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Imágenes de Bolívar y Chavez serán colocadas en calles de Caracas en respuesta al ultraje cometido por Ramos Allup. Foto: AVN Autor: AVN Publicado: 21/09/2017 | 06:24 pm
CARACAS, enero 7.— Para muchos, se trata de acciones provocativas; para otros, iniciativas desesperadas que suscitan conflicto de poderes, pero las más recientes decisiones del Parlamento venezolano, de mayoría opositora al Gobierno, apuntan hoy a su ilegitimidad.
Apenas a dos días de instalarse, el legislativo y la directiva que encabeza el derechista Henry Ramos Allup, diputado de larga data y secretario general de Acción Democrática, desacataron una decisión judicial provisional, dijo PL.
En su primera sesión ordinaria, Ramos Allup juramentó a tres diputados de la coalición derechista Mesa de la Unidad Democrática (MUD), con lo cual incumplió la medida cautelar de inhabilitación de las elecciones en el estado de Amazonas, dictada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por irregularidades en los comicios del 6 de diciembre.
Los parlamentarios de esa alianza también cuestionaron la posesión de 13 magistrados y 21 suplentes del TSJ, que fueron electos por la anterior composición de la Asamblea Nacional (AN), cuando la mayoría la ostentaba el Gran Polo Patriótico.
El constitucionalista Jesús Silva explicó que en este caso la AN, cuya mayoría (109 de 167 diputados) se resiste a obedecer una decisión de ese tipo, entra en un acto de rebeldía contra el poder judicial.
A juicio del diputado del Gran Polo Patriótico (GPP), Elías Jaua, el desacato de la oposición parlamentaria se trata de una peligrosa ruptura de los principios de corresponsabilidad entre poderes, establecidos en la Constitución de 1999.
Por su parte, el también legislador por el GPP, Diosdado Cabello, aseveró que la nueva Asamblea adquiere un carácter ilegítimo y todos sus actos venideros serían nulos.
Cabello consideró además que el ánimo de desconocer las instituciones venezolanas es la antesala de un golpe parlamentario para derrocar el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Para el abogado Silva, ante esa arremetida, es medular la acción institucional de los otros poderes (ejecutivo, judicial, electoral y moral) para obligar a los infractores a respetar el Estado de derecho y democrático.
Silva aclaró que los poderes públicos en Venezuela son independientes y están subordinados a la sentencia del TSJ, lo que señala que cualquier actuación que ejecute la AN con esos tres candidatos de Amazonas que no están jurídicamente reconocidos, significa un vicio de nulidad absoluta.
Incluso alertó el investigador que de no existir rectificación por parte de la directiva parlamentaria, el Gobierno puede aplicar los mecanismos sancionatorios de la Carta Magna en función de que el país no resulte afectado por una severa crisis institucional.
En la jornada de este jueves, los diputados del Gran Polo Patriótico introdujeron ante la máxima instancia judicial una demanda en contra de la junta directiva del Parlamento.
Pedro Carreño, del PSUV, recordó que si el poder legislativo está en desacato, se coloca al margen de la Constitución y desconoce los demás poderes, por lo que podría aplicarse el principio de reciprocidad y se da la posibilidad de que inhabiliten a la Asamblea.
