Mucho ruido y pocas multas - Cuba

Mucho ruido y pocas multas

Las agresiones al oído humano debidas a la exposición a los ruidos medioambientales suelen tener peores consecuencias para la salud de las personas que las que imaginamos; sin embargo, el enfrentamiento a tan sensible asunto tropieza con algunos dilemas

Autor:

Lisván Lescaille Durand

GUANTÁNAMO.— Los rigores del día le producen a Manuel Leyva cierto abatimiento que solo compensa cuando se tumba en el balance de su casa, ubicada en un céntrico asentamiento de la ciudad de Guantánamo. El sesentón vuelve del trabajo diario en busca de la apacible tranquilidad que le proporciona el hogar, la familia y un buen texto para leer.

Sin embargo, eso a veces se vuelve quimérico. A pocos metros de su vivienda le emplazaron dos centros recreativos con «tan buena» y escandalosa música que no solo amarga su existencia, sino que pone a prueba la resistencia de sus oídos.

Pero Leyvita, como le conocen, no es el único que sufre a causa de la contaminación sonora de esta rutilante urbe de más de 200 000 habitantes. Los ruidos nacen de cualquier sitio: los espacios públicos, las calles devenidas áreas bailables, la música estridente desde el balcón de una vivienda, un vehículo convertido en discoteca, el claxon de los carros…, entre otras múltiples fuentes ruidosas que contaminan nuestro entorno. Otra indisciplina social o falta de civismo entre las múltiples denunciadas por Raúl en la última sesión del Parlamento.

Entra por un oído y no sale por el otro

Una somera aproximación a la literatura médica sobre el asunto, advierte del grave peligro sanitario provocado por esta forma de contaminación medioambiental. Pese a que el ruido no se acumula, traslada o mantiene en el tiempo como las otras contaminaciones, puede causar grandes daños en la calidad de vida de las personas si no se controla adecuadamente.

Según Juan Evangelista Centeno, inspector ambiental del Citma en Guantánamo, «cuando una persona se expone a niveles excesivos de ruidos siente un silbido en el oído, como una primera señal de alarma, si esta agresión no cesa, las lesiones serán definitivas porque la sordera irá creciendo hasta que se pierde totalmente la audición.

«Un sonido repentino de 160 decibelios también es perjudicial, como el de una explosión o un disparo que pueden llegar a perforar el tímpano o causar otras lesiones irreversibles», añadió.

Más allá de las evidentes interferencias en la comunicación, los ruidos medioambientales impiden conciliar el sueño, producen dilatación de las pupilas y parpadeo acelerado, agitación respiratoria, aceleración del pulso y taquicardias.

El propio experto refirió que a más de 85 decibelios podría disminuir la secreción gástrica, aparecer gastritis, aumentar el colesterol y los triglicéridos, con el consiguiente riesgo cardiovascular.

De la misma forma ese agente contaminante incide negativamente en la conducta humana, al provocar reacciones agresivas y un mayor grado de desinterés o irritabilidad, sostuvo el experto.

«Repercute negativamente también en el aprendizaje y la salud de los niños. Estos pierden su capacidad de escuchar, así como muestran retraso en el aprendizaje de la lectura y la comunicación verbal, factores que favorecen su aislamiento, haciéndolos poco sociables», remarcó.

Una multica... Por favor

Con tales truenos retumbando, este diario salió a preguntarles a los actores directos del enfrentamiento a estas resquebrajaduras sociales cuánto han hecho o hacen para reducir la carga de estridencia en nuestras comunidades ¿Por qué no cejan los escandalosos? ¿Qué se requiere para acallarlos?

El mayor Ramón Miranda, primer oficial de Información y Análisis de la jefatura del Minint en la provincia, aseguró que esa fuerza continúa trabajando para garantizar el orden y la disciplina ciudadanas, «con un desempeño más activo, enérgico y oportuno contra todas las manifestaciones de ilegalidades e indisciplina sociales».

Apuntó el oficial que al concluir agosto se había actuado con unas 447 personas, quienes fueron denunciadas por ruidos estridentes en centros recreativos, viviendas y vehículos. El 76 por ciento de estos casos sucedió  en el municipio cabecera, principalmente en los consejos populares de San Justo, Sur-Hospital y Norte-Confluente.

El informe suministrado por esa instancia del Minint señala que las fuerzas del orden público aplicaron más de 200 acciones profilácticas, 190 advertencias oficiales y 150 contravenciones, además de las notificaciones realizadas de acuerdo con el Decreto-Ley que los faculta.

Por su parte, el teniente coronel Javier Correa Pillot, jefe del Minint en el municipio de Guantánamo, reconoció que a pesar de que se aprecia una disminución de esas indisciplinas en algunas zonas residenciales, aún los jefes de sectores deben actuar con mayor energía.

Sin embargo, el oficial opinó que «se requiere de una mayor cohesión y protagonismo de las organizaciones de masas que confluyen en el barrio, así como de entidades como el Citma, que dispone de instrumentos legales más coercitivos para enfrentar esa conducta agresiva contra el entorno».

El teniente coronel Correa Pillot trajo a colación que el Decreto-Ley 141, por el que la Policía se rige, data de la década de los 80 y establece multas de apenas cinco pesos. No obstante, admitió que cuentan con otros recursos como las actas de advertencia, las alternativas no penales, y la radicación de expedientes judiciales contra los reincidentes.

«Existen establecimientos recreativos sobre los que continuará la acción policial, como el Piki Chiqui, La casa de la Música, La Trova, El Patio de Artex, La Rotonda… pero este asunto se resuelve con mayor exigencia de sus administraciones», sostuvo Correa.

¿Ruido en el sistema?

La primera impresión que deja el diálogo con Juan Evangelista Centeno, principal inspector ambiental del Citma, es que las turbulencias del tema los desbordan como institución: «Cuando hay una incidencia de cualquier tipo la gente acude al Citma, aunque no sea de nuestra competencia», dice.

Aseguró que la institución no alberga dudas sobre su rol, conforme a la legislación cubana en materia de ruidos, en la cual se inscribe la Ley 81/1997 del Medio Ambiente, la norma cubana (obligatoria) 26:2007, acerca del ruido en zonas habitables y los requisitos higiénico-sanitarios y el Decreto-Ley 200/99, sobre las contravenciones en materia de medio ambiente.

Conforme a lo instituido en la Ley 81/1997 del Medio Ambiente, al Ministerio de Salud Pública corresponde atender las quejas y afectaciones de la población que se relacionan con problemas de salud ambiental; el de Trabajo y Seguridad Social interviene cuando los problemas se producen en el ambiente laboral, y el Ministerio del Interior, a través de la PNR, actúa en casos de indisciplinas y en los problemas de convivencia social que involucran a personas naturales.

Centeno se queja, además, de que su institución solo cuenta con cinco inspectores ambientales.

«Para mediciones y cálculos sobre niveles de ruido hay que acudir a las direcciones de Higiene y Epidemiología, no al Citma; la Norma Cubana establece claramente que ellos son los especialistas autorizados para esta tarea», sostuvo el investigador.

«Nuestro Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente debe actuar ante los problemas vinculados con el ruido que pueden incidir sobre una población y un área natural, con afectaciones a la diversidad biológica».

Aunque el especialista reconoció también que cuentan con un fuerte instrumento para enfrentar las contravenciones, confesó que ellos son celosos con esas competencias que establece la Ley. En lo que va de año solo han procesado una decena de denuncias.

«El Decreto-Ley 200/99 contempla sanciones en caso de afectaciones por ruidos, en su artículo 11 se definen las contravenciones respecto a los ruidos, vibraciones y otros factores físicos, y fijan las multas para cada caso: infringir las normas relativas a los niveles permisibles de sonidos y ruidos, se pena con 200 pesos en el caso de las personas naturales y con 2 250 pesos si se trata de instituciones».

La música estridente de los establecimientos es un tema que deben resolver los jefes con sus administradores, no dejarlo a criterio de un DJ. Hay una responsabilidad de los organismos que tienen una estrategia ambiental y deben respetar la Ley de Medio Ambiente», recalcó Centeno.

Higiene y Epidemiología: No tenemos, no podemos

Esta instancia no ha trabajado denuncia alguna en los últimos ocho meses, y en 2012 procesó solo tres quejas de la población por ruidos, específicamente generados desde centros recreativos. El ingeniero Leandro Alonso Betancourt, especialista de Salud Ambiental en la Dirección Provincial de Higiene y Epidemiología, va directo a las causas de la inacción en el enfrentamiento al problema:

«No tenemos el decreto legal que nos faculte para aplicar una medida o una contravención. De acuerdo con la Norma Cubana: 26, cuando se transgreden los niveles máximos admisibles, establecemos regulaciones o recomendaciones a las entidades o a las personas que generan ruido ambiental.

«Sin embargo, tampoco contamos con el equipo de medición sónica, el sonómetro integral clase 1, que mide los valores de ruidos en un área determinada. Nuestros inspectores hacen una evaluación sensorial, diagnostican el problema y recomiendan las medidas para reducirlo».

No obstante, aseguró, la provincia hará un estudio de ruido mediante un modelo matemático que determinará niveles de ruido vehicular en determinadas arterias de la ciudad, lo cual permitiría a las autoridades locales regular la circulación para beneficio de asentamientos citadinos, centros docentes u otros.

Capítulo aparte en esta ruidosa historia merecen los factores individuales —ese sentido del respeto y la solidaridad que todos debemos a los demas— y los de la comunidad, que sin dudas tienen mucho que aportar desde la organización comunitaria: un tópico sobre el cual los Comités de Defensa de la Revolución deben asumir mayores compromisos, capacidad de diálogo con la familia e implicación, más allá de que la coerción haga lo suyo cuando corresponda.

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