Gobierno y ETA, a la mesa

Autor:

Luis Luque Álvarez

Zapatero está optimista. Aunque una cosa es deseos  otra, resultados. Foto: AP Ha llegado el buen momento en España, el del diálogo. Cuarenta y siete años de violencia y 851 muertos, eran un precio demasiado alto. El «antiterrorismo por cuenta propia» de anteriores gobiernos, signado por la guerra sucia, tampoco ofreció resultados.

Pero estos son otros tiempos. El cese el fuego proclamado por la organización separatista vasca ETA el 24 de marzo, ya implicaba un buen paso. Ahora, el anuncio del presidente del gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, de que se iniciarán conversaciones con el grupo armado, arraiga aún más la esperanza.

¿Por qué se produce el anuncio en este instante? Porque las autoridades han podido verificar el cumplimiento estricto de la tregua desde marzo. No ha habido atentados, ni actos de kale borroka (violencia callejera), ni extorsiones a empresarios. Así, en correspondencia con el mandato del Congreso de los Diputados en mayo de 2005, respecto a que se confirmara un alto en las hostilidades, Zapatero ha dado luz verde a un proceso que calificó de «largo, duro y difícil».

Para ello contará con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, menos el conservador Partido Popular (PP). El jefe de esta formación, Mariano Rajoy, ha dicho que no se cumplen los requisitos para el diálogo, entre ellos la autodisolución de ETA, un verdadero enredillo, pues precisamente eso es lo que se persigue como meta de las conversaciones. ¿Cómo plantearlo como punto de arrancada?

En principio, el proceso asume dos sendas: una, el intercambio directo entre el gobierno y la organización armada, y otra, la constitución de una mesa de diálogo entre las fuerzas políticas vascas, entre ellas el Partido Nacionalista Vasco (al frente del gobierno autonómico), el Partido Socialista de Euskadi, y el independentista de izquierda Batasuna, ilegalizado desde 2003 y sindicado como brazo político de ETA. Su participación es otro de los escollos que escandaliza al PP, pero inobjetablemente es representativo de un sector social, y debe escuchársele si se desea un acuerdo inclusivo, una paz sólida.

A pesar de los malos pronósticos de la derecha, que acusa de debilidad al gobierno, Zapatero definió categóricamente un principio: «Las cuestiones políticas solo se resuelven con los representantes legítimos de la voluntad popular». En otras palabras, que con la organización separatista solo se hablará de temas como el desarme y la situación de los presos etarras, muchos de ellos encarcelados en lugares muy lejanos de sus familiares. Otros asuntos, como el objetivo tradicional de ETA: la independencia de lo que denominan Euskal Herria —Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra y el País Vasco Francés—, no serán aspectos de debate en esa instancia.

Para hablar del estatus de Euskadi estaría la mesa de partidos. A tenor de ello, en su declaración, Zapatero precisó que «el gobierno respetará las decisiones de los ciudadanos vascos que adopten libremente (sic)», lo que pudiera interpretarse como un «dejar hacer», no siempre consecuente con el resultado final. Un ejemplo: el gobernante había comprometido su visto bueno al Estatuto de Autonomía emanado del Parlamento catalán en septiembre pasado, pero de ese texto a lo que finalmente aprobó el Congreso de los Diputados, realmente iba un buen trecho.

En ese caso, la Constitución Española de 1978 hizo notar los límites del original. Y ahora también podría hacerlo.

De momento, la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, ha solicitado a la prensa «paciencia y confianza» ante un proceso que se caracterizará, evidentemente, por su discreción. Está previsto que, en septiembre, el Ministro del Interior informe a todos los grupos parlamentarios sobre la marcha de las pláticas.

Hasta ese entonces, mejor mostrar cautela y arrimar buenos deseos.

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