Argentina no se acostumbra al cambio

Tarifazos, inflación, desempleo y 1,4 millones de nuevos pobres es el saldo del Gobierno macrista en solo cuatro meses de gestión

Autor:

Yailé Balloqui Bonzón

El camino recorrido ha sido corto, pero el arroyo de problemas acumulados al paso sí que han sido numerosos. En una situación normal, en ninguna parte del mundo, quienes votaron a un candidato 120 días atrás cambian de opinión tan rápido. Pero en la Argentina podría estar gestándose un escenario distinto en ese sentido.

Los argentinos andan a la expectativa ante la complicada situación económica que atraviesan, el rápido aumento del costo de la vida y las consecuencias que tiene sobre los más desprotegidos.

Mauricio Macri llegó a la Presidencia del país con la consigna de «pobreza cero» entre sus prioridades, pero el arranque de su gestión avanza, luego de duros cuatro meses para la ciudadanía, en dirección totalmente contraria: ya sumó 1,4 millones de nuevos pobres, según estimaciones del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA).

Desde el 10 de diciembre de 2015 —cuando el actual gobierno ocupó la Casa Rosada en un controvertido cambio de mando— hasta la fecha, se vive una estampida imparable de los precios, creció la desocupación, aumentó la inflación, y ha caído la actividad económica y comercial.

La UCA asegura que hasta mediados de marzo último, cerca de 13 millones de personas no tenían ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas.

Polémicos ajustes

El Presidente ya agrega a su gestión una serie de controversias que han generado el malestar hasta de sus propios socios políticos.

Medidas de marcado corte neoliberal que buscan echar a un lado lo logrado por sus antecesores tienen su cúspide en la decisión polémica de Macri de gobernar por decreto. Cuando asumió, el Congreso —donde no tiene mayoría— ya había concluido sus sesiones ordinarias, y ello no lo limitó y realizó varios cambios y modificaciones en el Estado.

En lugar de llamar a sesiones extraordinarias del Parlamento, Macri optó por una herramienta que, si bien es legal, no siempre es considerada legítima: los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

Según la Constitución, estos permiten dictar normas sin la aprobación previa del Congreso, pero solo pueden ser utilizados en circunstancias excepcionales. Y esta no lo era.

Macri los empleó para imponer cambios sustanciales como modificar aspectos tributarios, dio marcha atrás a un DNU de su antecesora que lo obligaba a devolver dinero a las provincias, suspendió la aplicación del Código Procesal Penal (CPP) y puso las escuchas telefónicas judiciales en manos de la Corte Suprema, entre muchas otras medidas.

Opositores y hasta aliados dentro de Cambiemos, la coalición de gobierno, cuestionaron el abuso de esta herramienta y la decisión de evitar un Congreso que no le es afín en su totalidad.

Tristes y polémicos han sido los miles de despidos bajo la justificación de que en las últimas dos décadas Argentina duplicó el gasto público del país en relación con su Producto Interno Bruto (PIB), algo que Macri prometió recortar.

Uno de los primeros lugares a los que apuntó las tijeras fue el empleo público, donde cerca del diez por ciento de la población trabaja. Sin mucho preámbulo detuvo nuevas contrataciones y también las renovaciones en varios ministerios, instituciones públicas, el propio Congreso, incluso, dejó en la calle a funcionarios y periodistas de los medios públicos.

Uno de los casos más emblemáticos de recortes fue el del Centro Cultural Kirchner (CCK), en donde no se renovaron los contratos del 85 por ciento de los empleados, por considerar que esos puestos no eran necesarios.

El llamado «tarifazo» o plan oficial de aumentos de precios de servicios básicos,   se inició en febrero con la electricidad, con alzas entre 250 y 700 por ciento. Similar suerte corrieron los pasajes para autobuses urbanos y ferrocarriles. Luego tocó el turno al gas y el agua con aumentos que rondan el 300 por ciento.

Pero el verdadero impacto de las subidas se sentirá en los primeros días de mayo cuando lleguen a cada uno de los hogares argentinos las primeras facturas, seis veces más altas de lo que venían abonando hasta ahora.

Los combustibles también han experimentado alzas pero menos espectaculares, 15 por ciento en promedio, pero a diferencia del agua, la luz y el gas, ya estaban altos. Solo desde enero las estaciones de servicio han acomodado sus valores un 12 por ciento. Las petroleras, con la estatal YPF a la cabeza, han justificado los incrementos con la devaluación del peso     argentino.

De la mano de todo este proceso, va la decisión de poner fin al control de cambio, el llamado «cepo» al dólar, otra de sus promesas de campaña. Ello llevó a una devaluación estimada en cerca del 40 por ciento en los últimos meses, lo que se tradujo en una marcada alza de precios también para los alimentos y otros bienes de primera necesidad.

Se considera que la inflación, calculada en casi 27 por ciento en 2015, subirá este año al 35.

El libre vuelo de los Buitres

Dos batallas coordinadas y estratégicamente bien ganadas por los Gobiernos kirchneristas (Néstor y Cristina) fueron las que se libraron contra los llamados «fondos buitre» y la ruptura total con cualquier forma de gestión con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la entidad de control imperial que llevara al país conosureño a la crisis que lo acosó en 2001.

El kirchnerismo mantuvo como bandera su oposición a negociar con los deudores norteamericanos bajo la total negativa de endeudar al Estado, algo que Macri cambió radicalmente.

Y cumpliendo con otra de sus promesas de campaña, el viernes último el Gobierno envió 9 300 millones de dólares a las cuentas bancarias de los fondos buitre. Antes, a comienzos de febrero, el ejecutivo macrista les ofreció 6 500 millones de dólares —un recorte del 25 por ciento sobre la suma total adeudada—, algo que no contentó a la totalidad de los deudores.

El actual Gobierno neoliberal dejó en claro que solucionó «este pleito» para poder volver al mercado de capitales y ya anunció un acuerdo para que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) tome crédito de bancos privados, así como dejó claro que volverá a retomar los lazos con el FMI.

De manera que el Fondo Monetario volverá a controlar su economía y un acuerdo pactado entre el Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, y Christine Lagarde, directora del Fondo, le permitiría realizar la primera revisión de la economía argentina desde 2006.

A la hora de justificar tanta inoperancia, el Gobierno de Macri ha dictado algunas medidas de ayuda social que supuestamente paliarán la situación. Las anuncia como suyas pero no son más que las que ya había gestado y puesto en funcionamiento el Gobierno kirchnerista en sus 12 años de gestión.

Se refiere el actual inquilino de la Casa Rosada al aumento de ayudas a hogares con menores ingresos. Estas familias se benefician de un aumento de las jubilaciones y de las ayudas por hijo y tendrán también tarifas reducidas en el transporte público y en las    facturas de agua, luz y electricidad. Aun así, estos planes sociales ni siquiera se acercan a cubrir el brusco aumento del costo de la vida registrado en lo que va de año.

Y en eso regresa Cristina

Numerosas han sido las protestas por los excesos macristas, entre los más conspicuos la detención de la líder comunitaria, Milagro Sala, en la norteña provincia de Jujuy, y el proceso judicial que se abrió contra la expresidenta Cristina Fernández por presuntas irregularidades en los contratos de dólar a futuro operados por el BCRA al final de su período presidencial.

Las acusaciones son hechas por el juez Claudio Bonadio, quien señala a Cristina, a su exministro de Economía y Hacienda, Axel Kicillof, y a otros 11 funcionarios, por el supuesto delito de «defraudación a la administración pública».

Está claro que tales acusaciones solo buscan desprestigiar a la ex Presidenta, una operación que ya venían ejecutando algunos medios de comunicación, grupos adversos a su gestión y por el propio Mauricio Macri.

Cristina fue llamada a declarar el pasado 13 de abril y lo hizo acompañada por más de 300 000 personas que colmaron las inmediaciones del Tribunal capitalino al grito de «Vamos a volver».

Cristina habló a sus seguidores y los llamó a conformar un Frente Ciudadano, «en el cual no se le pregunte a nadie a quién votó o de qué partido político es» para luchar por los derechos adquiridos.

Refiriéndose específicamente al 51 por ciento de la población que eligió el proyecto macrista, la ex Presidenta les aseguró que lo hicieron porque «los medios de comunicación les inflaron la cabeza durante años».

Fue un «apoteósico mitin de regreso», como no le quedó otro remedio que reconocer el propio Gobierno que en cuatro meses no logra levantar cabeza.

A pesar del boom mediático luego del encuentro de Macri con el Papa Francisco, donde hablaron de pobreza y reconciliación social en Argentina —dos tópicos bien alejados hoy de la realidad nacional—, y haber recibido en el país al presidente Barack Obama, el mandatario sudamericano debe calzarse las botas para empezar a anunciar alguna buena noticia.

Sobre todo, en cuanto a medidas antiinflacionarias se refiera para calmar a buena parte de esa mitad más uno de los argentinos que le dio su voto y que además, para colmo, ven envuelto a su Presidente en el abarcador caso judicial de los «Papeles de Panamá», situación que la Casa Rosada ha buscado desmentir de cualquier forma, pero infructuosamente porque comenzó por cuatro empresas offshore y también aquí sigue sumando.

De momento, Cristina Fernández de Kirchner demostró su capacidad de movilización y quedó claro que aún acumula un protagonismo político. Cristina instó al pueblo: «Cuando los dirigentes no respondan a ustedes, tomen la bandera y marchen adelante. No esperen salvadores ni Mesías». ¿Se arrepiente Argentina del cambio?

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