Presidente de Perú puede terminar como Sánchez de Lozada - Internacionales

Presidente de Perú puede terminar como Sánchez de Lozada

Su luz verde a la represión le puede acarrear problemas, pues insiste en autorizar el uso de las armas contra las protestas

Autor:

Juventud Rebelde

La «mano dura» de Alan García le puede deparar un final indeseado.

Lima, julio 23.— El presidente de Perú, Alan García, puede terminar como el ex mandatario de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada si insiste en autorizar el uso de las armas contra las protestas, advirtió el lunes un conocido periodista peruano, informó PL.

La dura advertencia del comentarista radial César Hildebrandt coincidió con crecientes críticas a normas gubernamentales de orden público, como la que exime de responsabilidad penal a militares y policías que maten o hieran personas «en cumplimiento de su deber».

El periodista recordó que Sánchez de Lozada, llamado caricaturescamente «Goni», fue obligado a renunciar en octubre de 2003 por una rebelión ciudadana, debido a que ordenó a las fuerzas armadas disparar contra manifestaciones populares de protesta, con un saldo de más de 70 muertos.

Agregó que el decreto anunciado ayer, que exonera de juicios a los uniformados que den muerte o hieran a manifestantes, equivale a ordenar a las tropas que disparen a discreción, lo que puede derivar en un alto número de víctimas.

Hildebrandt aseveró que esa situación puede derivar en una parecida a la ocurrida en Bolivia en 2003, y señaló que nadie desea que eso suceda, por lo que el presidente Alan García debe recapacitar y dejar sin efecto la virtual carta blanca a las tropas para que disparen al pueblo.

La norma fue anunciada tras una serie de grandes protestas sociales que en las últimas semanas asediaron al gobierno, cuyo respaldo ciudadano ha descendido aceleradamente hasta llegar a 24 por ciento de aprobación, según una encuesta privada.

La discutida medida fue incluida por el gobierno en un paquete legislativo contra el narcotráfico, el terrorismo, el pandillaje y el crimen organizado, que dictó en uso de facultades legislativas que le otorgó el Congreso.

Entre las medidas aprobadas ayer se incluye igualmente la inhabilitación y la cárcel para prefectos (gobernadores) regionales, alcaldes y otros funcionarios que participen en huelgas con fines de coacción oficialmente tipificados como extorsión.

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