ONU exige a gobierno libio tomar el control de cárceles

Entre 5 000 y 6 000 personas están todavía en centros de detención controlados por grupos armados, señala el organismo internacional

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Juventud Rebelde

NACIONES UNIDAS, febrero 29.— El representante especial de la ONU para Libia, Ian Martin, alertó este miércoles ante el Consejo de Seguridad del elevado número de detenidos que todavía están en cárceles controladas por las bandas armadas que apoyaron la guerra de Occidente contra Muammar Al-Gaddafi, y animó al Gobierno libio a acelerar la toma del control de esas dependencias.

Martin, jefe de la misión de la ONU en Libia (UNSMIL), detalló que entre 5 000 y 6 000 personas están todavía en esos centros de detención en distintos puntos del país, comparados con los cerca de 2 400 que están en cárceles con un control absoluto del ministerio de Justicia libio.

Según el representante especial, el Gobierno libio solo controla ocho cárceles, mientras que destacó que es «complicado» lograr avances en ese sentido «debido al número insuficiente de policías judiciales» con los que cuentan las nuevas autoridades, que han pedido ayuda para su entrenamiento y el de fiscales.

«Seguiremos trabajando estrechamente con las autoridades libias y las animaremos a que sigan inspeccionando los centros de detención de los que se tiene constancia y a que identifiquen dependencias secretas para devolverlas al control gubernamental, así como a que investiguen los casos de abusos», señaló Martin.

En defensa de las autoridades libias, el embajador de la nación norteafricana ante la ONU, Abdurrahman Mohamed Shalgham, dijo en la misma reunión que los detenidos que se encuentran en espacios controlados por el Gobierno, entre los que hay antiguos miembros del régimen de Gaddafi, «están en buenas condiciones» y «se les trata bien».

El diplomático intentó quitarle responsabilidad a su Gobierno respecto a las denuncias hechas por organismos internacionales sobre abusos que cometen hombres de las bandas armadas, al decir que existen «zonas donde las autoridades estatales no han podido tomar el control y donde no hay ni policía ni tribunales».

Por ello, apuntó, el Gobierno no es «responsable» de lo que ocurra en los centros de detención que existen en esas áreas, aunque dijo que había voluntad de cambiar esa situación.

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