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Diario de El Paso: Arenas movedizas

La Jueza Kathleen Cardone no permitió que este jueves testificara el inspector cubano, Roberto Hernández Caballero y suspendió el caso del terrorista Luis Posada Carriles hasta el martes de la semana que viene

Autor:

José Pertierra

Febrero 10 de 2011. El Paso, Texas. La Jueza Kathleen Cardone no permitió que este jueves testificara el inspector cubano, Roberto Hernández Caballero y suspendió el caso de Luis Posada Carriles hasta el martes de la semana que viene.  El abogado de Luis Posada Carriles puso una nueva traba. Antes de que el fiscal Timothy J. Reardon reanudara el interrogatorio del testigo cubano, el defensor de Posada presentó dos peticiones: una para obligar a la fiscalía a que le entregue más  documentación “exculpatoria” sobre su cliente, y otra moción para desestimar el caso.

Lo que encontró «JERNANDEZ» entre sus papeles de anoche

«Anoche descubrí en mi carpeta dos informes desclasificados del FBI que me había dado la fiscalía en vísperas del inicio de este juicio», le dijo al tribunal en voz altísima Arturo Hernández a primera hora en la mañana.  El abogado, quien prefiere que lo llamen  Jernandez, le dijo a la Jueza Kathleen Cardone, «no me había dado ni cuenta, porque mi mente había estado enfocada en otra cosa: pero me encontré los documentos anoche».

Con bombos y platillos, Jernández entonces anunció que los documentos que descubrió anoche entre sus papeles son un Informe del FBI fechado el 25 de septiembre de 1997, y otro que data del 18 de noviembre de 2004.  Ambos, dice él, corroboran la inocencia de Luis Posada Carriles.

La fiscalía los tenía, están obligados a copiárselos a la defensa, y se tardaron demasiado tiempo en hacerlo, argumentó.  Dijo que el Informe del 2004 cuenta que el FBI le avisó a Luis Posada Carriles que existían planes de la Dirección General de Inteligencia (DGI) cubana para asesinarlo.  El Informe está fechado menos de tres meses después de que la ex Presidente de Panamá lo indultara el 26 de agosto de 2004.

Posada había sido condenado por delitos relacionados con un atentado contra el Presidente Fidel Castro en el año 2000.  El plan incluía hacer explotar 9 kilos de explosivo C-4 en el paraninfo de la Universidad de Panamá, que en ese momento hubiera estado repleto de estudiantes universitarios.

Después de que la ex Presidente Mireya Moscoso lo liberó, Posada Carriles se fue a vivir en la clandestinidad hasta reaparecer en marzo de 2005 en Miami.  Jernandez no reveló donde fue que el FBI se encontró con Posada Carriles para avisarle de la supuesta amenaza.  Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional el indulto que le concedió Mireya Moscoso a Posada Carriles.

El segundo Informe del FBI, que se encontró Jernandez entre sus papeles anoche, fue redactado exactamente tres semanas después del asesinato de Fabio Di Celmo el 4 de septiembre de 1997. El abogado aseguró que el documento hace referencia a una “fuente de inteligencia” que le contó al FBI que el Ministerio del Interior (MININT) cubano y el Ministerio de las Fuerzas Armadas (MINFAR) eran los responsables de las bombas que habían explotado en La Habana durante ese año.

«El MININT y el MINFAR hicieron esto para culpar a Posada Carriles por la rebelión», dijo Jernandez fingiendo una gran indignación.

Las acusaciones contra el inspector cubano

«Pero hay más», dijo seriamente el abogado de Posada Carriles. «Me he enterado de que el testigo de ayer, Roberto Hernández Caballero, admitió anteriormente ser un agente de la DGI».  Jernandez dijo que él no se había dado cuenta de eso, porque la fiscalía no compartió con la defensa las transcripciones del testimonio que ofreció Hernández Caballero en otros casos en los Estados Unidos.

Yo no sé si Hernández Caballero es de la contrainteligencia cubana, ni creo que eso importe.  Estoy seguro de que si le preguntan, él nos dirá.  Hasta ahora nadie se le ha ocurrido preguntarle.  Sé que es un teniente coronel del Ministerio del Interior.  Lo ha dicho públicamente en reiteradas ocasiones.  Me parece lógico que la investigación de una campaña terrorista en el que peligra la seguridad nacional de un Estado sea asignada a una institución como el MININT. ¿No haría lo mismo cualquier país del mundo, incluyendo los Estados Unidos?  ¿Qué piensa Art Jernández?  ¿Qué fue solamente la policía municipal de la ciudad de Nueva York la que investigó los ataques terroristas de Al-Qaeda contra las Torres Gemelas?

El defensor de Posada Carriles alegó, sin demostrarlo, que el inspector cubano había falsificado evidencia en otros casos: el de las tres personas que fueron acusadas de secuestrar un avión cubano en 1996 y que fueron absueltos por un tribunal en Tampa el año siguiente.  Estas tres personas se llaman José Roberto Bello, Leonardo Reyes Rámirez y Adel Given Ulloa.  A pesar de ser completamente bilingüe, a veces se le traba la lengua al abogado de Posada.  Los llamó “Jousei Belo, Lionahdo Ueyes y Ahdehl Guiven Iuloa”.

Documentos Brady

«Su Señoría», dijo Jernandez casi gritando, «en este momento yo pido que usted desestime este caso completamente, porque el gobierno se demoró demasiado para compartir conmigo la evidencia Brady».  Documentos Brady son aquellos pertinentes al caso que tiene la fiscalía y que potencialmente pudiesen exculpar al acusado. Les dicen documentos Brady por un caso en el cual la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que no compartirlos con la defensa es una violación del derecho de debido proceso del acusado.

Reardon: «Los argumentos de Hernández son ridículos»

Cuando le tocó responder al fiscal Timothy J. Reardon, él se levantó de su asiento como movido por un resorte, tomó sus papeles y se acercó al podio.  Comenzó su respuesta en una voz solemne y baja.  «Vine esta mañana para reanudar el testimonio de Roberto Hernández Caballero, y me he encontrando con este docudrama que en nada se parece a los hechos de este caso», dijo, gesticulando hacia donde estaba sentado el defensor de Posada Carriles.

«La actuación de este abogado hoy día merece un Oscar», afirmó Reardon.  ”Usando un tono de desesperación insolente, candente y fanfarrón, el Señor Hernández ha lanzado declaraciones falsas, tras declaraciones falsas, tras más declaraciones falsas”, expresó el fiscal con su cara enrojecida de furia.

«Los argumentos de esta mañana son ridículos», dijo Reardon. «Son parte de su estrategia de presentar siempre algo al último momento para poder acercársele al podio y lanzar acusaciones descabelladas», y apuntó vigorosamente a Art Jernandez el veterano fiscal, quien da la impresión que ha visto varios docudramas en su vida.

«No existe ninguna evidencia de que Roberto Hernández Caballero haya falsificado evidencia», dijo Reardon. «El abogado defensor le habla a una audiencia más amplia que este tribunal», expresó Reardon.  Una evidente alusión a la comunidad cubanoestadounidense de Miami.«El está equivocado sobre la ley y sobre los hechos. La Corte debiese reconocer que esto es nada más que una estrategia y hacerle frente como tal», continuó imperturbable el fiscal.

La Jueza Cardone interrumpió a Reardon, en ese momento, y le dijo: «Tengo ante mi una moción que alega que Roberto Hernández Caballero es un agente del DGI y que esa información no se compartió con la defensa.  También tengo que decidir este asunto que el gobierno tiene documentos de ciertas quejas que el Señor Hernández Caballero ha falsificado evidencia en otras ocasiones.  Tengo que decidir que hacer con esto».

La fuente de las quejas contra el inspector cubano

Las supuestas “quejas” de que el testigo cubano ha falsificado evidencia vienen de un abogado en Tampa que representó a Adel Ulloa, uno de los acusados de secuestrar un avión cubano en 1996.  Una moción que el defensor de Posada Carriles presentó por escrito pocas horas antes del inicio de la vista judicial de hoy, dice que se comunicó ayer con el abogado de Ulloa en Tampa, y que ese abogado le dijo que Cuba falsificó evidencia en el caso Ulloa y que tiene evidencias de que pudiese impugnar a Hernández Caballero, pero que «por razones de seguridad nacional no la puede divulgar ahora».

El escrito de los abogados de Posada Carriles no identifica al abogado.  Sin embargo, el historial legal del caso Ulloa está en el sistema electrónico de la corte federal bajo el número de expediente 2:96-cr-0007.  El único abogado que Ulloa contrató (los otros eran abogados de oficio) es un tal Rafael E. Fernández de Tampa.  Este abogado le escribió una carta fechada el 12 de diciembre de 1997 a un congresista, quejándose de que Hernández Caballero es «un experto de la contra inteligencia cubana que tortura a los elementos disidentes y anti-Castro en Villa Marista».

Fernández es también el autor de un informe fechado el 22 de enero de 2003.  ”Fidel Castro es un terrorista”, plantea el informe como principal premisa para llegar a la conclusión de que Cuba es un estado terrorista involucrado en el narcotráfico.  El abogado de Tampa no proporcionó ninguna evidencia en su carta de 1997 al congresista, que pudiera corroborar las acusaciones contra Hernández Caballero, y tampoco Art Jernandez ofreció alguna evidencia esta mañana.  Solamente dijo que su amigo de Tampa no puede divulgarla.  Por eso no sabemos si la fuente de las acusaciones del abogado defensor de Posada está podrida.

¿Tiene carne el hueso?

«Las acusaciones del abogado de Posada Carriles están construidas sobre arenas movedizas», dijo el fiscal Timothy J. Reardon en reacción a las imputaciones sin fundamentos que planteó Art Jernández ante el tribunal.  «No sé si estas alegaciones de la defensa tienen carne y quiero hacer lo correcto», le dijo la Jueza Cardone a los litigantes.

Ordenó que ambos presentaran sus argumentos por escrito, y postergó el caso hasta después del Día de los Enamorados.  El martes 15 de febrero a las 8:30 de la mañana reabre el Tribunal. Ya les contaré.

*José Pertierra es abogado y tiene su bufete en Washington DC. Representa al gobierno de Venezuela en el caso de extradición de Luis Posada Carriles.

Tomado de cubadebate

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