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Un análisis integral sobre la vivienda. Autor: Adán Iglesias Publicado: 21/09/2017 | 07:00 pm
El Estado cubano ha construido desde 1990 hasta 2014 más de 300 000 viviendas, beneficiando a más de 900 000 personas. Estos nuevos hogares son, sin embargo, insuficientes.
Si a lo anterior agregamos que el decrecimiento en la terminación de edificaciones por parte del sector estatal se acentúa como tendencia (Tabla), entonces gana más fuerza la estrategia del país para la construcción por esfuerzo propio, a la cual está poniendo énfasis y empeño, y medidas y recursos.
Qué se hace en este sentido fue una de las líneas de discusión de la sesión conjunta de las comisiones parlamentarias de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, y de Industria, Construcciones y Energía, durante el desarrollo del tema Análisis integral de la vivienda y su problemática en el país.
Junto a una serie de decisiones normativas, como las modificaciones a la Ley de la Vivienda y el Reglamento para el otorgamiento de subsidios a personas naturales para realizar acciones constructivas en sus casas, el impulso al programa, en especial por esfuerzo propio, está siendo fortalecido por la producción y comercialización de materiales de la construcción, con acento en las producciones locales.
También está enfatizándose en una mayor calidad de los artículos, el aseguramiento de equipos y medios de medición en las tiendas especializadas, y la preparación técnica mediante el perfeccionamiento del diseño, el uso del suelo para incrementar las densidades habitacionales por hectárea, y el desarrollo de tecnologías.
Falta mezcla
Sí, se ha avanzado, pero de forma discreta. Hay mucho pendiente todavía, señalaron —en síntesis— los diputados.
«Las deficiencias existentes muestran cuánto nos falta por hacer para cumplir lo indicado en los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución», reconoce la investigación realizada por la Comisión de Industria, Construcciones y Energía.
Hay, por ejemplo, retraso en los cronogramas de ejecución; incumplimiento de las productividades tecnológicas por sistemas constructivos; malas planificaciones, y retrasos en la ejecución de las urbanizaciones, lo que impide la habitabilidad de las viviendas.
Además, están pesando —y bastante— el éxodo de fuerza de trabajo calificada de las instituciones estatales hacia el trabajo por cuenta propia y las cooperativas no agropecuarias, y los controles insuficientes en las tiendas de materiales de la construcción.
También afectan la falta de orientación a la población y los problemas de organización y funcionamiento en las Oficinas de Trámites y Direcciones Municipales de Planificación Física en las relaciones funcionales con el Arquitecto de la comunidad, Vivienda, Notaría y Registro de la Propiedad, entre otras.
La lista de deficiencias es larga. No obstante, la solución a muchas de ellas ya se trabaja por parte de las instituciones encargadas, afirmó el diputado Santiago Lajes Choy, presidente de la Comisión de Industria, Construcciones y Energía.
Cemento, ladrillo y arena
Vivian Rodríguez, directora general de la Vivienda del Ministerio de la Construcción, también indicó que muchas de las cuestiones planteadas en el informe de los diputados «están adelantadas, en vía de solución o en análisis».
La «cosa», sin embargo, no es de «coser y cantar». La directiva explicaba, por ejemplo, que en Cuba se dispone de un fondo habitacional de poco más de 3 800 000 viviendas, pero el déficit habitacional supera las 880 000, y por año se incrementa. La Habana, Santiago de Cuba, Holguín y Camagüey son las provincias donde la demanda es mayor.
Rodríguez informó que hoy se trabaja en una propuesta de estrategia para el sector. El principio es lograr un desarrollo sustentable y con enfoque territorial: Consejos Populares, municipio y provincia, a fin de revertir el deterioro del fondo y disminuir el déficit (escasez).
Ángel Vilaragut, viceministro primero del Ministerio de la Construcción, indicó que la solución a la problemática habitacional en el país «tiene una proyección», «se trabaja en ella», pero los resultados dependerán del «esfuerzo de todos».
Abundó en la recuperación de las capacidades de la industria de materiales de la construcción, entre ella la elaboración de elementos prefabricados, los cuales agilizan el tiempo de obra y ahorran fuerza laboral. El propósito sería garantizar por esta vía unas 15 000 viviendas por año.
Se refirió además al impulso a las producciones locales, incluyendo la fabricación de máquinas y otras tecnologías para estas, y una estrategia de negocios que abarca desde la gestión de créditos hasta la inversión extranjera, como las propuestas que están disponibles en la Cartera de Oportunidades.
«Aunque tenemos que seguir trabajando, aunque es difícil, complejo, la solución la tenemos», aseguró Vilaragut.
Papelería y otros trámites
Los diputados de las comisiones parlamentarias de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, y de Industria, Construcciones y Energía analizaron además un grupo de problemas relativos a los trámites de la población, entre ellos, la violación de los términos para la inscripción en el Registro de la Propiedad de terrenos destinados a la construcción por esfuerzo propio.
También abordaron la no existencia de normativas para legalizar terrenos en zonas rurales, lo cual impide otorgar subsidios a personas que clasifican para ello o entregar parcelas para que se construya por esfuerzo propio.
Un ejemplo al respecto está en familias que fueron afectadas por derrumbes totales del huracán Dennis en el año 2005 y que viven en facilidades temporales, las que, al no reunir requisitos de habitabilidad, y no disponer de determinadas documentaciones, están impedidos de acceder a subsidios o a construir por esfuerzo propio.
Sobre la «permisología» que debe cumplir la población, las normativas que no favorecen un mayor impulso a la construcción por esfuerzo propio y la entrega de solares yermos, entre otras limitaciones, el diputado José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, refirió que habrá de hacerse un esfuerzo para destrabar estos obstáculos y facilitar las soluciones habitacionales con participación de la población.
