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El Ministerio de Gobierno de Bolivia confirmó este martes en un comunicado que bajo ninguna circunstancia permitirá la restricción de servicios básicos reconocidos como derechos humanos en la Constitución Política del Estado, informó Prensa Latina.
El Ejecutivo respondió así a la toma de una hidroeléctrica por parte de dirigentes de la Central Agraria Campesina Sector Zongo (La Paz), acción que la víspera afectó el normal suministro del servicio a cuatro ciudades del país.
Frente al hecho, el viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, y un contingente de 160 efectivos policiales viajaron a esa región para garantizar el funcionamiento de las generadoras, administradas por la Compañía Boliviana de Energía Eléctrica (COBEE).
El corte de servicios básicos constituye un delito grave, por lo que se tomarán las acciones pertinentes para sancionar a los responsables de cualquier medida contraria a los intereses de la población, puntualizó el comunicado.
La toma de la planta perjudicó por horas a las poblaciones de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz.
Los campesinos exigen compensaciones económicas por supuestos daños causados por COBEE a los pescadores de la zona, el pago de regalías por la explotación de las fuentes de agua, nuevas escuelas, caminos y obras para las cinco comunidades.
