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Entre abril y junio últimos, miles de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico fueron a la huelga para oponerse al incremento de precios de las matrículas entre otras medidas anunciadas. Autor: Juventud Rebelde Publicado: 21/09/2017 | 05:04 pm
El Gobierno puertorriqueño intensificó este miércoles la ocupación policial de la más grande universidad del país con el objetivo de impedir la ejecución de una huelga anunciada el lunes en contra del pago de una cuota de 800 dólares por la matrícula, publica Telesur en su sitio web.
La medida, impuesta por las autoridades de la institución con el respaldo gubernamental, significa más de 300 por ciento de aumento con respecto al costo de la matrícula actual.
Los diarios locales señalaron que en la sede de la Universidad de Puerto Rico (UPR), ubicada en Río Piedras (en San Juan, la capital del país ) se encuentran aproximadamente 300 agentes con armas automáticas, incluidas las de tipo Uzi, de fabricación israelí, que mantienen fuertes medidas de seguridad para impedir el paro indefinido de los universitarios.
Aunque la medida ha sido criticada por los manifestantes, que señalan que en los últimos 30 años los uniformados no entraban al recinto estudiantil, la ocupación fue aprobada por el gobernador, Luis Fortuño, quien señaló que el acto es en «prevención» ante la ola criminal que azota a la isla.
«Es una policía que no violentará a nadie y que practica la política de no confrontación», destacó el dirigente.
Sin embargo, pese a lo que fue considerado por los estudiantes como una amenaza armamentista, se inició hoy el segundo día consecutivo de protestas, con las que además se exige al Gobierno una universidad estable, accesible y libre de presencia policíaca, dijeron los manifestantes.
Ante los acontecimientos, el Partido Revolucionario de los Trabajadores Puertorriqueños (PRTP-Macheteros) hizo un llamado a la resistencia «contra los intentos de la clase dominante de excluir a la mayoría de estudiar en la UPR».
«Si llega a aprobarse la cuota de 800 dólares que se quiere imponer a partir de enero, se impedirá el acceso de unos diez mil alumnos a la institución», afirmó el grupo político.
La posición fue apoyada por la líder estudiantil, Adriana Mulero, quien ratificó la posición de los manifestantes de «expresarse sin importar las sanciones a las que se exponen».
Los manifestantes también criticaron la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico de calificar la huelga como ilegal, y además, refutaron que las autoridades universitarias prohibieran la realización de toda actividad pública, inclusive las artísticas.
En este sentido, el estudiante doctoral Carlos Poventud, quien fue arrestado en la madrugada por presuntamente violentar las normas de la UPR al intentar manifestarse en uno de los portones de acceso al recinto, subrayó que el objetivo de este acto es «crearle un problema al Gobierno batallando pacíficamente».
Asimismo, otro grupo de alumnos, profesores, empleados exentos no docentes y miembros de la comunidad sindical, también protestaron en una avenida frente a Plaza Universitaria.
Hasta el momento, la imposición de la cuota especial de 800 dólares todavía no ha podido ser justificada por la administración de la UPR. Los estudiantes han repudiado la medida y señalan que la institución requiere una mejor administración de sus recursos.
