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LISBOA, mayo 4.— Portugal ha empezado a conocer este miércoles los ajustes y reformas que debe adoptar en los próximos tres años a cambio de recibir ayuda externa, y que cuentan con la oposición encarnizada de los sectores de izquierda, así como la defensa a ultranza del Gobierno luso, reportó EFE.
El memorando acordado por la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) con las autoridades portuguesas recoge una batería de medidas encaminadas a privatizar, recortar el gasto público y liberalizar el mercado laboral como contrapartida por los 78 000 millones de euros en que está valorado el rescate del país.
El acuerdo alcanzado entre las tres entidades tiene por objetivo fundamental reducir el déficit público luso a un tercio del actual en 2013 (hasta el tres por ciento del PIB) e iniciar un conjunto de reformas estructurales que debe adoptar el país en los ámbitos de sanidad, educación, justicia, telecomunicaciones, administración pública, energía y transportes.
Así, se destaca la reducción de las pensiones situadas por encima de 1 500 euros y su congelación —excepto las mínimas— en 2012 y 2013; el recorte de las transferencias a autoridades locales y regionales, así como el incremento de los ingresos fiscales a través de cambios en la estructura del impuesto al valor agregado (IVA).
El rescate financiero abarcará además 12 000 millones de euros destinados a hacer frente «a eventuales necesidades de capitalización» de la banca lusa.
Respecto a la sanidad, la CE, el BCE y el FMI exhortan a Portugal a rebajar los costes operativos de los hospitales, fomentar el uso de genéricos y «racionalizar» los servicios de especialidades y de emergencia.
En cuanto a la educación, se propone reducir 195 millones de euros en costes a través de una reestructuración de la red de colegios.
