Exempleado de Odebrecht relaciona a presidente de Panamá con fraudes de esta compañía

Un exoperador financiero de la constructora brasileña ofreció información al diario El País sobre la supuesta vinculación de Juan Carlos Varela con la trama de corrupción de esta

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Juventud Rebelde

PANAMÁ, julio 29. —Un vendaval de criterios genera este sábado las declaraciones de Rodrigo Tacla, exoperador financiero de Odebrecht, sobre la supuesta vinculación del presidente Juan Carlos Varela a la trama de corrupción de la constructora brasileña, reporta Prensa Latina.

En entrevista con el diario español El País, Tacla aseveró que la empresa usaba «el Meinl Bank para enviar fondos a Personas Políticamente Expuestas (PEP)», y explicó que se utilizó a «Michelle Lasso, una persona próxima al presidente de Panamá, Juan Carlos Varela», para enviarle los fondos.

El jueves, en declaraciones a la prensa, el mandatario istmeño también rechazó las impugnaciones de Tacla sobre la empresa de su familia Varela Hermanos, a la vez que aseguró que las donaciones de su campaña electoral fueron publicadas recientemente.

La víspera, la compañía Varela Hermanos, S.A. emitió un comunicado en el cual afirmó que «no ha recibido, directa o indirectamente a través de nuestros proveedores dichos pagos de la empresa Odebrecht», en referencia a un supuesto desembolso de un millón de euros por intermedio del banco HSBC de Hong Kong.

En otra parte del mensaje, la licorera recordó que en los últimos años, Varela Hermanos y sus colaboradores enfrentan ataques con motivaciones políticas, por la participación de «algunos de nuestros accionistas en la vida pública nacional».

Mientras, la constructora brasileña confirmó que Tacla fue un operador financiero «que tuvo participación en actividades ilícitas ya informadas por Odebrecht a las autoridades, en su proceso de colaboración».

Precisó que el entrevistado por el periódico actualmente está en libertad provisional en España, donde ingresó cuando las autoridades brasileñas iniciaron su búsqueda para procesarlo por cohecho, blanqueo de capitales y asociación criminal.

Ante estos «señalamientos sumamente serios y preocupantes de posible corrupción», la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá solicitó prudencia.

Y reiteró que «el Ministerio Publico (MP) y demás órganos competentes, deben adelantar y culminar las investigaciones correspondientes de manera diligente, dentro del marco legal, respetando el principio de presunción de inocencia y garantizando en todo momento el derecho a la defensa y el debido proceso».

En diciembre de 2016, la constructora brasileña reconoció el pago de 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de la región, a cambio de contratos de infraestructura pública, que en el caso de Panamá ascendieron a 56 millones entre 2010 y 2014, según admitió la empresa ante las autoridades estadounidenses.

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