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Logo de la ANAP (Asociación Nacional de Agricultores Pequeños). Autor: Internet Publicado: 21/09/2017 | 04:57 pm
La comercialización de los productos agropecuarios es hoy uno de los temas más polémicos que se debaten en ese sector y en el país, que realiza grandes esfuerzos por elevar la producción en la esfera, reporta Prensa Latina.
Ese fue uno de los aspectos más tratados por los participantes en el X Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), que concluyó este domingo tras varios días de análisis y discusiones.
La jornada final estuvo encabezada por el presidente Raúl Castro, el vicepresidente primero José Ramón Machado Ventura, el responsable de la ANAP, Orlando Lugo (ratificado en el evento al frente de la organización) y otros altos dirigentes del Gobierno y del Estado.
Como se evidenció en los análisis, la comercialización está estrechamente vinculada con las contrataciones, temática también tratada con énfasis en los debates, con la participación de cerca de mil delegados e invitados.
Sobre el particular, al hacer las conclusiones del evento, el vicepresidente del Consejo de Ministros Marino Murillo señaló que es necesario elevar la calidad y la exigencia en esos acuerdos, y que las partes cumplan sus obligaciones en lo pactado.
Que se exija y se cumpla todo lo convenido sobre la siembra, cosecha y comercialización en esos documentos, indicó el también ministro de Economía y Planificación (MEP).
Murillo llamó a resolver lo antes posible el problema de los intermediarios ilegales, que elevan artificialmente los precios sin aportar a la sociedad.
No son cuestionados los ingresos que son fruto del trabajo duro del campesino, pero sí aquellos que obtienen los que lucran con el comercio ilegal de las producciones agropecuarias y abusan del nuestro pueblo, enfatizó.
Los ministerios de la agricultura, azúcar, comercio exterior, salud pública, finanzas y precios y otros organismos a los que compete deben trabajar por que se cumpla lo legalmente establecido en esos mercados, aseveró.
También la ANAP y los consejos de administración de los territorios. Murillo agregó que de ser necesario habrán de introducir lo antes posible las modificaciones que se requiere.
Al referirse a las tierras entregadas a usufructuarios al amparo del decreto ley 259, el ministro dijo que habían sido repartidas 920 mil hectáreas, pero indicó sin embargo que alrededor de la mitad de las asignadas permanecen ociosas o insuficientemente explotadas.
Esta situación es necesario revertirla lo antes posible, y en los casos en que los productores no sean capaces de hacerlo, habrá que transferir esas tierras a otros que puedan lograrlo, señaló.
Murilló también destacó la existencia de un grupo de temas que se encuentran en proceso de análisis y estudio en el contexto de la actualización del modelo económico cubano, tales como la política tributaria, la contratación de fuerza de trabajo y los precios de los insumos y de acopio.
Recordó que en 1994, al aprobarse la Ley Tributaria al sector agropecuario se le dio un tratamiento de excepción, y se le excluyó de los pagos de impuestos por diversos conceptos.
Las circunstancias han cambiado, y en estos momentos se realiza una revisión de la política en esa esfera en su conjunto, lo cual incluye al sector agropecuario, abundó.
Por otra parte, las cooperativas realizan contrataciones de fuerza de trabajo sin que haya una adecuada regulación en materia de impuestos y contribución a la seguridad social.
Las condiciones actuales reclaman la revisión de todo lo anterior, más aún si se tiene en cuenta la entrega de tierras en usufructo.
Murillo aseveró que la aplicación de impuestos a este sector contribuirá a una redistribución de los ingresos, que aseguren los presupuestos a los servicio básicos que se prestan en forma gratuita por el Estado.
