Bastó escuchar los «alegatos» de los senadores que desde el jueves se erigieron en inédito tribunal contra el presidente Fernando Lugo, para darse cuenta de que en la artera acción del legislativo que lo demovió está lo más oscuro, sórdido y retrógrado de la vieja política paraguaya... Voces que evocan los tiempos del stroessnerismo y amenazan con un retroceso a aquellos tiempos.

Tanto como su acusación de que el Presidente «no respeta la institucionalidad», porque no ha respaldado el desalojo de campesinos a quienes no ha podido entregar toda la tierra mediante la Reforma Agraria —como él quisiera—, retrata de cuerpo entero a los cavernícolas el hecho de que presenten como un delito —y lo pronuncien con el desprecio de quien dice una mala palabra— que el mandatario fomenta «la lucha de clases»: algo común en cualquier sociedad como esa, y que a Lugo se le adjudica como «autor», porque aun maniatado por esas mismas fuerzas reaccionarias ha tratado de gobernar para los pobres.

He ahí, a la luz, la estirpe oligárquica y derechista de los señores feudales y terratenientes que por más de 60 años detentaron el poder, y ahora quieren retornar a aquellos tiempos instrumentando, mediante sus agentes en el Congreso, lo que pronto alguien dio en llamar «un golpe de Estado parlamentario». Ellos constituyen el dos por ciento de la población que posee el 80 por ciento de las tierras fértiles de Paraguay.

Fueron los mismos que durante la dictadura aplastaron a los de abajo y se hicieron de la vista gorda cuando se torturó, asesinó y desapareció a todo el que oliera a izquierda, o exigiera su derecho a la tierra, estimulando así ese sentimiento clasista —y por qué no, con posturas ideológicas— que ahora les parece ultrajante.

En 2006, representantes de un pueblo harto de la corruptela política, la represión y el miedo, tocaron a las puertas del obispo Fernando Lugo para rogarle que se despojara de la sotana, bajara del púlpito, y los gobernara.

No todo se le ha dejado hacer, y si algo hubiera que señalarle a Fernando Lugo sería eso: no haber podido cumplir totalmente sus promesas de campaña. Llamados a salvarlo están, sin embargo, esos mismos entes sociales que lo conminaron a aspirar a la primera magistratura y lo catapultaron a ella, convirtiéndolo, después del haitiano Jean-Bertrand Aristide, en el segundo cura-presidente.

Solo la contundencia del reclamo de esas masas —a las que apenas se les ha permitido el derecho a la manifestación— podría desbaratar la conjura disfrazada de legalidad que manipula la Constitución cuando se la invocó para poner en marcha un «proceso político» sin argumentos reales y, por demás, abusivo. En dos días se ha ejecutado el circo del juicio. Después de la sorpresa inicial, a Fernando Lugo solo se le dejó para preparar su defensa el lapso de 24 horas.

Quienes han urdido o se han montado en este golpe de Estado mal ataviado con ropaje legal —¡cómo se recuerda ahora el caso de Zelaya en Honduras!— quedan desnudos, sin embargo, solo con sus pronunciamientos.

Ahí están los obispos que, ni bien la Cámara de Representantes aprobaba en un santiamén el juicio más rápido de la historia universal contra un mandatario, «aconsejaron» a Lugo la renuncia para «evitar un baño de sangre»; el empresariado, que mediante un lacónico pero muy conclusivo comunicado de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) llamó a «preservar la paz», pero manipuladoramente exigió el «respeto a la Constitución y las leyes» y avaló el juicio político como «un mecanismo institucional aplicado de acuerdo a las circunstancias»; y, por supuesto, la derecha, representada en el Partido Colorado que detentó el poder durante décadas y aspira a volver a la Presidencia, junto al hasta ahora cogobernante Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Viendo el empuje de la Alianza Patriótica para el Cambio que respaldaba a Lugo, en junio de 2007 los liberales declinaron presentar candidatura propia de cara a las presidenciales, y se montaron en el carro de la victoria adosándose a la del ex párroco de San Pedro. Siempre fueron los mismos. Quizá ni siquiera pueda decirse ahora que lo traicionan.

Ellos, los del PLRA, han dado el puntillazo en la conjura con la renuncia de sus ministros en el Gobierno, y lo que es más importante aún: al convertirse en oposición, dejaron al Presidente y a las fuerzas sociales que lo apoyan sin aliados en el Congreso. Ello explica la manera expedita en que el impeachment se puso en marcha y desarrolló apenas entre la noche del miércoles y este viernes. Solo un senador alzó la voz para denunciar el atropello, y no fue oído, apabullado por los sinsentidos de la verborrea demagógica de sus colegas. Al final, la votación para aprobar el juicio político fue rápida y sencilla: 76 votos a favor y uno en contra, con tres ausencias.

En segundo plano, sin embargo, quedaba ya para los legisladores el turbio incidente de Curuguaty, en el departamento de Canindeyú, que culminó con la todavía no explicada muerte de 11 campesinos y seis policías, y constituyó el detonante para justificar a los golpistas el montaje de la farsa.

Se responsabilizó al Presidente con los sucesos. Sin embargo, como denunciara desde un primer momento la ministra de Salud, Esperanza Martínez, no se preservó la escena para que se permitiera investigar cómo ocurrió la matanza. Más de un testigo asegura que la cometieron francotiradores apostados en el lugar, y residentes de la propia localidad han reconocido que fueron víctimas de una estratagema.

Impúdicos, los senadores convertidos en fiscales también alegaron que aquello fue una emboscada fruto de una maniobra. Pero la adjudicaron a Lugo, en el pretendido interés de convencer de que la ruptura de la democracia la estaba preparando el mandatario, y no ellos.

Así han ocurrido los hechos.

Otros «cargos»

Todavía no seguros de que serían convincentes, los parlamentarios-golpistas «enriquecieron» la acusación con otros cuatro cargos que espeluznan al develar la entraña grotesca y sórdida de los «fiscales».

A saber, la presencia de grupos políticos de izquierda en un acto de las Fuerzas Armadas en 2009, durante el cual los visitantes «colgaron banderas políticas y cantaron proclamas ideológicas»; la presunta «instigación y facilitación» por Lugo de las invasiones de tierra (contrario a lo que dicen ahora, querían que el Presidente mandara a matar a los desposeídos); «incapacidad» del Jefe de Estado, de acuerdo con ello, para «disminuir la inseguridad ciudadana»; y la firma del protocolo de Ushuaia II, que han presentado como un «atentado a la soberanía de Paraguay» cuando, en verdad, es un sayo que si no está a su justa medida, se acerca bastante a la talla de los golpistas.

Suscrito en 2011 en Montevideo dentro del marco integracionista del Mercosur por Argentina y Brasil (junto al país anfitrión y Paraguay como miembros del grupo) más Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, el documento se erige, precisamente, para defender la democracia y la institucionalidad, y establece la posibilidad de que los signatarios se reúnan y analicen las medidas necesarias «en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, de una violación del orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios democráticos».

La oligarquía paraguaya, que desde su misma suscripción se opuso al acuerdo, ¿estaría pensando desde entonces en la ejecución de esta componenda golpista?

Desde dónde y por qué ahora

Sin embargo, sabido el escozor de la derecha continental con los procesos que están materializando la segunda y real independencia de Latinoamérica, no es descabellado esperar la pronta aparición del hilo que conecte las influencias externas con la vergonzosa conjura contra Lugo: un golpe que busca ser tan «aséptico» como quiso ser el que depuso a Manuel Zelaya, bañado hasta hoy con sangre de la Resistencia.

En junio de 2009, el interés de los gorilas de cuello y corbata en Honduras —y sus aliados en el extranjero— fue evitar que se radicalizara el desempeño zelayista con la posibilidad que se abría de una Constituyente. De paso, golpeaban al eslabón más débil de la ejemplar Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Ahora, con Paraguay —que ni siquiera pertenece al ALBA— quizá solo se esté garantizando que también este país gire hacia la retrógrada derecha. En medio de una región que se le ha ido al poder hegemónico de las manos, ya esa sería una ganancia…

A escasos meses del fin del mandato de Lugo y la llegada de las elecciones, parece incomprensible, incluso, que el castigo que se le inflige esté destinado solo a detenerlo. Va concluyendo su estancia en el Gobierno sin que las jugarretas de esa misma oposición en el Congreso le posibiliten aspirar a una reelección que le permitiría, a su vez, concluir la obra de justicia social iniciada.

¿Por qué, entonces, el golpe ahora?

Acaso no sea demasiado arriesgada la hipótesis de que la derecha esté buscando asegurarse desde ya la primera magistratura en los comicios previstos para abril próximo. Un sitio digital paraguayo poco conocido, La Diaria, citaba hace algunos días un sondeo realizado por el Instituto de Comunicación y Arte y publicado por el diario La Nación, según el cual las intenciones de voto a favor del Partido Colorado y el PLRA (que todavía no había decidido si iría en coalición con las fuerzas sociales a las presidenciales), estaba cayendo, mientras crece en Paraguay el respaldo a la izquierda.

En declaraciones a Telesur, Lugo, directamente, señaló al aspirante colorado, Horacio Cartes, un empresario adinerado, como la cabeza de la maniobra golpista.

…Tal vez con la asonada parlamentaria se esté gestando desde ya el fraude electoral, y con ello, el desgaje de otra nación de la América Latina nueva.