Ley antiinmigrante provoca reacciones en Estados Unidos

Decenas de miles de personas marcharon por las principales calles del país en ocasión del Día Internacional de los Trabajadores, para exigir la derogación de la normativa

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Prensa Latina

WASHINGTON, mayo 2._ La ley antiinmigrante firmada por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, dejó de ser un asunto estatal para convertirse en tema de debate nacional en Estados Unidos.

La víspera, decenas de miles de personas marcharon por las principales calles del país en ocasión del Día Internacional de los Trabajadores, para exigir la derogación de la normativa.

Pero los reclamos van más allá de eliminar la normativa de Arizona.

La ley reavivó el debate, y dio nuevos bríos a las exigencias de millones de inmigrantes que abogan por legalizar a sus hermanos, padres, amigos, o simplemente coterráneos.

Cerca de 13 millones de personas viven al margen de la ley en Estados Unidos por no tener en orden su estatus migratorio.

La falta de papeles los confina a aceptar miserias por su fuerza de trabajo, o los obliga a permanecer callados ante abusos que van, desde la explotación laboral, hasta la violencia expresa.

Y los inmigrantes decidieron recordar al presidente Barack Obama sus promesas de aprobar una reforma que haga sus vidas más fáciles.

Pancartas en mano, algunos les gritan desde Nueva York, Chicago, Denver, San Francisco, Los Ángeles, que el voto latino fue decisivo en su victoria en las últimas elecciones.

Los activistas pro inmigrantes y defensores de los derechos civiles rechazan la ley 1070 por considerarla racista y discriminatoria.

Según su lógica, la policía realizará detenciones en base a perfiles raciales, y someterá a humillaciones a miles de personas que residen legalmente en el país sólo por su color.

Los latinos, que representan casi la cuarta parte de la población estatal, se quejan de que verán incrementar los abusos en su contra.

Y es que la normativa obliga a los policías a detener, interrogar y tratar como a criminales a toda persona de la que se tengan «dudas razonables» sobre su estatus migratorio.

Pero pese al rechazo, y a las evidentes pérdidas reportadas por Arizona debido a un boicot comercial al que llamaron los manifestantes, las encuestas sugieren que la ley cuenta con respaldo mayoritario.

Recientes sondeos señalan que el 60 por ciento de la población local favorece la decisión de Brewer.

Analistas explican que es mucho el miedo a la violencia generada por el narcotráfico procedente de México, y que las personas las toman con ciudadanos inocentes.

La policía o las fuerzas federales no pueden contener el tráfico ilegal por la frontera, los crímenes asociados a la droga aumentan, y los ciudadanos de Arizona ven culpables a los latinos.

No vamos a tolerarlo más, advirtió a la prensa recientemente el alguacil del condado Pinal, Paul Babeu.

Uno de los hombres de Babeu murió el pasado 30 de abril en un tiroteo con narcotraficantes cuando patrullaba un corredor migratorio.

El alguacil se siente amparado en su razón entonces cuando señala que, si detienen a los ilegales, cesarán los ataques, los tiroteos, las invasiones de domicilio, los secuestros y demás crímenes violentos.

Sin embargo, quienes marchan en las afueras del Capitolio estatal les recuerdan a sus conciudadanos que sobre ellos también se construyó el estado.

En ese sentido, argumentan que Arizona se desarrolló sobre la base de esfuerzo inmigrante, en la agricultura, la construcción, el turismo, principales motores económicos de la región, además de la minería.

Más allá de las fronteras estatales el argumento se repite en las voces de quienes gritan al país que la mano de obra extranjera edificó la nación, desde los exiliados británicos, los asiáticos, hasta los latinos.

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