Comisión que decidirá sobre juicio a la presidenta Dilma Rousseff se instala mañana

Entre las múltiples críticas a las acciones políticas agresivas contra la mandataria brasileña, sobresale la del ex presidente Lula da Silva. «Me siento indignado con lo que están haciendo con el país»

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Juventud Rebelde

BRASILIA, diciembre 6. — Los partidos políticos de Brasil ultiman este domingo el nombre de los 65 diputados que a partir de este lunes integrarán la comisión especial que decidirá sobre la apertura de un juicio político con miras a destituir a la presidenta Dilma Rousseff.

Los legisladores determinarán si las irregularidades fiscales denunciadas por la oposición y censuradas por órganos de contraloría del Estado constituyen un motivo para despojar a Rousseff del cargo para el que fue reelegida en 2014.

La comisión especial se instalará este próximo lunes y tendrá representantes de todos los partidos que integran la Cámara de los Diputados.

El bloque liderado por el oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del vicepresidente Michel Temer, tendrá el mayor número de diputados (25), mientras que el grupo encabezado por el gobernante Partido de los Trabajadores (PT), formación a la que pertenece Rousseff, contará con 19 legisladores.

Una vez instalada la comisión, la presidenta brasileña tendrá un plazo de diez sesiones para presentar por escrito su defensa.

Sus argumentos y los de la parte acusadora serán analizados durante otras cinco sesiones y luego la comisión votará el informe que preparará el diputado instructor del caso a favor o en contra del inicio del proceso.

Si la comisión es favorable al juicio político, la palabra pasará al pleno de los 513 diputados, en el que el proceso seguirá hacia adelante si es respaldado por al menos dos tercios (342 votos), el mayor quórum exigido por la Constitución.

En caso de que los legisladores lo aprueben, Rousseff deberá separarse del cargo por 180 días, plazo que tendrá el Senado para realizar el juicio político definitivo.

El proceso fue aceptado a trámite el pasado miércoles por el presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, uno de los cincuenta políticos «investigados» por el caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.

La apertura del juicio ha sacudido el país y ha paralizado la agenda económica del Ejecutivo en un momento en el que el país se encuentra sumido en su peor recesión en las últimas décadas, con una inflación próxima a los dos dígitos y una escalada de los índices de desempleo.

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