Apartheid en Israel

Una nueva ley de valor constitucional despeja el camino sionista hacia «la solución final» del «problema palestino»

Autor:

Leonel Nodal

Cayó el antifaz. Israel ya no es más la autoproclamada «única democracia del Oriente Medio». Una mayoría de 62 de los 120 diputados del Parlamento arrojó la careta. Sin el menor recato adoptó una norma constitucional que legaliza el apartheid puro y simple, racista, confesional, xenófobo, excluyente.

Israel no tiene Constitución. Desde la proclamación del Estado de Israel, en mayo de 1948, por dirigentes del sionismo, solo fueron aprobadas con el paso del tiempo una sucesión de las llamadas leyes básicas que tienen un estatus constitucional.

La ley del Estado nacional adoptada por el Knesset o Parlamento el 19 de julio, tras una acalorada sesión que se prolongó de la noche a la madrugada del día siguiente, es la decimocuarta ley básica.

En la Declaración de Independencia elaborada por los «padres fundadores sionistas» se declaró el «establecimiento del Estado Judío en Eretz-Israel, que será conocido como Estado de Israel», el cual —enfatizaba el texto para tranquilizar a la opinión pública mundial— «asegurará la total igualdad de derechos sociales y políticos a todos sus habitantes, sin consideración de religión, raza o sexo».

Aunque en la práctica esos postulados nunca se cumplieron para la población árabe nativa que se resistió a la expulsión y se mantuvo en la tierra de sus ancestros, la fachada legal los reconocía como «árabes-israelíes», incluso con limitados derechos a elegir diputados.

La nueva legislación en ninguna parte menciona palabras como «democrático» o «igualdad de derechos», pero sí repite muchas veces la palabra «judío».

Tampoco tiene límites geográficos definidos y aceptados por la comunidad internacional. Su controversial establecimiento mediante a la Resolución 181 de la Asamblea General de la ONU, que decidió en 1947 la partición de Palestina, bajo ocupación británica, nunca fue aceptado por los países árabes y la población afectada por aquella decisión.

Su imposición mediante el terrorismo de bandas sionistas que expulsaron por la fuerza a cientos de miles de pobladores nativos de los territorios asignados, en una brutal limpieza étnica, borró las fronteras aprobadas en la ONU. Las guerras subsiguientes, en 1948 y 1967, confirmaron el carácter expansionista de Israel y arrojaron a millones de palestinos a un exilio forzado y a la condición de refugiados en países vecinos o lejanos.

Ahora, la flamante «Ley Básica: Israel - el Estado nación del pueblo judío» establece desde su primer artículo su carácter racista y discriminatorio, al definir una cuestionable base de inspiración religiosa.

«Israel es la patria histórica del pueblo judío en la que se estableció el Estado de Israel», reza el texto.

Seguidamente afirma: «El Estado de Israel es el Estado-nación del pueblo judío, en el cual actualiza su derecho natural, religioso e histórico a la autodeterminación».

Por último, para que no queden dudas de su carácter discriminatorio subraya en el tercer inciso de ese primer artículo que «La realización del derecho de autodeterminación nacional en el Estado de Israel es única para el pueblo judío».

No hay más dudas. A partir de ahora Israel es oficialmente un Estado etnorreligioso. La decisión del Knesset confirma la denuncia del sionismo como una ideología racista y antidemocrática.

En otro de sus artículos la Ley distingue el hebreo como el «idioma del Estado», estipula que se convierte en la única lengua oficial de Israel, priorizándolo efectivamente por encima del árabe, que durante décadas ha sido reconocido como un idioma oficial junto con el hebreo.

El texto proclama a Jerusalén «capital completa y unida... de Israel», incluyendo la parte oriental de la ciudad anexada.  De este modo reitera su desconocimiento del estatuto originalmente contemplado por Naciones Unidas en la resolución de partición de Palestina, que previó un estatuto especial para la Ciudad Santa, con libre acceso para los fieles de las religiones judía, cristiana y musulmana. Asimismo, repudia la aceptación en negociaciones posteriores de Jerusalén Oriental como capital de un futuro Estado palestino.

El artículo quinto afirma que «El Estado estará abierto a la inmigración judía y a la reunión de los exiliados».

El tratamiento dado aquí al «derecho al retorno», que se defiende para los judíos (únicos con derecho a ejercer la autodeterminación en Israel, según artículo anterior) expone uno de los asuntos más impugnados en las discusiones y negociaciones para la solución del conflicto israelo-palestino.

Por un lado se acepta el retorno de ciudadanos de otros países a los que se reconocen vínculos religiosos con Israel y se niega a los residentes árabes palestinos que por más de 2 000 años han permanecido en esas tierras.

Más adelante, el artículo siete dice: «El Estado ve el asentamiento judío como un valor nacional y trabajará para alentar y promover su establecimiento y desarrollo».

Aunque el texto fue enmendado a última hora para suprimir una cláusula que defendía «localidades exclusivamente reservadas para judíos», preconiza la continuidad de la construcción de los asentamientos que desde 1948 se erigen a expensas de la expulsión de la originaria población árabe palestina.

Los llamados árabes-israelíes suman unos 1,8 millones de personas, alrededor del 20 por ciento de los estimados nueve millones de habitantes de Israel y se consideran víctimas de una discriminación, que los relega a la categoría de ciudadanos de segunda clase.

Al referirse al nuevo artículo, el diputado árabe Yusef Jabareen, afirmó que el Estado hebreo actúa como «un movimiento judío y colonial, que prosigue la judaización de la tierra y continúa robando los derechos de sus propietarios».

En una declaración confirmatoria de ese enfoque, el diputado del gobernante partido Likud Avi Dichter, ponente de la ley, dijo a los diputados árabes: «Hemos aprobado esta ley fundamental para impedir la mínima voluntad o tentativa de transformar el Estado de Israel en una nación para todos sus ciudadanos».

Luego de arrebatar a los palestinos el 80 por ciento de su territorio y de haber fraccionado el espacio restante con centenas de asentamientos, en los que habitan más de 700 000 colonos judíos e impiden la continuidad de un Estado palestino independiente, la nueva legislación apunta a cerrar el paso a otras alternativas.

Hay más de 300 puestos de control del ejército de ocupación israelí para los palestinos en toda Cisjordania. Foto: Palestina Libre

Los líderes sionistas descartan de este modo la noción, los llamados y propuestas a crear un solo Estado para judíos y palestinos, secular y democrático, regido por una mayoría parlamentaria y un Gobierno electo por la mayoría mediante sufragios directos y secretos.

La nueva ley constitucional sienta las bases de un Estado intolerante, que se convierte en una peligrosa amenaza para la paz mundial, debido al poderío militar que acumula actualmente, incluyendo la posesión de un arsenal nuclear, así como una poderosa industria bélica.

A pesar de sus pretensiones, una parte importante de la población judía, dentro y fuera de Israel, desaprueba la reciente legislación impuesta por una coalición extremista, reaccionaria, con base social en los nuevos emigrantes y los ultraortodoxos. No hay que olvidar el voto contrario de 45 diputados judíos del arco oposicionista al primer ministro Benjamin Netanyahu, así como los diez de la Lista Conjunta de la oposición judía progresista y de los árabes-israelíes.

Como escribió en el diario Haaretz el analista judío Bradley Burston, en el artículo titulado «El Israel que tú conoces acaba de terminar, se lo puedes agradecer a Netanyahu», «las directivas desvían a Israel hacia un apartheid genuino».

La Autoridad Palestina dijo en un comunicado que la nueva ley «allanó el camino para la limpieza étnica y fue una declaración de guerra contra todos los palestinos».

Los palestinos también pidieron a la Asamblea General de la ONU que restablezca la resolución del «sionismo es racismo» que fue adoptada en 1975 pero derogada en 1991.

En la declaración emitida en su sede de Ramallah, en el territorio ocupado de Cisjordania, dijo que la ley del Estado-nación también era una declaración de guerra sobre la tierra, los derechos, la identidad y el idioma de los palestinos.

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