Alerta Cristina Fernández que actual clase política en el poder intenta «plantar» causa penal

La ex mandataria recibió el apoyo de una multitudinaria movilización popular calculada en más de 200 000 personas

Autor:

Juventud Rebelde

BUENOS AIRES, abril 13.— La expresidenta Cristina Fernández alertó hoy que la actual clase política en el poder en Argentina intenta «plantar» una causa penal para privarla de la libertad sobre una falsa denuncia en la que el juez a cargo comete prevaricado, informó PL.

La exdignataria se presentó esta mañana en el juzgado de Claudio Bonadio, el llamado juez antiK, en los tribunales de Comodoro Py por la causa sobre presuntas irregularidades en la venta por el Banco Central de dólar a futuro.

Lo hizo en medio de una multitudinaria movilización popular de apoyo calculada en más de 200 000 personas que desafió la fría lluvia de un temporal y se apostó frente a la sede judicial, al tiempo que caravanas vehiculares recorrieron la capital argentina.

En una carta de descargo leída y entregada a Bonadio, Cristina Fernández sostiene que «esta hipótesis de asociación ilícita, construida capciosamente por el magistrado, es otra muestra de la arbitrariedad con que ha procedido».

Revela además —inicia la exgobernante el descargo— «la intención del Gobierno con la colaboración imprescindible del Poder Judicial de "plantar", a quien suscribe, una causa penal que me prive de la libertad».

«Cada vez que un Movimiento Político de carácter Nacional y Popular fue derrocado o finalizó su mandato, las autoridades que lo sucedieron utilizaron en forma sistemática la descalificación de sus dirigentes», continúa el documento.

Le atribuyeron —añade— «la comisión de graves delitos, siempre vinculados con abusos de poder, corrupción generalizada y bienes mal habidos».

Manifiesta que «solo a través de un ejercicio abusivo del poder jurisdiccional esta causa pudo ser llevada adelante».

Considera «sorprendente en términos judiciales, que haya sido citada a prestar declaración indagatoria cuando no existe ninguna mención, y mucho menos imputación en mi contra, ni en la denuncia efectuada por los legisladores oficialistas (Mario) Negri y (Federido) Pinedo».

Desde el orden legal, Cristina Fernández recalca que tampoco se respetó el principio acusatorio ni de congruencia que debe existir para habilitar una investigación.

Afirma que las operaciones del Banco Central estuvieron dentro de las normas y la legalidad en el marco de las políticas establecidas por su Gobierno en busca de «la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social».

En su descargo, la exmandataria asevera que su administración siempre buscó proteger el valor de la moneda, ya que su depreciación produciría los efectos más desfavorables sobre la actividad económica en general, como está sucediendo ahora, recalca.

«Puede afirmarse que, por lo menos en este capítulo no nos hemos equivocado y las consecuencias están a la vista».

A continuación relata que desde diciembre de 2015 a la fecha se vive una estampida imparable de los precios, la desocupación, el aumento de la inflación, la pobreza y la caída de la actividad económica y comercial.

Eso es el resultado -precisa- de los efectos de una «maxidevaluación» llevada a cabo por las autoridades del gobierno actual de manera brutal.

«El (actual) Gobierno no cuida a los argentinos. Tampoco parece preocuparse por ellos, ni por el dolor, angustia e incertidumbre que hoy están viviendo», remarca la expresidenta quien estima la denuncia es una maniobra política y electoralista con cobertura mediática.

Al cierre del descargo escrito, denuncia que la actual administración intentó con una corrida judicial una devaluación, forzaron la salida del presidente del Banco Central -Alejandro Vanoli también imputado- y devaluaron.

«Ahora, con la complicidad judicial, pretenden colocarnos ante la opinión pública como culpables de los efectos de las medidas y decisiones que ellos adoptaron».

«Finalmente el Gobierno de las excusas —como todo en la vida— tiene un límite: la responsabilidad de los propios actos y el juicio inevitable de la historia».

Al salir de los tribunales, se dirigió a la multitud que la aclamaba y les manifestó: «Me pueden citar 20 veces más o meterme presa, pero no me van a callar».

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