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Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo dieron a conocer este martes ocho nuevas propuestas que, en lo fundamental, abogan por el reconocimiento del consumo de drogas sicoactivas como problema de salud y la despenalización de los consumidores.
Ya las FARC-EP habían pedido anteriormente al Gobierno de Juan Manuel Santos la legalización de los sembradíos de hoja de coca y marihuana del país, como una manera de ayudar a los campesinos pobres, ahora estas nuevas propuestas se centran dentro de los debates del tercer punto de la agenda sobre las drogas ilícitas, tema que llevan discutiendo desde fines del 2012.
En esta ocasión, la insurgencia propone que el Estado colombiano asuma su responsabilidad ante la problemática y en ese sentido garantice tanto la prevención como el tratamiento médico gratuito a los consumidores, quienes deberán ser tratados «como víctimas de la empresa criminal transnacional del narcotráfico; se proscribirá su estigmatización y persecución, y se garantizará la descriminalización del consumo», y añaden a esa propuesta su regulación estatal, gradual y diferenciada.
Las FARC-EP también respondieron al jefe de la delegación gubernamental, Humberto de la Calle, quien en una inusual alocución el lunes, rechazó los comentarios diarios sobre el acontecer en Colombia que la guerrilla hace ante la prensa cada mañana antes de iniciar las sesiones de pláticas.
Al respecto, Ricardo Téllez desestimó la posición de De la Calle y reafirmó que en La Habana se discute sobre paz. «No tenemos mordaza, tenemos opinión como la hemos tenido siempre y no nos vamos a callar», afirmó el delegado guerrillero.
Téllez también rechazó la supuesta vinculación que le hace el Gobierno colombiano a las FARC-EP con el atentado sufrido por la candidata de la Unión Patriótica, Aída Avella el pasado domingo.
