Paraguay: ¿más de lo mismo?

A tenor con las encuestas, el único saldo de las elecciones de este domingo será lavar la cara del golpe de Estado contra Fernando Lugo, para mantener al país en la depredación histórica que lo ha convertido en uno de los más pobres de Latinoamérica

Autor:

Marina Menéndez Quintero

Cuando, en el año 2009, el luego depuesto Fernando Lugo aseguraba a la prensa:  «No voy a fundar ningún partido. No existe el partido luguista», quizá no era consciente del peso que la ausencia de una organización política sólida tendría en el devenir de su destino y de la nación.

Hoy, los movimientos de izquierda que le respaldaron desde la amplia Alianza Popular por el Cambio (APC) —la plataforma que le llevó al poder en 2008— acuden divididos y, por tanto, debilitados a la liza electoral;  sin la presencia también, desde luego, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA): una agrupación tradicional que, por constituir la única de la Alianza con representación en el Congreso era, estratégicamente hablando, su «brazo fuerte», si bien ideológicamente siempre fue un enemigo del pueblo.

De manera oportunista, el liberalismo se había montado en el carro del «luguismo» al percatarse del empuje de los movimientos sociales que, en el año 2006, tocaron a la puerta del obispo de San Pedro y le pidieron se quitase la sotana y fuera su presidente; pero luego el PLRA les dio la espalda.

Gracias, precisamente, a la traición de sus congresistas y la componenda con sus aliados históricos de la derecha, Fernando Lugo fue depuesto el año pasado mediante un golpe de Estado disfrazado de democión parlamentaria que, por la rapidez con que se produjo, sería bautizado por los observadores como un golpe express.

Claro que no puede responsabilizarse enteramente a Lugo de que la asonada no fuera revertida, ni de la ausencia de una agrupación política sólida que le respaldara. Se trataba de un hombre de la Iglesia que saltó del púlpito a las urnas,  sin experiencia política; una limpieza que, junto a su trayectoria a favor de los humildes, fue lo que lo hizo atractivo para el pueblo.

Resulta imprescindible recordar estos acontecimientos, porque todavía pesa la duda de si aquella asonada «suave», además de desgajar a Paraguay de la América Latina nueva que batalla por otro modelo económico y social, buscaba también allanar el camino a los corruptos y desacreditados partidos de  siempre para que volvieran de manera expedita, como se presume que ocurrirá este domingo, a la presidencia.

Se trata de una elección que, por demás, permitirá a las fuerzas golpistas lavarse las manos y asumir, supuestamente limpias de polvo y paja, el nuevo mandato, que ya no sería resultado directo —aunque sí indirecto— del zarpazo de junio de 2012. Conglomerados como la Unión de Naciones Suramericanas, de la que el Paraguay golpista fue suspendido aunque no sancionado, así como del Mercado Común del Sur, han dicho que la devolución al país de sus derechos como miembro pleno, dependerá de la transparencia de los resultados de estos comicios.

Además de la salida del Presidente constitucional y la atomización de las fuerzas de izquierda, el golpe, con la consecuente asunción del —no podemos llamarle traidor, porque solo ha respondido a sus intereses de clase— derechista ex vicepresidente de Lugo, Federico Franco (representante, precisamente, del PLRA), ha propiciado ahora una campaña electoral manipulada, que virtualmente invisibilizó a la Concertación Nacional Frente Guasú y su candidato Aníbal E. Castillo; a Avanza País, con Mario A. Ferreiro y al Movimiento Kuña Pyrenda, otra agrupación de nuevo cuño entre lo más descollante de la izquierda, como parte del amplio espectro electoral que conforman 11 candidatos.

Aunque muchos analistas toman en cuenta el peso de Guasú, para los sondeos de opinión paraguayos y los grandes medios solo cuentan los aspirantes de los partidos tradicionales: el empresario millonario Horacio Cartes, por el Partido Colorado, y Efraín Alegre, un abogado liberal que ha querido refrescar la imagen de su agrupación golpista con el nombre de Alianza Paraguay Alegre.

Los analistas sobre el terreno apuestan por la victoria del primero, lo que significaría devolver a Paraguay a las mismas manos que detentaron el poder durante más de 60 años, incluyendo los 35 en que fue soporte de la dictadura de Alfredo Stroessner.

Observadores alertan, no obstante, de la posibilidad de que el candidato perdedor entre Cartes y Alegre no reconozca la victoria del otro, en medio de un ambiente plagado de denuncias de compras de votos y otros hechos marcados por la misma represión que ha caracterizado los meses transcurridos desde el golpe.

Al fin, uno u otro no serán muy diferentes. Lo auguró Lugo hace unos días, al comentar a una periodista: «Un triunfo de Cartes o Alegre significaría un gran retroceso de la democracia».

La victoria de una fuerza de izquierda en las presidenciales sería, entonces, bienvenida. Sin embargo, lo que se augura es un no desdeñable triunfo en el Parlamento por parte de esos partidos que abogan por el cambio, y donde podrían sumar, si se alían, votos suficientes para entorpecer al Gobierno del candidato derechista que se haga de la primera magistratura.

Imposibilitado por ley de aspirar a la presidencia, Fernando Lugo se postula para el Senado, y todo indica que tiene puesto seguro.

Sin tocar las esencias

Promesas vacías al mejor estilo de la politiquería ya decadente en Latinoamérica han llenado las campañas de los principales contendientes de la derecha, dueña también de los medios de comunicación. Ello explica que el spot propagandístico del Frente Guasú, donde sin proyectar la imagen de su candidato se reproducían las escenas repugnantes de la puñalada política contra Lugo en el Congreso y la posterior represión al pueblo, resultara suspendido.

Fuera de campaña han estado las demandas de una sociedad que no solo necesita el trabajo anunciado, demagógicamente, por los candidatos derechistas. La desigual distribución de la tierra ha sido el padecimiento principal de los desposeídos en un país que aunque es exportador de energía hidroeléctrica vive, adentro, en un verdadero sistema feudal que le da el poder a la intocable casta terrateniente: el dos por ciento de la población posee el 85 por ciento de los predios paraguayos.

Fue ese uno de los problemas que no pudo resolver Lugo, incapaz de llevar a efecto una real reforma agraria solo y sin el respaldo del legislativo, lo que seguro le habría granjeado el apoyo de más amplias masas.

Muestra de ese poder oligárquico terrateniente es la impunidad en que permanece la matanza de Curuguaty: una autoagresión policial que fingió una toma de tierras       violenta por parte de campesinos para responsabilizar de ello a «la mano floja» de Lugo, y que sirvió de excusa para llevarlo al banquillo, donde se le sumaron otros improbados cargos llenos de vendetta ideológica.

A los seis policías y 11 campesinos muertos que dejaron los hechos se suma la prisión sin juicio que padecen una docena de labriegos mientras 40 están «en fuga», sabedores de que les aplicarán «la ley» sin ejercicio de la justicia.

Sin embargo, investigaciones recientes por parte de los abogados defensores han demostrado que la real titularidad de las tierras era estatal, lo que demuestra que fue un montaje la presunta invasión a terrenos del pudiente Blas Riquelme.

Cientos de despidos políticos en las instituciones públicas, persecución contra los campesinos, fin de la gratuidad de la salud que había decretado Lugo, son algunas de las medidas adoptadas por el ejecutivo usurpador de Franco: una práctica que continuará de seguro el candidato derechista que sea proclamado ganador… con la única diferencia de que este será un presidente «legítimo».

Lo que va de ayer a hoy

El 49 por ciento de los paraguayos vive en la pobreza. Antes del golpe, los incluidos en esa categoría habían descendido del 37 por ciento al 31, lo que indica un incremento en un año de 18 puntos porcentuales.

El 23 por ciento de la población está sin empleo, contando la labor informal. Con Lugo, sin embargo, 50 000 personas habían sido incorporadas al mercado laboral.

El régimen golpista de Federico Franco ha despedido a 30 000 funcionarios públicos en menos de un año; y derogó la salud gratuita decretada por Lugo, quien también dictaminó la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza primaria y media.

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