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Cuba defenderá, los días 6 y 7 de este mes, en la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, en Ginebra, su informe ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, donde expondrá la realidad de un ordenamiento jurídico orientado, desde la Constitución de la República, a proteger la dignidad humana y refrendar los derechos del individuo.
Nuestro país, que ha ratificado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, realizará ese ejercicio ante los diez expertos independientes en derechos humanos que componen el Comité, otra muestra del diálogo fluido y el intercambio de informes que sostiene La Habana con los organismos que supervisan los tratados de derechos humanos.
La legislación cubana da no solo las garantías jurídicas universalmente reconocidas para proteger los derechos humanos, sino que respalda los requerimientos materiales esenciales para que los ciudadanos ejerzan los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
Estado y Gobierno cubanos garantizan las medidas para impedir y/o sancionar los actos proscritos por la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y evitar que el territorio nacional sea escenario de tales transgresiones.
La Revolución hizo de la integridad física y moral de los cubanos un estandarte que ha extendido a otras naciones con sus programas de colaboración en salud y educación para los sectores más humildes. En ese punto, desde los próceres hasta los dirigentes actuales, la preocupación especial por la infancia ha sido una constante.
Cuba ofrece, por otro lado, las garantías procesales a los individuos detenidos por las autoridades tras infringir la ley y da tratamiento digno a aquellos recluidos en un sistema penitenciario que, pese a sufrir las mismas afectaciones derivadas del bloqueo que sufre cualquier otro programa o instalación, no ceja en su empeño de reeducar y reinsertar en la sociedad.
