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BRASILIA, abril 12.— La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, denunció el martes una conspiración para destituirla y reiteró que el vicepresidente Michel Temer es uno de los líderes del complot para someterla a un juicio político en el Congreso y destituirla como Jefa de Estado.
«Ya están conspirando abiertamente, a pleno día, para desestabilizar a la Presidenta legítimamente elegida», afirmó Rousseff en un discurso en el que hizo referencia a un mensaje grabado el día previo por Temer a sus seguidores, en el que habla como si la Presidenta ya hubiera sido sometida a un juicio político, reportó Reuters.
El lunes, una comisión parlamentaria recomendó a la Cámara Baja que inicie un juicio político contra la Presidenta por supuestas irregularidades en las cuentas con que se financió su campaña electoral del 2014, una acusación que la mandataria asegura que ha sido falseada para sacarla del cargo.
La decisión de la comisión por 38 votos a 27 fue apoyada por el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) de Temer, otrora principal aliado en la coalición gobernante. De ser aprobado por dos tercios de la cámara que la Presidenta pueda ser sometida a juicio político, Temer asumiría el cargo, por eso se le señala como responsable directo del golpe de Estado parlamentario y judicial que se intenta.
Según informaba Telesur este martes, 35 de los 38 diputados que votaron por el impeachment a la Presidenta están siendo investigados por corrupción.
Ante la situación que se presenta en Brasil, el presidente boliviano Evo Morales se solidarizó con su homóloga a la que ofreció toda su solidaridad, mientras que la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) expuso su preocupación por la seguridad jurídica de esa nación y de la región.
Según el organismo, no existe hasta el momento una prueba que incrimine a Dilma de manera personal y directa, por lo que no puede ser procesada y destituida, revocando el mandato popular que la eligió.
Aceptar que un mandatario puede ser separado de su cargo por supuestas fallas en actos de carácter administrativo llevaría a la peligrosa criminalización del ejercicio del Gobierno por razones de índole simplemente políticas, concluye un comunicado de Unasur.
