Sindicalismo español pide a Rajoy un pacto por el empleo

España cerró el primer trimestre de 2013 con seis millones 202 mil 700 desempleados, lo que situó la tasa de paro en 27,16 por ciento de su población económicamente activa, un nuevo récord histórico

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Juventud Rebelde

MADRID, 26 de abril. _ La Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.) emplazó hoy al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, a poner en marcha un gran pacto por el empleo ante el descalabro de sus políticas económicas, dijo PL.

En declaraciones a la prensa, el secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, pidió al jefe del Ejecutivo que convoque a los partidos políticos, instituciones y agentes sociales para entre todos buscar una solución a la sangría del desempleo.

España cerró el primer trimestre de 2013 con seis millones 202 mil 700 desempleados, lo que situó la tasa de paro en 27,16 por ciento de su población económicamente activa, un nuevo récord histórico, según confirmó la víspera el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por su parte, el número de hogares con todos sus miembros en la calle, otro indicador para medir el drama de este flagelo, alcanzó un millón 906 mil 100, lo que supone 72 mil 400 más que en el período octubre-diciembre de 2012 y un incremento del 3,95 por ciento.

Desde diciembre de 2011, cuando comenzó a gobernar el derechista Partido Popular, en España se destruyeron más de un millón de empleos y hay 929 mil 100 parados más, de acuerdo con los datos del INE.

A juicio de Toxo, ese gran pacto debería intentar consensuar un plan de medidas para atajar la emergencia nacional que representan la destrucción de puestos de trabajo y la insuficiente protección social.

El líder de CC.OO., una de las dos centrales obreras mayoritarias de esta nación ibérica, indicó que la cifra escandalosa de casi dos millones de familias con todos sus integrantes en paro debería mover la revisión del sistema de protección social español.

Aclaró, sin embargo, que eso no significa simplemente ayuda económica, sino también acceso a la vivienda o la permanencia en la misma de las personas que se ven obligadas a una ejecución hipotecaria.

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