Lo que rueda en La Habana

El Acuerdo del Consejo de la Administración Provincial para proteger el bolsillo del pueblo provoca diversas reacciones. Estar atento a todas y saber responder con justeza y sin extremismos seguirá siendo la clave

Autores:

Susana Gómes Bugallo
Yuniel Labacena Romero
Loraine Bosch Taquechel

El ambiente es de tensión entre los transportistas privados por estos días en la capital. Ninguno de los entrevistados quiere dar su nombre ante los periodistas, algunos se han recogido a sus casas —esperando tal vez «tiempos mejores»—, otros guardan con celo los tiques que validan la compra del combustible…

No faltan quienes se presentan como víctimas de una medida injusta, e intentan ganarse para su «particular lucha» la solidaridad de los clientes. Algunos de estos últimos comparten la idea de que la decisión gubernamental debió poner más oído al criterio de los choferes privados.

Los pasajeros tampoco esconden inquietudes. Hay quienes lamentan la disminución de los almendrones, otros se ven precisados a esperar las guaguas, porque la medida del Consejo de la Administración de la capital para proteger el bolsillo popular busca ser burlada por algunos «boteros» con la división de los viajes por tramos. Esa es una estrategia para seguir ganando lo mismo por menos kilómetros y hace que las personas acaben pagando 30 pesos o más por un viaje que siempre les ha costado 20.

Mientras, quienes administran la red de Servicentros Cupet Cimex, informaron recientemente al Noticiero Nacional de la Televisión que las curvas de venta de combustible comienzan a dispararse.

Una rápida indagación de JR, estimulada por algunos de nuestros lectores web, arrojó que en otros territorios, como Pinar del Río, Camagüey y Matanzas no parecen haber estos sobresaltos.

Todo esto está ocurriendo en La Habana luego de que el Acuerdo, emitido el 14 de julio, estableciera que los transportistas que ejercen el trabajo por cuenta propia no pueden subir los precios del pasaje debido a que las condiciones de obtención del combustible para el ejercicio de la actividad no han tenido cambios que originen la elevación y alertó que solo se admitirán los precios que se cobraban hasta el 1ro. de julio.

Dicen los transportistas…

Los choferes reunidos en el Parque El Curita, que como dijimos no aceptaron ofrecer su identidad, sí transmitieron sus puntos de vista.

—El problema no es el combustible, sino la temporada veraniega, la falta de transporte estatal y que las personas comienzan a ofrecer más dinero con tal de llegar a sus casas más rápido. Y si yo normalmente cobro 15 pesos por un tramo, la calle está llena de personas desesperadas que quieren irse, y me ofrecen 25 pesos, ¿debo decir que no?

—Es un error retirar la licencia a los titulares porque muchos de ellos no manejan y quienes salen a la calle son los ayudantes. Entonces los dueños se ponen a conducir o dejan de salir a trabajar por temor a que sus ayudantes hagan algo indebido y los afecte a ellos», dice otro, y uno cercano a él ilustra que muchos se van a quedar sin trabajo porque los dueños de carros más pequeños no pueden poner ayudantes porque la cuenta no da para dos.

—No es fácil pasarse el día de un lado a otro manejando por 200 o 300 pesos, y eso contando con que no se rompa», alega uno de los choferes e inferimos que se refiere a que antes lograba ganar más. «Y cuando se rompe un cacharro de estos, hay que gastar mucho. Las piezas salen muy caras, tapizar los asientos o cambiar las gomas cuesta una pila de pesos y el Estado no nos da nada.

—Somos trabajadores como otros. La gente piensa que somos millonarios, pero cuando se acaba el día, tenemos que comprar la carne de cerdo a 50 pesos, el aceite, el arroz y las cosas de la casa.

—Lo que hace falta es que publiquen la lista de los precios establecidos, los que hemos cobrado hasta ahora. Porque en estos días hay quien se está aprovechando de la situación y quieren pagar en diez pesos el viaje que siempre costó 20. Dicen que fue porque lo dieron en el Noticiero o empiezan a inventar.

Pero la población piensa diferente, e incluso muchos de los choferes particulares. Y aunque algunos de estos planteamientos pudieran analizarse, el Acuerdo llegó para poner orden.

Las autoridades actúan

Pese a los criterios formulados, el reciente Acuerdo parece cumplirse. Así lo aseguraron a este diario responsables del departamento de Inspección Estatal de Transporte en La Habana, quienes destacaron el trabajo colegiado entre diferentes instituciones, como la Dirección Nacional de Tránsito y la Policía Nacional Revolucionaria.

Hasta el pasado jueves se habían radicado, por vía telefónica, 60 denuncias de la población por violación de precios. De los infractores, 33 están bajo investigación y 27 en proceso de contactarlos, explicó Erasmo Arias Verdecia, director de Inspección Estatal de Transporte en la capital.

Recordó que antes de proceder a esta labor, se realizó la visita a los transportistas privados para notificarles sobre el Acuerdo. A partir del lunes, 34 inspectores están ubicados en 18 puntos estratégicos de la capital, en diferentes horarios, para velar por lo establecido, y existe un equipo que visita los hogares de los titulares de los vehículos que son denunciados, además de entrevistarse con ellos en la Dirección General de Transporte.

Rafael Naranjo Moreno, jefe de departamento de Inspección Estatal, comentó que no se trata de eliminar al trabajador por cuenta propia, como muchos piensan, sino de que quienes se desempeñan a esta actividad cumplan con lo establecido y con las decisiones del Estado. Además, señaló, el aumento de tarifas no tiene justificación, pues no se ha incrementado el precio del combustible ni los impuestos.

El mejor inspector que tenemos es el pueblo. Es nuestro termómetro ante estas situaciones. Por eso es necesario que sigan contribuyendo a que este trabajo se organice y que sean veraces, exactos y precisos para posibilitar la actuación eficaz de los inspectores.

Los funcionarios explicaron que «partir» el viaje también constituye una violación, pues si el recorrido comienza en el hospital Frank País, debe terminar en el Parque de la Fraternidad, y no en la Calzada del Cerro y Boyeros, como hacen muchos. Por incurrir en esta violación ya dos infractores están siendo procesados para el retiro de las licencias operativas.

Apuntaron que a todas las denuncias de la población se le da respuesta. No ha sido rápida en ocasiones, porque depende de cómo se formulen los datos, pero se trabaja intensamente. Se han inspeccionado alrededor de 2 000 vehículos. En esas inspecciones se encontraron 22 conductores de transporte privado que estaban ejerciendo la actividad de forma ilegal, y tambien se detectó que dos vehículos estatales ejercían actividad privada.

Según los funcionarios han logrado que la mayoría de los propietarios de vehículos y los conductores reaccionen positivamente ante el Acuerdo. Más del 70 por ciento de los trabajadores que hemos entrevistado están de acuerdo con la medida y muchos han cooperado con nuestro trabajo, enseñan la documentación y hasta el tique que certifica la compra del combustible en el Cupet, reconocen.

Señalan que perciben disminución de los transportistas privados, a partir del Acuerdo, sobre todo de quienes esperan a ver qué pasa, o quizá aguardando a que se cansen los que están asumiendo la inspección. Pero esta actividad llegó para quedarse y nos estamos multiplicando y esforzándonos para defender nuestra misión y que las personas entiendan la magnitud y la importancia de tomar esta medida para proteger al pueblo, aseveran estos directivos.

Funciona el sindicato

Luis Romelio Salazar Lora, secretario general del Sindicato Provincial de Trabajadores del Transporte y Puerto, comentó a JR que cada tres o seis meses se efectúan las asambleas de representantes, donde se discuten las inquietudes y preocupaciones de los trabajadores por cuenta propia, a quienes se les informa de los cambios que existan.

En esa reunión participan los secretarios de las sesiones sindicales, y los encargados de los organismos que se relacionan y tienen que dar respuestas a las inquietudes. Luego los secretarios deben transmitir cada criterio a sus trabajadores. Cuando se trata de una situación compleja — como la de ahora— no hay que esperar las asambleas, explicó.

En la ciudad hay alrededor de 18 000 TCP (Trabajadores por Cuenta Propia) en el sector del transporte. De esos, 12 000 son trabajadores contratados, ya sean dueños de los medios de transporte o choferes. Igual número son los afiliados al sindicato.

De entre las dificultades resueltas con la relación sindicato-trabajadores, resume que han logrado mejorar el respeto a las piqueras. Por otra parte, estos trabajadores  han exigido, en reiteradas ocasiones, que se les venda el combustible y se les fije una tarifa para negociar una que mejore las condiciones del pueblo. Ello se está estudiando con el Ministerio del Transporte, teniendo en cuenta la situación económica del país, explicó.

Agregó que trabajan en educar a los trabajadores no estatales y crear conciencia sobre el valor social del cumplimiento con el fisco. Se trata de una relación solidificada en los principios revolucionarios, y eso es una gran fortaleza, la mayoría de estas personas son revolucionarias, comprometidas y trabajadoras. Existen indisciplinados, y a ellos principalmente tiene que dirigirse nuestra labor. Se trata de un colectivo que quiere organizarse; de ahí la importancia de responder a sus preocupaciones, significó.

Sabemos que las tarifas para el sector no estatal responden a la oferta-demanda, pero comprendemos que ni antes ni después del día primero —que fue cuando se empezó a aplicar la medida— se cambió el monto de las contribuciones tributarias, ni el precio del combustible donde ellos deben comprarlo, porque nadie está facultado para adquirirlo por bolsa negra. Los trabajadores firmaron un contrato con el Estado que decía que iban a transportar pasajeros comprando el combustible en el Cupet. Si eso no cambió no hay ninguna razón moral para subir los precios, razonó.

El Acuerdo del Consejo de la Administración de la urbe para proteger a la ciudadanía, provoca diversas reacciones. La clave será seguir aplicando lo establecido con justeza y sin extremismos.

Lo que rueda en La Habana

El Acuerdo del Consejo de la Administración Provincial para proteger el bolsillo del pueblo

provoca diversas reacciones. Estar atento a todas y saber responder con justeza

y sin extremismos seguirá siendo la clave

 

por LORAINE BOSCH, SUSANA GOMES y YUNIEL LABACENA

digital@juventudrebelde.cu

El ambiente es de tensión entre los transportistas privados por estos días en la capital. Ninguno de los entrevistados quiere dar su nombre ante los periodistas, algunos se han recogido a sus casas —esperando tal vez «tiempos mejores»—, otros guardan con celo los tiques que validan la compra del combustible…

No faltan quienes se presentan como víctimas de una medida injusta, e intentan ganarse para su «particular lucha» la solidaridad de los clientes. Algunos de estos últimos comparten la idea de que la decisión gubernamental debió poner más oído al criterio de los choferes privados.

Los pasajeros tampoco esconden inquietudes. Hay quienes lamentan la disminución de los almendrones, otros se ven precisados a esperar las guaguas, porque la medida del Consejo de la Administración de la capital para proteger el bolsillo popular busca ser burlada por algunos «boteros» con la división de los viajes por tramos. Esa es una estrategia para seguir ganando lo mismo por menos kilómetros y hace que las personas acaben pagando 30 pesos o más por un viaje que siempre les ha costado 20.

Mientras, quienes administran la red de Servicentros Cupet Cimex, informaron recientemente al Noticiero Nacional de la Televisión que las curvas de venta de combustible comienzan a dispararse.

Una rápida indagación de JR, estimulada por algunos de nuestros lectores web, arrojó que en otros territorios, como Pinar del Río, Camagüey y Matanzas no parecen haber estos sobresaltos.

Todo esto está ocurriendo en La Habana luego de que el Acuerdo, emitido el 14 de julio, estableciera que los transportistas que ejercen el trabajo por cuenta propia no pueden subir los precios del pasaje debido a que las condiciones de obtención del combustible para el ejercicio de la actividad no han tenido cambios que originen la elevación y alertó que solo se admitirán los precios que se cobraban hasta el 1ro. de julio.

DICEN LOS TRANSPORTISTAS…

Los choferes reunidos en el Parque El Curita, que como dijimos no aceptaron ofrecer su identidad, sí transmitieron sus puntos de vista.

—El problema no es el combustible, sino la temporada veraniega, la falta de transporte estatal y que las personas comienzan a ofrecer más dinero con tal de llegar a sus casas más rápido. Y si yo normalmente cobro 15 pesos por un tramo, la calle está llena de personas desesperadas que quieren irse, y me ofrecen 25 pesos, ¿debo decir que no?

—Es un error retirar la licencia a los titulares porque muchos de ellos no manejan y quienes salen a la calle son los ayudantes. Entonces los dueños se ponen a conducir o dejan de salir a trabajar por temor a que sus ayudantes hagan algo indebido y los afecte a ellos», dice otro, y uno cercano a él ilustra que muchos se van a quedar sin trabajo porque los dueños de carros más pequeños no pueden poner ayudantes porque la cuenta no da para dos.

—No es fácil pasarse el día de un lado a otro manejando por 200 o 300 pesos, y eso contando con que no se rompa», alega uno de los choferes e inferimos que se refiere a que antes lograba ganar más. «Y cuando se rompe un cacharro de estos, hay que gastar mucho. Las piezas salen muy caras, tapizar los asientos o cambiar las gomas cuesta una pila de pesos y el Estado no nos da nada.

—Somos trabajadores como otros. La gente piensa que somos millonarios, pero cuando se acaba el día, tenemos que comprar la carne de cerdo a 50 pesos, el aceite, el arroz y las cosas de la casa.

—Lo que hace falta es que publiquen la lista de los precios establecidos, los que hemos cobrado hasta ahora. Porque en estos días hay quien se está aprovechando de la situación y quieren pagar en diez pesos el viaje que siempre costó 20. Dicen que fue porque lo dieron en el Noticiero o empiezan a inventar.

Pero la población piensa diferente, e incluso muchos de los choferes particulares. Y aunque algunos de estos planteamientos pudieran analizarse, el Acuerdo llegó para poner orden.

LAS AUTORIDADES ACTÚAN

Pese a los criterios formulados, el reciente Acuerdo parece cumplirse. Así lo aseguraron a este diario responsables del departamento de Inspección Estatal de Transporte en La Habana, quienes destacaron el trabajo colegiado entre diferentes instituciones, como la Dirección Nacional de Tránsito y la Policía Nacional Revolucionaria.

Hasta el pasado jueves se habían radicado, por vía telefónica, 60 denuncias de la población por violación de precios. De los infractores, 33 están bajo investigación y 27 en proceso de contactarlos, explicó Erasmo Arias Verdecia, director de Inspección Estatal de Transporte en la capital.

Recordó que antes de proceder a esta labor, se realizó la visita a los transportistas privados para notificarles sobre el Acuerdo. A partir del lunes, 34 inspectores están ubicados en 18 puntos estratégicos de la capital, en diferentes horarios, para velar por lo establecido, y existe un equipo que visita los hogares de los titulares de los vehículos que son denunciados, además de entrevistarse con ellos en la Dirección General de Transporte.

Rafael Naranjo Moreno, jefe de departamento de Inspección Estatal, comentó que no se trata de eliminar al trabajador por cuenta propia, como muchos piensan, sino de que quienes se desempeñan a esta actividad cumplan con lo establecido y con las decisiones del Estado. Además, señaló, el aumento de tarifas no tiene justificación, pues no se ha incrementado el precio del combustible ni los impuestos.

El mejor inspector que tenemos es el pueblo. Es nuestro termómetro ante estas situaciones. Por eso es necesario que sigan contribuyendo a que este trabajo se organice y que sean veraces, exactos y precisos para posibilitar la actuación eficaz de los inspectores.

Los funcionarios explicaron que «partir» el viaje también constituye una violación, pues si el recorrido comienza en el hospital Frank País, debe terminar en el Parque de la Fraternidad, y no en la Calzada del Cerro y Boyeros, como hacen muchos. Por incurrir en esta violación ya dos infractores están siendo procesados para el retiro de las licencias operativas.

Apuntaron que a todas las denuncias de la población se le da respuesta. No ha sido rápida en ocasiones, porque depende de cómo se formulen los datos, pero se trabaja intensamente. Se han inspeccionado alrededor de 2 000 vehículos. En esas inspecciones se encontraron 22 conductores de transporte privado que estaban ejerciendo la actividad de forma ilegal, y tambien se detectó que dos vehículos estatales ejercían actividad privada.

Según los funcionarios han logrado que la mayoría de los propietarios de vehículos y los conductores reaccionen positivamente ante el Acuerdo. Más del 70 por ciento de los trabajadores que hemos entrevistado están de acuerdo con la medida y muchos han cooperado con nuestro trabajo, enseñan la documentación y hasta el tique que certifica la compra del combustible en el Cupet, reconocen.

Señalan que perciben disminución de los transportistas privados, a partir del Acuerdo, sobre todo de quienes esperan a ver qué pasa, o quizá aguardando a que se cansen los que están asumiendo la inspección. Pero esta actividad llegó para quedarse y nos estamos multiplicando y esforzándonos para defender nuestra misión y que las personas entiendan la magnitud y la importancia de tomar esta medida para proteger al pueblo, aseveran estos directivos.

FUNCIONA EL SINDICATO

Luis Romelio Salazar Lora, secretario general del Sindicato Provincial de Trabajadores del Transporte y Puerto, comentó a JR que cada tres o seis meses se efectúan las asambleas de representantes, donde se discuten las inquietudes y preocupaciones de los trabajadores por cuenta propia, a quienes se les informa de los cambios que existan.

En esa reunión participan los secretarios de las sesiones sindicales, y los encargados de los organismos que se relacionan y tienen que dar respuestas a las inquietudes. Luego los secretarios deben transmitir cada criterio a sus trabajadores. Cuando se trata de una situación compleja — como la de ahora— no hay que esperar las asambleas, explicó.

En la ciudad hay alrededor de 18 000 TCP (Trabajadores por Cuenta Propia) en el sector del transporte. De esos, 12 000 son trabajadores contratados, ya sean dueños de los medios de transporte o choferes. Igual número son los afiliados al sindicato.

De entre las dificultades resueltas con la relación sindicato-trabajadores, resume que han logrado mejorar el respeto a las piqueras. Por otra parte, estos trabajadores  han exigido, en reiteradas ocasiones, que se les venda el combustible y se les fije una tarifa para negociar una que mejore las condiciones del pueblo. Ello se está estudiando con el Ministerio del Transporte, teniendo en cuenta la situación económica del país, explicó.

Agregó que trabajan en educar a los trabajadores no estatales y crear conciencia sobre el valor social del cumplimiento con el fisco. Se trata de una relación solidificada en los principios revolucionarios, y eso es una gran fortaleza, la mayoría de estas personas son revolucionarias, comprometidas y trabajadoras. Existen indisciplinados, y a ellos principalmente tiene que dirigirse nuestra labor. Se trata de un colectivo que quiere organizarse; de ahí la importancia de responder a sus preocupaciones, significó.

Sabemos que las tarifas para el sector no estatal responden a la oferta-demanda, pero comprendemos que ni antes ni después del día primero —que fue cuando se empezó a aplicar la medida— se cambió el monto de las contribuciones tributarias, ni el precio del combustible donde ellos deben comprarlo, porque nadie está facultado para adquirirlo por bolsa negra. Los trabajadores firmaron un contrato con el Estado que decía que iban a transportar pasajeros comprando el combustible en el Cupet. Si eso no cambió no hay ninguna razón moral para subir los precios, razonó.

El Acuerdo del Consejo de la Administración de la urbe para proteger a la ciudadanía, provoca diversas reacciones. La clave será seguir aplicando lo establecido con justeza y sin extremismos.

 

 

 

Foto: José Raúl Concepción. Foto: Tomada de Cubadebate

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