Prisiones privadas, negocio redondo

La industria florece, los capitales crecen, las condenas se alargan, y entre la miasma del engendro, los abusos y la violencia

Autor:

Juana Carrasco Martín

Carl Takei es un abogado de ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles), y su sentencia ha sido categórica: «Los funcionarios federales debieran reconsiderar su alianza con las prisiones privadas y desarrollar un plan que comience a cancelar esos contratos, en lugar de continuar ese experimento».

El informe que da pie a esa valoración viene desde la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia que ordenó la investigación, específicamente en las prisiones operadas por GEO Group (anteriormente conocida como Wackenhut Securities), por Management and Training Corporation  y la Corrections Corporation of America (CCA). En ellas encontraron suficientes elementos y casos documentados de abusos y violencia que superan a similares condiciones en las cárceles federales, famosas a su vez por ser fomentadoras de delitos y no rehabilitadoras de la delincuencia.

The Guardian, el periódico británico que tiene una sección dedicada a Estados Unidos, aludía a ese informe recién publicado en esta semana y citaba que en esas casas privadas del encierro «había nueve veces más oportunidades de ser puestos (los prisioneros) en lockdown (confinamiento) que los reos de otras prisiones federales y frecuentemente son sujetos de arbitrario encierro en solitaria», lo que está considerado como una forma de tortura.

Aproximadamente el 20 por ciento de la población carcelaria en Estados Unidos —que tiene el número uno mundial en reos por habitantes y cuya cifra total tras las rejas es de 2,3 millones— ocupa celdas en las prisiones de la industria en auge. GEO tiene 36 instalaciones repartidas por todo el país, capacidades que pueden encerrar a 44 000 prisioneros y CCA cuenta con 47 instalaciones y 68 000 capacidades.

En el crecimiento «repentino» de la industria carcelaria influyó la llamada guerra contra la droga que iniciaron en la administración de Ronald Reagan en la década de los 80 del pasado siglo, lo que hizo aumentar exponencialmente la población carcelaria en Estados Unidos, y los altos costos administrativos de las cárceles para los gobiernos locales, estaduales y federales.

Los datos son perturbadores. Se afirma que en los años 70 unas 200 000 personas estaban encarceladas, ya en 1985 llegaban a 750 000, al terminar el siglo se contaban 1 800 000 reclusos, y ya son 2,3 millones los encerrados.

Los más baratos

De ese boom, exactamente en 1984, CCA fue la primera en abrir una prisión en el condado Hamilton de Tennessee; un año después ya había firmado un contrato en grande con ese estado, por 200 millones de dólares.

Luego vendría una política migratoria que también repletó las celdas y el «trabajo» se le adjudicó a las compañías privadas. Los inmigrantes detenidos por delitos menores, o por estar ilegales, para ser deportados posteriormente, o aquellos que son capturados como reincidentes en sus entradas indocumentadas han engordado el negocio, al punto que ACLU afirma que la proporción de ellos en las instalaciones privadas llega hasta el 50 por ciento.

Un estudio del año 2014 de la Universidad de California en Berkeley da la razón para ese índice tan elevado entre las minorías: su encarcelamiento es más barato.

Viento en popa y a toda vela, esas prisiones se llenaron como parte de un crecimiento del 500 por ciento de la población carcelaria en los últimos 30 años. Es tal la bonanza que las empresas comenzaron a cotizarse en Wall Street y en muy buena posición. Harley Lappin, vicepresidente ejecutivo de CCA, en octubre de 2013 anunciaba la compañía con este lema: «CCA asegura ahorros, seguridad y más».

En realidad, la recomendación que ha hecho Takei cae en saco roto, pues The Guardian reportó esta semana que «el inspector general recomienda que el Departamento de Justicia debe convenir un «grupo de trabajo» para probar las causas de la disparidad en los estándares de seguridad entre las prisiones contratadas y las facilidades operadas públicamente, y los gobiernos de los estados y el federal deben fortalecer sus controles».

Huffington Post reportaba a su vez que ocurría todo lo contrario, pues CCA está manejando activamente una prisión de Nuevo México recientemente cerrada por el gobierno federal, lo que significa que va en busca de un nuevo y ganancioso contrato, para seguir garantizando que junto a Geo Group puedan mantener el 75 por ciento de las camas carcelarias en manos privadas.

Que son rentables, nadie lo dude, pues los estados deben garantizar una cuota de reclusos para llenar las camas y cada preso significa no menos 60 dólares por día. Por supuesto, el sistema judicial estadounidense garantiza esas lucrativas estancias, fundamentalmente con la población negra y latina que, se estima, representan el 63 por ciento de los reos del país.

Por supuesto, mientras más presos, más ganancias para los inversores.

La industria de las prisiones tuvo en 2011 utilidades por 5 000 millones de dólares, según afirma Matt Taibbi en su estudio publicado en 2014 The Divide: American Injustice in the Age of the Wealth Gap.

Taibbi revela entre los mayores inversores en la industria de las prisiones a compañías y bancos como Wells Fargo, Bank of America, Fidelity Investments y General Electric, entre otros. Otro dato suministrado en el libro: el precio de las acciones de CCA subió de un dólar en el año 2000 a 34.34 en 2013.

Como negocio en expansión y para garantizar que no se detenga su rentabilidad, otros servicios se incorporan a los ofertados: cuidados de salud, hospitales mentales, centros de confinamiento civil, centros de reinserción social y arresto domiciliario.

Las más violentas y abusivas hacen lobby

El nuevo reporte entregado ahora a la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia no hace más que confirmar lo que ya hace 15 años habían planteado James Austin y Garry Coventry al Buró de Asistencia de la Justicia, en su estudio Emerging Issues on Privatized Prisons, en el cual señalaban que existían evidencias de que los bajos niveles de entrenamiento del personal en las facilidades privadas llevaban a un incremento de los incidentes violentos y las fugas de esas prisiones. Concretamente refería que los asaltos entre los reclusos eran 65 por ciento más frecuentes en tales instalaciones que en las cárceles del sistema.

Ahora se encontró que en la mayoría de las 14 instalaciones examinadas había más incidentes de seguridad y protección que en las instituciones oficiales del Buró Federal de Prisiones (BPO), el que también tiene los contratos con las privadas.

Las categorías que el Informe abarcaba —en el período de los años fiscales de 2011 a 2014— incluían contrabando, reportes de incidentes o asaltos entre los propios reclusos, lockdowns, disciplina entre los detenidos, uso de celulares, consumo de drogas, y malas conductas sexuales, entre otras.

También revelaron las pesquisas que al menos en tres de las prisiones visitadas de manera impropia se encerraba a nuevos reclusos en las Unidades de Alojamiento Especial (SHU, por sus siglas en inglés), el nombre oficial del conocido «hueco» el confinamiento en solitario que, supuestamente, se utiliza para la segregación administrativa disciplinaria.  ¿Por qué esa situación anormal? Porque no había camas disponibles en las salas o celdas que guardan a la población penal general.

Añada otra ignominia, el BOP se enteró de esta situación por el informe, descubrió una práctica usual, y solo entonces ordenó que inmediatamente esos prisioneros fueran sacados del SHU y que los contratos fueran modificados para que se prohibiera que a los encarcelados se les llevara a las Unidades de Alojamiento Especial si no había una razón suficiente para ello.

Así las cosas, no es óbice preguntarse de dónde viene tanta influencia del complejo industrial de prisiones en el gobierno estadounidense.

Wikipedia abre la clave: CCA y GEO Group son miembros de ALEC (American Legislative Exchange Council), una organización que desarrolla políticas públicas para lograr los principios del libre mercado, y ahí está la privatización.

Desde ALEC, tanto CCA como el Grupo GEO han desarrollado y propuesto con los legisladores estatales políticas como «duro con el crimen» y otras iniciativas, y las leyes de «tres strikes», mediante las cuales un trío de delitos o contravenciones que pueden ser menores (hasta violaciones de las leyes del tránsito) se convierten en sentencias más duras y más largas, o lo que es igual: más ganancias para las prisiones privadas, para las que un delito es dinero contante y sonante.

Queda claro entonces que la misión de proteger a la sociedad que tiene el sistema judicial y el sistema penitenciario son burlados, además, desde las reglas de juego del capitalismo, y a este no le interesa que los seres humanos regresen rehabilitados a su comunidad. Todo lo contrario, el objetivo es el incremento anual de la población penal.

No olvidemos en esa violación de los derechos humanos elementales, que muchas de las prisiones operadas privadamente tienen en sus celdas a los migrantes convictos de ofensas a las leyes de inmigración y contra ellos se llevan a cabo sanciones punitivas que no corresponden con lo que se supone sean conductas de «bajo riesgo».

Los criminales mayores, sin embargo, son quienes tienen las llaves de la prisión.

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