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Mejor gestión y control de la producción industrial de alimentos y bebidas, y disponer de un registro para los productores de estos artículos, son los propósitos fundamentales de la Política para la Producción Industrial de Alimentos y Bebidas que, aprobada en enero de 2019 y con respaldo legal en el Decreto No. 22 y otras normas jurídicas, entra en vigor a partir de este jueves, como parte del proceso de implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución.
Yanoski Calderín González, viceministro de la Industria Alimentaria (Minal), precisó en conferencia de prensa que esta Política contribuirá además a lograr un mejor manejo de la cantidad, la calidad y la inocuidad de los alimentos y bebidas en el país.
«El desarrollo de esta Política es prioridad del Gobierno cubano, a partir de la cual, y como se realiza a diario, se enfrentarán las ilegalidades y las indisciplinas sociales asociadas a esta actividad», agregó y recalcó que la participación del sector no estatal en la cadena de valor es reconocida y considerada vital para el progreso de la nación.
Gilda Dieppa Sanabria, jefa del Departamento Independiente de Asesoría Jurídica del Minal, explicó que el ordenamiento legislativo de esta Política define los principios de la actividad, los sujetos de aplicación, las atribuciones del Minal como órgano rector, las acciones relacionadas (fabricación, almacenamiento, transportación, regulación y control de alimentos, bebidas y sus insumos), así como establece las categorías de los productores y la clasificación de las fábricas de acuerdo con la fuerza de trabajo empleada y la capacidad diaria de producción.
«El Registro Nacional de Productores de Alimentos y Bebidas tendrá alcance nacional y nace sobre la base de la informatización, pues la solicitud para su inscripción se realiza de manera electrónica. Por ese mecanismo se comunicará la aceptación o no de la solicitud en el término de 60 días y el otorgamiento, en caso positivo, del Permiso Provisional por un año o seis meses si no se cuenta con la Licencia Sanitaria.
«Las licencias se otorgarán para la obtención de alimentos y bebidas, además de una licencia especial para la producción del ron cubano de exportación, para lo cual es indispensable solicitar el Sello de Garantía Nacional de Procedencia», acotó.
Dieppa Sanabria especificó que la inspección, el control y la fiscalización a la Política la realiza la Oficina Nacional de Inspección Estatal, sin perjuicio de otros inspectores facultados para ello.
«El ordenamiento legislativo contempla, además, un régimen de contravenciones que incluye desde multas con cuantías entre mil y 1 500 pesos hasta la paralización de la producción,
independientemente de otras medidas accesorias, entre las que se encuentra la suspensión, cancelación o limitación de la licencia otorgada, así como otras medidas que, con pleno uso de sus facultades, imponga otra autoridad reguladora», subrayó Dieppa Sanabria.
Este régimen incluye las vías y recursos para elevar las inconformidades de los productores con las medidas impuestas, puntualizó.
Además del Decreto No. 22 y la Resolución No. 434 del Ministro de Justicia que aprueba la creación del Registro de Productores de alimentos y bebidas, el paquete de normas jurídicas incluye las resoluciones 106, 107 y 108 del Minal, que contienen los reglamentos referidos a estos temas.
