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El golpe de Estado del 10 de marzo de 1952, dirigido por Batista, violentó el orden constitucional en Cuba. Autor: Juventud Rebelde Publicado: 21/09/2017 | 04:51 pm
Cuba posee una rica tradición jurídica no siempre divulgada y estudiada como merece. Hitos esenciales de esa tradición lo constituyen los decretos aboliendo la esclavitud dictados por Céspedes, en la ciudad libre de Bayamo, después del alzamiento en La Demajagua, y la Constitución de Guáimaro en abril de 1869, que marcó el nacimiento de la República en armas. El año próximo se cumplirá el aniversario 70 de un acontecimiento muy importante de esa tradición al que quiero referirme especialmente: la aprobación de la Constitución de 1940.
La defensa de ese texto constitucional influyó, de manera decisiva, en la lucha contra la tiranía. Ello tenía su fundamento en la tradición jurídica mencionada y que se ejemplificó, de manera muy evidente, en dos momentos del período neocolonial (1902-1959). En dos ocasiones en ese período histórico fue violentado el orden constitucional instaurándose una tiranía: la de Gerardo Machado (1927-1933), con la prórroga de poderes; y la de Fulgencio Batista (1952-1958), a partir del golpe de Estado. Ambos generaron procesos revolucionarios radicales, que tuvieron como punto de partida la lucha contra el quebrantamiento de la ley. El rechazo popular a la ilegitimidad de gobiernos tiránicos está en la médula de la cultura jurídica y política cubana.
En 1934, tras la revolución contra la tiranía de Machado y en virtud de un intenso trabajo de propaganda patriótica de treinta años, Estados Unidos aceptaba la suspensión de la Enmienda Platt; pero, ya antes lo había decidido el gobierno revolucionario de los cien días, que tuvo como presidente a Ramón Grau San Martín. El secretario de Gobernación en aquel momento, Antonio Guiteras, junto con Rubén Martínez Villena, fue representante de las más firmes posiciones antiimperialistas y se convirtió en el más alto símbolo revolucionario de los años treinta. Guiteras fue asesinado en 1935 por las fuerzas militares de Fulgencio Batista, que ya se había entregado al imperialismo.
Como reflejo político asociado al estallido de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, se propició un proceso de carácter pacífico en el que intervinieron todas las fuerzas políticas del país para plasmar en la Constitución de 1940, con el consenso nacional, los puntos más avanzados del pensamiento político de la época. Su texto es el resultado histórico del proceso forjado desde los tiempos de Mella y el Directorio Estudiantil y la acción revolucionaria de Antonio Guiteras. En la década del 40, y hasta el golpe de Estado de Batista en 1952, los llamados gobiernos auténticos, con Grau San Martín y Carlos Prío Socarrás, devinieron símbolos de la corrupción, la venalidad, el latrocinio, el gangsterismo y la subordinación a la política norteamericana.
No obstante estas profundas debilidades derivadas del sistema social dominante, la Carta Magna de 1940 fue una de las más progresistas de su tiempo entre los países capitalistas. Entre las naciones del llamado Occidente, fue una de las más cercanas a un pensamiento social avanzado. Desde luego, sus medidas más atrevidas nunca se cumplieron, porque los gobiernos corrompidos y entreguistas lo impedían. La lucha posterior por hacerla cumplir y respetar fue el punto de partida de un proceso que nos conduciría al socialismo.
Una de nuestras sagradas memorias
Para el 1ro. de junio de 1952 se habían convocado elecciones generales, en las cuales iba a triunfar un partido de amplia base popular. Menos de tres meses antes, el 10 de marzo de aquel año, Fulgencio Batista, con el apoyo norteamericano, derrocó al gobierno constitucional y abolió la Constitución de 1940. De esta forma, impidió la victoria popular y afianzó el dominio de Estados Unidos en el terreno económico del país.
En 1953, Fidel y los moncadistas proclamaron los principios jurídicos de la nación cubana y denunciaron a los que habían quebrantado el sistema jurídico del país. La Historia me absolverá contiene elementos esenciales de esta cultura jurídica de la nación cubana. Así comenzó la lucha contra la tiranía.
La historia nuevamente dio una lección a los reaccionarios y al imperialismo porque el rechazo del pueblo a aquel régimen tiránico generó un proceso revolucionario radical que culminaría con el triunfo de la Revolución, el 1ro. de enero de 1959, con la que conquistamos la plena libertad y la independencia.
La Revolución, en su desarrollo, rebasó el marco de la Constitución de 1940, pero ella ha constituido siempre una de nuestras sagradas memorias. Expresa el pensamiento político cubano de la década del cuarenta logrado por consenso público y formalizado por la Asamblea Constituyente, en la que estuvieron presentes una destacada representación de los comunistas y de las fuerzas revolucionarias provenientes de la lucha contra Machado.
Sin embargo, el sistema económico y político dominante en el país hacía imposible llevar a la práctica las disposiciones más revolucionarias contenidas en la Constitución de la República. Para citar una de ellas, que resulta clave, disponía la abolición del latifundio. Esto, obviamente, no pudo instrumentarse; el sistema vigente lo impedía. Solo la Revolución logró hacerlo.
La vida demostró que el obstáculo del latifundio en manos de los círculos más reaccionarios del país y de los grandes consorcios norteamericanos nos obligó a chocar concretamente con el imperialismo.
Con el triunfo de la Revolución, la primera y fundamental legislación fue la Reforma Agraria y, por tanto, la extinción del latifundio. Se generó a partir de entonces un acelerado proceso de radicalización revolucionaria y fueron proclamadas otras medidas nacionalizadoras, pero fue la ley agraria lo que en definitiva determinó el curso de la Revolución y originó, en última instancia, que Estados Unidos comenzara a concretar su acción, incluso armada en Girón, contra la Revolución.
Hoy, los acontecimientos que han tenido y tienen lugar en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador y más recientemente en Honduras, ponen de manifiesto dramáticamente, una vez más, la enorme importancia de la juridicidad en la vida política de las naciones. Históricamente, han sido siempre la contrarrevolución y las clases reaccionarias de América Latina las que se han colocado al margen de la legalidad y, sin embargo, han pretendido presentarse, cínicamente, con las banderas del derecho. De ahí la importancia de asumir en este continente la defensa de una tradición jurídica que consagre los derechos del pueblo y de sus instituciones.
No hay tarea política más importante e inmediata en nuestros días que asumir la defensa de la ética y el derecho. Partiendo de las realidades del mundo de hoy, Fidel Castro ha subrayado que, si no cambia el curso de los acontecimientos, la especie humana está en peligro de desaparecer.
