Acuse de recibo
En una encrucijada muy tensa, esperando una demolición que no llegaba, aparecieron aquí los capitalinos Ivonne Villegas Fernández y Hugo Díaz Báez, residentes en 9na. No. 28201, Apto. 2, entre 282 y 284, Santa Fe, Playa, el 15 de octubre pasado. En su misiva, se relataba que desde septiembre de 2015 andaba la pareja en gestiones ante las direcciones municipales de Vivienda (DMV) y de Planificación Física (DMPF) de Playa, para lograr el desmantelamiento de un carpoch ilegal construido 25 años atrás en el área común del edificio al que se habían mudado recientemente.
Intensa humedad en las paredes, moho, caída del repello, abofamiento y rajaduras eran las consecuencias que, según comentaban, padecía su vivienda, resultado del agua que cae del techo de la mencionada construcción ilegal.
Tras múltiples acciones, largas esperas e intercambios infructuosos con varias instituciones, el 12 de mayo de este año, dos inspectoras les entregaron una «obligación de hacer en 72 horas». Asimismo, apuntaban, estas «realizaron una visita a la encargada del edificio para comunicarle lo que se iba a ejecutar». Ella, evocaban, «se proyectó hacia las inspectoras con amenazas, palabras obscenas…».
El 15 de mayo, cuando se iba a ejecutar el desarme del carpoch, varios vecinos de los apartamentos 1, 5 y 6 se unieron en contra y hasta tuvieron que intervenir agentes del orden, rememoraban los lectores.
Cuatro días más tarde, el Vicepresidente del Consejo de la Administración Municipal (CAM) que atiende Construcción, aseveró a Ivonne y Hugo que el desmantelamiento se llevaría a cabo por el Grupo de Enfrentamiento, pero no dio fecha segura. Al escribirnos, los remitentes esperaban esa acción y, según afirmaban, ya habían tenido que acudir dos veces a la PNR, para denunciar amenazas de sus vecinos.
Hoy damos curso a otra versión de esta historia. La suscriben Asier Sardiñas Rodríguez (Apto. 1), Teresa López Najarro (Apto. 3), Belma Viera Fonseca (Apto. 4), Virgilio Castillo Morales (Apto. 5) y María de los Ángeles Solís (Apto. 6), habitantes de las otras cinco viviendas de la edificación.
Sostienen los residentes que la humedad y las consecuencias a que hicieron referencia Hugo e Ivonne —que no son privativas de su apartamento, sino que también afectan a otros del inmueble, e incluso de varios edificios de la localidad—, nada tienen que ver con el agua que salpica del carpoch de marras.
Aseguran los vecinos que, a principios de la década de 1990, cuando comenzó a presentarse dicha humedad, «consultamos a arquitectos e ingenieros civiles (…). Nos explicaron que ello era resultado de la capilaridad (subida de líquido del manto freático, que está a poca profundidad, atraído por los sólidos de los cimientos del edificio), y que evitarlo hubiese sido posible al concluir los cimientos y aplicarles varias cubiertas de un preservo especial (…), pero que (…), no habiéndose aplicado dicho preservo, ya no se podía evitar, solo remediarlo raspando y pintando cada cierto tiempo. (…) Y lo que nos recomendaron es lo que hemos venido haciendo».
Sobre lo contado en la primera misiva, los cinco remitentes aportan una visión bastante distinta. Narran que las dos inspectoras mencionadas le solicitaron el carné de identidad a la Presidenta de la Junta de Vecinos (que es su verdadero cargo y no «encargada»), y redactaron un documento que esta debía firmar, mientras le comunicaban que habían entregado a los residentes del Apto. 2 una obligación de demoler el carpoch. «La Presidenta les dijo que ellas en ningún momento se habían reunido previamente con la Junta ni con ella, y que la Junta (…) no estaba de acuerdo con lo que planteaban hacer, y que por tanto ella no les firmaría (ni firmó) ningún documento. Las inspectoras le entregaron una copia poco legible del documento que habían redactado a mano y se marcharon».
De igual forma, los lectores expresan que en ningún momento la Presidenta se dirigió de manera obscena o agresiva a las inspectoras.
Sobre el proceso interrumpido de la demolición el 15 de mayo, relatan que, abierto el carpoch en la mañana por el propio Hugo y habiendo comenzado este a sacar cosas del espacio hacia un carretón de caballos que había buscado, los hombres de los apartamentos 1 y 5 se dirigieron a él y le expresaron el desacuerdo de la Junta de Vecinos con esta acción. Además, tampoco entendían la legitimidad del procedimiento, según el cual era la propia supuesta víctima quien debía demoler.
«Ante la persistencia y la intransigencia de Hugo, quien se mantenía diciendo lo mismo, fueron los vecinos de los apartamentos 1 y 5, a nombre de la Junta (…), quienes llamaron por teléfono a la Unidad de la PNR». Y los agentes del orden, una vez oídas las partes y consultados a sus superiores, detuvieron la acción.
Entre otras refutaciones, los habitantes de la edificación se refieren a las amenazas de que, afirmaba la pareja, había sido víctima: «Lo referido, amén de incierto, es totalmente ridículo, y muy fácil de comprobar, pues ninguno de los vecinos de este edificio ha sido requerido o citado por la PNR, por tales supuestas amenazas».
Anexan a su carta los residentes una declaración firmada por quien fuera, entre 1983 y 2015, jefe de Actividad Jurídica en la Unión Nacional de Empresas Productoras de Piensos (UNEPP), primero, y después en la Unión de Empresas Combinado Avícola Nacional (UECAN), entidades a las que pertenecía el edificio. En este documento se explica que las instituciones señaladas aprobaron, en 1992, la construcción del carpoch en litigio, a solicitud de los habitantes del inmueble, para uso común de estos.
Urge que se pronuncien respecto a este caso las autoridades correspondientes del municipio.
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