Mujeres sometidas a esterilización forzada durante gobierno de Fujimori recurren a Comisión de Derechos Humanos

Las víctimas de esterilizaciones forzadas denunciadas durante el mandato de Alberto Fujimori pedirán a la CIDH que el Estado peruano juzgue por estos casos al recientemente indultado exmandatario

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Juventud Rebelde

 

LIMA, enero 13. —Las más de 2 000 denunciantes de haber sido sometidas a esterilizaciones forzadas, exigirán a la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) que se juzgue al expresidente peruano por este atropello a los Derechos Humanos, reporta Telesur.

Las víctimas de esterilizaciones forzadas denunciadas durante el mandato de Alberto Fujimori pedirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Estado peruano juzgue por estos casos al recientemente indultado exmandatario.

La abogada María Ysabel Celdano, de la organización Demus, informó que en la próxima sesión de la entidad se pedirá el cumplimiento del acuerdo de solución con el Estado de Perú.

La cita está programada entre el 22 de febrero y el 2 de marzo, y la profesional fue clara al indicar que la CIDH le debe indicar «al Estado peruano que no puede prosperar el indulto y la gracia en este caso y que no pueden incumplir con su obligación de hacer justicia».

«No es posible que la gracia presidencial impida que la investigación prosiga, concluya y denuncie a los responsables», agregó. Fujimori recibió el indulto y derecho de gracia del Estado peruano el 24 de diciembre de 2017 donde se le exime de cumplir el resto de su condena de 25 años de prisión y lo excluye de juicios en curso y a futuro.

La abogada recordó a la prensa que hay 2 166 denunciantes en una investigación preliminar a cargo del fiscal Luis Landa. Dicha causa ha sido archivada dos veces por el Ministerio Público de Perú.

Entre 1996 y 2001, se realizaron 272 028 ligaduras de trompa y 22 004 vasectomías por un programa estatal de control de la natalidad, orientado a personas de escasos recursos y zonas rurales. El gobierno de Fujimori siempre matuvo que las operaciones se hicieron con el consentimiento de las personas esterilizadas.

La campesina Esperanza Huayama, de la provincia andina de Huancabamba (Piura), fue esterilizada contra su voluntad cuando se encontraba embarazada de tres meses. Foto: Juan Pablo Ayala

Los métodos

Investigaciones y testimonios recogidos por organizaciones como Amnistía Internacional y Cladem, por el Congreso peruano y medios de comunicación, como el diario peruano La República enumeran los métodos de hostigamiento, amenaza o chantaje empleados por personal de salud de aquel entonces para practicar ligaduras en mujeres peruanas.

Algunos de ellos fueron:

  • Chantaje a madres que recién dieron a luz con no inscribir a sus hijos en registro civil.
  • Amenazas con realizar abortos a las mujeres embarazadas que no acepten ser esterilizadas.
  • Presión psicológica con argumentos sobre la irresponsabilidad o inestabilidad económica de los maridos para que las mujeres opten por la anticoncepción quirúrgica.
  • Visitas casa por casa de enfermeras que amenazaban con volver «con la Policía» si las mujeres no aceptaban acudir al centro de salud.
  • Festivales y campañas destinadas a convencer a las mujeres de que el mejor método de anticoncepción es la ligadura de trompas en lugar de otras formas de planificación familiar no definitivas.
  • Recorridos de ambulancias casa por casa para recoger a mujeres.
  • Pago de «incentivos» económicos a los maridos para que firmen una autorización para que la mujer sea sometida a una esterilización «voluntaria».
  • Ofrecimiento de alimentos y medicinas como mecanismo de captación de mujeres de escasos recursos o con necesidades urgentes.
  • Uso de la fuerza física para llevar a las mujeres a los centros de salud.

Reportes periodísticos de la época y el informe congresal de 2002 concluyó que en ese periodo se establecieron «metas numéricas» e incentivos para la práctica de esterilizaciones desde altos niveles del Estado peruano.

Con información de Telesur y BBC Mundo

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