Los cuatro abogados del Apocalipsis

Harriet Miers, John Bellinger, Alberto Gonzales y David Addington tomaron parte de las discusiones con la CIA , entre 2003 y 2005, sobre la eliminación de los videos de torturas a detenidos

Autor:

Juventud Rebelde

Harriet E. Miers, integrante de larga data del equipo de los texanos confidentes de George W. Bush, llegó a la Casa Blanca como consejera judicial, cargo que ocupó hasta octubre de 2005, cuando fue nominada para la Corte Suprema, pero el Congreso no le dio su visto bueno, así que retornó calladamente al servicio de su jefe hasta enero de 2007, en que se convirtió en una de las primeras figuras de la banda en renunciar y, oportunamente, desaparecer de la vista pública. Solo que su nombre saltó de inmediato en el caso de los fiscales despedidos por motivos políticos; también entonces la Miers se negó a comparecer ante el comité judicial de la Cámara, protegiéndose tras el privilegio ejecutivo de no responder preguntas. 

David S. Addington fue consejero del vicepresidente Dick Cheney y actual jefe de staff del tenebroso personaje que está detrás del trono casablanquino, y se considera uno de los principales hacedores de la política neoconservadora que ha llevado a las guerras actuales de Estados Unidos, y si por él fuera ya estarían desde hace rato atacando también a Irán.

Alberto R. Gonzales, también acompaña a Bush desde Texas, fue su consejero general y en la Casa Blanca el jefe de los consejeros. Luego se convirtió en el Fiscal General. Su mandato al frente del Departamento de Justicia concluyó por el escándalo de los despidos de los fiscales, y su delito de perjurio durante esas audiencias. No puede olvidarse que fue Gonzales uno de los personajes detrás de los manuales para el interrogatorio de los «combatientes enemigos», y menos aún que desde su cargo de fiscal general —al que se vio obligado a renunciar el pasado agosto— continuó actuando como un agente de la Casa Blanca de bushiana.

John B. Bellinger III ejerció hasta enero de 2005 como abogado principal del Consejo de Seguridad Nacional. Este solo dato avala cómo puede estar de involucrado en las triquiñuelas jurídicas del ejecutivo estadounidense, y cuánto puede saber de las prerrogativas y exenciones otorgadas a la CIA y a otras instituciones relacionadas con la agresiva política de EE.UU. bajo el mandato de George W. Bush.

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