Cada una de las licencias para explotar algún recurso del medio ambiente es cuidadosamente analizada. En estos momentos, por ejemplo, no hay ninguna otorgada para la explotación de coral negro o para la taxidermia de cocodrilos, pues incluso la que tenía el criadero en la Ciénaga de Zapata, expiró en el 2002 y no la han reanudado».

«Tampoco nosotros hemos expedido ninguna licencia desde el 2004 para explotar el Quinconte rosado y hace años no se da ninguna para el Coral negro, mientras que las de otros corales son cuidadosamente analizadas y solo aprobadas luego de un estudio previo del Centro de Investigaciones Marinas, y con autorización del CICA», explica Julio Baisre, de Regulaciones Pesqueras.

Entonces, si las autoridades estatales no están autorizando muchas de estas actividades, cómo explicar las artesanías a base de corales y moluscos marinos y terrestres que pululan en los mercados que venden tanto en divisas como en moneda nacional, sin que los inspectores y autoridades que las regulan hagan casi nada por detenerlas.

Cómo explicar que la Aduana haya detectado durante el 2005 unos 76 casos de intentos de sacar especies de la flora y fauna cubanas, haya operado otros 71 en el 2006 y 80 en lo que va del 2007, una cifra que va en incremento gracias al perfeccionamiento de su labor operativa y la preparación creciente de su personal.

El oficial de Aduana no cabía en sí del asombro. No podía creer que el «extraño» objeto que detectaron los rayos X, fuera nada más y nada menos que una pareja de colibríes vivos, embutidos dentro de un tubo de desodorante. Este intento, aunque insólito, no es poco frecuente en aeropuertos, puertos y otros puntos de entrada y salida del país.

«La Aduana General de la República de Cuba entre sus misiones tiene también la de velar por la protección de la biodiversidad, y el cumplimiento de acuerdos internacionales como CITES», argumenta Ernesto Azcuy Castillo, especialista de este organismo.

El funcionario asegura que es en el Aeropuerto Internacional José Martí donde se reporta el mayor número de incidentes, mientras que el intento de sacar moluscos como los cobos es el que más frecuentemente se ve, aunque no faltan casos de cotorras, cateyes o taxidermia diversa, e incluso animales vivos, y también son afectados aeropuertos como los de Camagüey, Varadero y Santiago de Cuba.

Aunque estos decomisos impiden la salida ilegal de estas especies, en su mayoría no resuelven el problema fundamental, que es el daño al medio ambiente: En el caso de las taxidermias o artesanías, porque se trata de animales muertos; y cuando son animales vivos, porque la mayoría mueren al estar drogados, o es muy difícil incorporarlos de nuevo a su hábitat natural.

Entonces tratan de prevenir con la debida educación e información, que sea el decomiso el que informe al turista que ha cometido una infracción. «Como Aduana tratamos de proporcionar información al extranjero sobre este tema, pero esto no es solo una labor nuestra», asegura Ernesto Azcuy Castillo.

«Este es un problema real, donde falta mucho por hacer», dice por su parte Roberto Pérez, experto de la Agencia de Medio Ambiente (AMA). «En otros países uno se encuentra con abundante información al visitante sobre este tema, y eso debe comenzar desde las propias aerolíneas, exigírselo a los turoperadores».

En ese sentido, acudimos en busca de respuestas al Ministerio del Turismo, específicamente al Departamento de Comunicación, donde el compañero Yoankis Nieve, precisó que no son ellos los encargados de este trabajo, sino los especialistas de la Dirección de Desarrollo y Negocios.

Sin embargo, Telmo Ledo, especialista de ese departamento y asesor en el tema del turismo ecológico, aseguró que su trabajo no contempla la información que debe brindarse al extranjero desde las líneas aéreas, los hoteles o turoperadores, en cuanto al comercio de especies autóctonas.

No obstante, explicó que en el caso de los guías de excursiones naturales, estos sí deben informar al visitante que no puede depredar la flora y fauna cubanas, e incluso los choferes de las guaguas tienen la orientación de no hacer paradas en aquellos lugares donde se comercien especies endémicas. «Además, el sistema de turismo no puede promocionar la caza y pesca de animales autóctonos, y se debe advertir al visitante de esta prohibición».

Del cocodrilo cubano y el americano se utiliza la carne, piel o en taxidermias. Aunque las condiciones económicas que ha vivido el país en los últimos años han sido caldo de cultivo para que proliferen personas que depredan el medio ambiente, mucho se ha hecho para revertir esta situación, si bien queda un largo camino por recorrer.

Cuba cuenta en la actualidad con un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que gestiona las más de 260 que están aprobadas o en propuesta. Pero la preservación de las especies autóctonas no puede hacerse exclusivamente en estos lugares.

«Entre las principales causas que amenazan la conservación de las especies a nivel internacional está la pérdida de los hábitat, argumenta Deysi Rodríguez, especialista del Instituto de Ecología y Sistemática. En Cuba, este es uno de los problemas que más afectan en la conservación de los animales autóctonos, aunque de manera importante también aparece la caza furtiva.

«No todas las especies tienen el mismo grado de amenaza, y de hecho nuestro instituto está trabajando de manera conjunta con otras instituciones para desarrollar proyectos de investigación que permitan viabilizar la reproducción y conservación de muchas de ellas. Pero lo primordial es protegerlas en su propio hábitat», enfatiza.

Hoy, si bien se ejecutan en el país múltiples proyectos de conservación de disímiles especímenes de la flora y fauna, esto puede caer en saco roto si no se pone coto a la caza y pesca furtivas. Y no puede ser una tarea de una u otra entidad, sino un esfuerzo concertado entre todos, en aras de preservar un medio ambiente que constituye uno de nuestros principales recursos.

«Cada vez que se captura un pichón de cotorra, un tomeguín, una tortuga, una jicotea, se lesiona gravemente el medio ambiente», explica José Alberto Álvarez, especialista de CICA.

«No es solo que se maten para comer o para convertirlos en una artesanía. Aunque se tengan enjaulados en la casa, y hasta si los tratan bien como mascotas, o los quieren como a un integrante más de la familia, eso no exime del daño que se le hizo a la naturaleza. Para el medio ambiente, ese animal murió para siempre».

Control en frontera

Una de las labores más complejas para la Aduana General de la República de Cuba (AGRC) es la supervisón del cumplimiento del Convenio Internacional CITES, que protege especímenes vivos, muertos, sus partes y derivados, de la flora o fauna, lo que conlleva a que para sacarlos del país se deba presentar el correspondiente permiso CITES, acorde con la Resolución 87/96 del CITMA.

Ejemplares de la fauna cubana confiscados por la Aduana a turistas y visitantes extranjeros. Foto: AGRC También estarán bajo disposición de las autoridades sanitarias de frontera todos los productos para el consumo o la ornamentación, y todos los agentes, vacunas, cepas, medios de cultivo y diagnóstico, de origen animal o vegetal, que se transportan para la experimentación y la investigación científica. La aduana ha registrado casos aislados de contrabando de aves como por ejemplo de cotorras, negritos y tomeguines. Los infractores de este tipo de caso han tratado de burlar el control escondiendo los animalitos en frascos de refrescos, desodorantes, cajas de alimentos supuestamente sellados o adheridos al cuerpo, y en estructuras que se colocan por debajo de la ropa a lo largo del cuerpo.

También resulta importante la tendencia de turistas a llevar caracoles cobos, los cuales son decomisados, posiblemente por desconocimeinto de las regulaciones. Aunque el promedio es de dos o tres cobos, excepcionalmente las cantidades han estado entre 30 y 100 cobos, decomisados a un mismo viajero.