Consulta popular, derecho y deber

Modificaciones en la definición de los derechos individuales, mayor claridad en las formas de propiedad y los posibles cambios en la estructura del Estado suscitan debate en los análisis del Proyecto de Constitución de la República, a los que JR da seguimiento desde diferentes territorios del país

Autores:

Roberto Díaz Martorell
Laura Brunet Portela

En las afueras de la sede de la Unión de Juristas en Cienfuegos ya sesionaba la primera reunión de consulta popular del Proyecto de Constitución de la República de Cuba, mucho antes de que dieran apertura al espacio de manera oficial.

Abogados de bufetes colectivos y juristas hojeaban el documento en un último repaso a lo que llamaba su atención para participar conscientemente del ejercicio democrático que reformará la Carta Magna. Apuntes a pie de página, al dorso, notas apresuradas escritas sobre las piernas o con el apoyo de una pared confirmaron la lectura previa del documento. Cada ciudadano presente obtuvo una copia del texto en caso de no tenerlo, de manera que el debate fluyera organizada y eficientemente.

El intercambio transcurrió con la asesoría de funcionarios del Partido y de Fidel Raúl Jiménez, presidente de la Unión de Juristas en el territorio. Los primeros planteamientos destacaron la importancia de involucrar al pueblo en este proceso sociopolítico y resaltaron que la ciudadanía no tiene conocimiento pleno de sus derechos y deberes, y hacia allí también apuntan estas asambleas.

El profesor y jurista Jorge Luis Delgado, en el título referido a los Fundamentos Económicos, artículo 21, inciso d, sobre el reconocimiento de las formas de propiedad, consideró prudente que se aluda a las organizaciones políticas y de masas reconocidas oficialmente, «para que no haya ningún equivocado que crea hallar aquí una brecha», manifestó.

El artículo siguiente del propio apartado suscitó varias opiniones entre los participantes por ser «el más abierto a interpretaciones», así lo calificó el joven Carlos Manuel Alfonso. Provocó su incertidumbre la enunciación de «límites compatibles con los valores socialistas de equidad y justicia social» en cuanto a la concentración de la propiedad en personas naturales o jurídicas no estatales, según se explicita en el texto.

En este sentido, Carlos Manuel pidió que constaran en acta las siguientes interrogantes: «¿Cuáles son esos límites? ¿Cuál es la norma secundaria que va a regularlos?».

Si bien ciertos temas del Proyecto de Constitución no motivaron muchos criterios, los derechos, deberes y garantías acapararon casi toda la tarde. Identificados con tales disposiciones, los operadores del derecho en Cienfuegos propusieron varias modificaciones en este título.

Luis Jorge Sarría, ya experimentado en la labor, hizo referencia a lo que él reconoce como la máxima aspiración de su sector. Sobre el inciso f, del artículo 48, apuntó la necesidad de que quede inscrito como un derecho individual recibir asistencia jurídica para ejercer su defensa desde el momento de la detención.

Asimismo, Roberto Fernández Acea puntualizó que la disposición de un abogado tarda demasiado, pues entre los procesos que ejecuta la policía, el instructor y el fiscal transcurren diez días. Además aclaró que el término asistencia jurídica resulta demasiado amplio, cuando debiera referirse a los servicios de un letrado.

El auditorio concordó en agregar al artículo 48 que «lo primero que debiera promoverse es la reclamación de los derechos civiles, patrimoniales y familiares con la debida representación procesal», declaró Juana Gudelia Rodríguez.

Carlos Manuel Alfonso fue voz líder en diversos temas. Mostró marcado interés en la estructura del Estado que se propone y en el rol del Presidente y Vicepresidente de la República. Consideró funcional la organización actual, además de proponer más reuniones de los actores de las provincias y mayor dinamismo en la propuesta de leyes y normas «para así no tener, por ejemplo, un Código de Familia tan longevo. Un escalón más no hace bien, es burocratizar más la sociedad».

«Luz» en el debate

Los trabajadores de la empresa eléctrica en Isla de la Juventud desarrollaron con éxito la primera de las 1 151 consultas populares del Proyecto de Constitución de la República de Cuba previstas en este Municipio Especial —como en el resto del país— hasta el 15 de noviembre próximo.

En el encuentro, al que asistieron directivos de la entidad, especialistas, obreros y las autoridades locales, se propusieron siete modificaciones al documento y se aclaró una duda, al tiempo que los participantes respaldaron mayoritariamente el nuevo Proyecto, tras escuchar las notas del Himno Nacional y la instrucción. La joven Adria Duvergel se refirió a la obligatoriedad de los niños, adolescentes y jóvenes de estudiar; «sin embargo, no se habla en ese mismo tono obligatorio sobre el trabajo».

En ese sentido, Yosvany Hernández, subrayó que se debería implementar una diferenciación para recibir los beneficios de la Revolución socialista entre aquellos que aportan y los que no. «Existen personas que viven de remesas u otros ingresos, eso es válido, pero no pueden estar en igualdad de condiciones con los que trabajan», sugirió.

Otro tema que promovió la discusión estuvo relacionado con el título III (Presidente y Vicepresidente de la República), en el que Ramón Duvergel sugirió que la persona elegida como Presidente, tras cumplir sus mandatos establecidos, pueda volver a ser elegible si sus resultados y capacidad lo amerita.

«Sugiero que no se limite a los dos mandatos y ya, que no sea de manera consecutiva más de ese lapso, pero que si la persona tiene la capacidad y los méritos pueda volver a ser Presidente en otro período», detalló.

Por su parte, Manuel Cabrera propuso mayor flexibilidad en la edad del retiro. «Existen profesiones en las que se puede llegar a los 65 años sin dificultades, pero en otras de mayor carga física como la mecánica, la mía, ya a los 60 nos pesa mucho la caja de herramientas», comentó.

Al concluir el debate, Liván Fuentes, vicepresidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, reconoció la calidad de las intervenciones, al tiempo que recordó que «este ejercicio de democracia contribuirá a lograr una Constitución atemperada a nuestros tiempos y a los principios del socialismo cubano».

 

Dudas que se aclaran

 

Lo relativo a las nuevas figuras del Presidente y Vicepresidente de la República, reflejadas en el articulado del Proyecto de Constitución, fue de los aspectos más analizados en una reunión vecinal en el habanero reparto Kohly.

Según reporta la Agencia Cubana de Noticias (ACN), en la primera asamblea de la zona 10, perteneciente al consejo popular 7 Ceiba Kohly, la duda expresada por el vecino Enrique Ávila estuvo relacionada con la existencia de dichas figuras, además de las de Presidente y Vicepresidente del Consejo de Estado.

Al esclarecer el aspecto ante poco menos de un centenar de vecinos congregados en la reunión de consulta popular, Ivette Almeida, integrante del dúo que guio los debates, apuntó que el Presidente y Vicepresidente de la República son dos nuevas figuras instituidas en la propuesta de Carta Magna, como se recoge en su artículo 104.

Añadió que en el caso del Consejo de Estado la novedad es que su presidente, vicepresidente y secretario, lo son también de la Asamblea Nacional del Poder Popular, de la cual es su órgano permanente.

También, vecino de la zona, el diputado y Héroe de la República de Cuba Arnaldo Tamayo, valoró que se trata de «cambios fuertes», y que quedan bien pautados en la letra de la nueva Ley de leyes la división de funciones y facultades de las figuras y los órganos estales y gubernamentales correspondientes.

Javier Baró, por su parte, opinó que debía llegar a 70 años la edad límite para ser electo presidente de la República, en vez de 60 años de edad, como propone el Proyecto constitucional, que será debatido en todo el país hasta el 15 de noviembre próximo.

Otra de las inquietudes de los participantes en la reunión —reseña la ACN— se evidenció en el título VIII, vinculado con los órganos locales del Poder Popular y a la propuesta de eliminar las asambleas provinciales y su órgano de administración y establecer, en su lugar, un gobierno provincial.

En materia de Fundamentos Políticos, recogidos en el título I de la Carta Magna, el ciudadano Senén Casas opinó que en el artículo 11 se debe agregar que el Estado ejerce su soberanía también sobre el ciberespacio, al ser un área de máxima importancia, además de las expuestas en el propio apartado, como los recursos naturales.

La vecina Karina Soto intervino para solicitar «que quede claro que la educación y la salud son derechos gratuitos y universales en toda su extensión», pues a su juicio, en el artículo 83 del Proyecto de Constitución queda ambiguo en cuanto expresa que «la ley define el modo en que los servicios de salud se prestan».

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