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Entre las víctimas se cuentan jóvenes asesinados en masacres desde el año pasado, sin otro aparente fin que infundir terror. Autor: Getty Images Publicado: 20/02/2021 | 10:25 pm
Incluso una entidad tan cercana a ese derechismo conservador que a cada rato le opaca el prisma como la División de las Américas Human Right Watch (HRW), ha llamado la atención del Gobierno colombiano… Desde luego, lo ha hecho con todo el recato que el ejecutivo de Iván Duque «amerita».
En declaraciones al espacio online colombiano Mesa Capital, su titular, José Miguel Vivanco, hizo puntualizaciones acerca del informe rendido antes por la institución, y aseveró que «el problema principal (hablaba de la violencia) es que el Estado (colombiano) no ha sabido proteger a los líderes sociales».
Las afirmaciones, envueltas en celofán para no restar valor al esfuerzo que proclaman las autoridades, enfatizó no obstante que «las palabras no son suficientes; lo que hay que verificar son las políticas».
Pero el informe de HRW no fue el único que puso el dedo en la llaga de la inseguridad al concluir la primera quincena de este mes en Colombia.
Indepaz (el Instituto para el Desarrollo y la Paz) puso a titilar las siempre encendidas luces de alarma al dar a conocer, también hace unos días, la identidad de los 23 líderes sociales asesinados en lo que iba de 2021 hasta el 14 de febrero, así como de nueve exguerrilleros muertos o desaparecidos en el mismo lapso —lista que encabeza el nombre de una mujer—, y la ejecución de 12 masacres.
En carta dirigida a las autoridades para que el asunto se ponga en manos de la Comisión nacional de garantías de seguridad, el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático y firme defensor de la justicia y la paz, coligió las proporciones escalofriantes que reflejan esos crímenes: un activista social muerto cada 47 horas, un exguerrillero asesinado cada seis días, una masacre cada tres días y medio…
Las cuentas espeluznan porque apuntan, a ese ritmo, a un aumento en espiral de los asesinatos cometidos en los últimos años contra el activismo social y, más recientemente, también contra los desmovilizados de las ya inexistentes FARC, para cuando finalice 2021.
La danza alegre —pero con blanco bien definido— de los gatillos hace rato preocupa a entidades internacionales como la mismísima ONU, que desde la Misión de Verificación aprobada por resolución en 2017, acompaña los esfuerzos de paz emprendidos por los sectores colombianos gestores de los Acuerdos, suscritos en La Habana en 2016. Y que otros muchos también aplaudieron, frente al obstaculizador revisionismo del Centro Democrático liderado por el expresidente Álvaro Uribe, partido que ahora está en el poder en la persona del presidente Iván Duque.
Muchos de los postulados alcanzados luego de cuatro años de negociaciones fueron cambiados tras la firma, al influjo de la animadversión de los estamentos contrarios.
Aspectos tan importantes como la plena reinserción de los desmovilizados a la vida civil quedaron debilitados, al restársele importancia en el documento a asuntos vitales para la paz y el bien vivir, como lo que atañe a la propiedad sobre la tierra, la sustitución de cultivos ilícitos que permita enfrentar eficazmente el narcotráfico y, en general, la ayuda a la sobrevida de los campesinos.
Hoy, algunos de quienes observan la situación señalan como los victimarios a bandas delincuenciales armadas, en guerra por hacerse del control de espacios que antes ocupaba la guerrilla y hasta incluyen entre ellas a presuntos disidentes de las FARC.
Pero lo cierto es que la violencia parece demasiado selectiva para tratarse, apenas, de un asunto de control territorial que se disputa, básicamente, entre grupos de nuevo cuño, sobrevivientes de la mentirosa desmovilización paramilitar anunciada por Uribe entre 2002 y 2010, como un logro.
Demasiado líder social está siendo muerto, y mucho exguerrillero baleado para tratarse de víctimas eventuales.
Un asunto de Estado
Concebir la paz como el mero cese del enfrentamiento armado sería el primer error para conseguirla. El problema social que se deriva de la falta de acceso a una vida digna y de la de-
sigualdad, está en el origen mismo de la guerra.
Ello podría explicar la persistencia de una violencia que, como han señalado algunos observadores al ejecutivo de Colombia, no cede ante esa mayor presencia policial que, afirman las autoridades, se procura en los sitios más afectados.
En su informe trimestral a la Misión de Verificación, dado a conocer el pasado mes de enero, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, sugirió las metas que el ejecutivo colombiano debería tener en cuenta de cara a esa realidad.
Como primera prioridad para este año, Guterres recomendó asegurar la protección y seguridad de excombatientes, de comunidades afectadas por el conflicto y de líderes sociales y los defensores(as) de los derechos humanos. Según el informe, desde la firma de los Acuerdos, la Misión ha verificado los asesinatos de 248 exguerrilleros, incluidas seis mujeres.
Además, y entre otras sugerencias, el titular de la ONU remarcó la importancia de que se implementen medidas que aseguren la sostenibilidad del proceso de reincorporación, y consolidar la presencia integral del Estado en las zonas afectadas por el conflicto.
También el Consejo de Seguridad, reunido en enero, dio a conocer el día 28 de ese mes, un comunicado en el cual reconoce lo que denomina «importantes logros alcanzados en los cuatro años desde la firma del Acuerdo Final de Paz», pero puntualizó que «aún persisten desafíos significativos» y dio cuenta de «su profunda preocupación por las amenazas, ataques y asesinatos persistentes contra líderes comunitarios y sociales, incluidas mujeres
lideresas y de comunidades indígenas y afrocolombianas, así como aquellos que sufrieron exmiembros de las FARC-EP, quienes dejaron las armas como participantes en el proceso de paz».
Esa, subrayaron, «sigue siendo la mayor amenaza para la implementación del Acuerdo Final de Paz(…)».
Lo que dirá Biden
Las posiciones desde EE. UU., por raro que parezcan después de la banda ancha que proveyó Donald Trump, podrían ser poco complacientes para Colombia con el nuevo mandatario estadounidense, Joe Biden.
Según un reporte, de Deutsche Welle (DW), esta semana, la administración demócrata le ha hecho saber ya a Duque que aclarar los asesinatos de líderes sociales en Colombia es una de sus máximas prioridades.
Así lo habría hecho saber a Bogotá el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Según la publicación alemana, la reacción habría sido provocada por el informe de HRW.
El Gobierno colombiano, narra el despacho, respondió enumerando los esfuerzos que —según la consejera presidencial para los derechos humanos, Nancy Patricia Gutiérrez— no se ahorran, y afirmó que estos habían tenido una efectividad en 2020 del 54,8 por ciento.
En ese año, sin embargo, Indepaz reportó el asesinato de más de 300 líderes sociales colombianos.
«Ahora, el Gobierno de Biden también insta a Duque a dar explicaciones, porque los derechos humanos son una de sus prioridades», estimó Gimena Sánchez-Garzoli, directora para los Andes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) en entrevista con DW.
Pero la verdad puede estar en otra parte: la necesidad de justificar ante el Congreso los más de mil millones de dólares que Washington ha otorgado a Colombia desde el año 2016, en apoyo directo e indirecto, para la implementación de la paz. Según DW, «la mayor contribución a cualquier socio internacional».
