Lejos de escuchar el clamor internacional para cerrar el centro de torturas de la Base Naval de Guantánamo, el gobierno norteamericano da luz verde a nuevas formas de vejar la dignidad humana. Foto: AP
Estados Unidos se concede manos libres para la tortura. La Cámara de Representantes aprobó este miércoles una legislación que otorga a la administración Bush la autorización a interrogar y a procesar a personas sospechosas de terrorismo; el Senado lo hizo el jueves. Dicen algunos que esta «victoria contra el terrorismo» puede sumarle puntos al Partido Republicano con vistas a las elecciones de noviembre.Verlo desde esa óptica, minimiza o resta importancia a cuánto realmente representa esa ley. El meollo no son los votos; se trata de una desvergonzada exhibición de prepotencia, una actitud amenazante, y una demostración de fuerza, para expresar al mundo que ellos sí pueden violar las convenciones de Ginebra, o interpretarlas a su antojo y capricho, para evitar ser señalados como criminales de guerra.
En la Cámara, la puja quedó en 253 a favor y 168 en contra; en el Senado, 65 a 34, y el oprobio se convirtió en ley que ya puede ser firmada con teatralidad por Bush, pues son versiones iguales que no requieren del conciliábulo habitual entre ambas ramas del Congreso.
George Jr. lo dijo así: «Cuando nuestras tropas arriesgan sus vidas para luchar contra el terrorismo, esta ley puede asegurar que ellas estén preparadas para derrotar a los enemigos de hoy y manejar las amenazas de mañana».
Y ahí salieron los republicanos con la cantinela de que las nuevas regulaciones proveerán las herramientas necesarias para luchar contra «un nuevo tipo de enemigos».
La legislación amplía la definición de «combatientes enemigos» que Bush utilizó desde el 11 de septiembre para efectuar miles de detenciones y poder mantener indefinidamente en prisión a un número alto —y no conocido con exactitud— de personas, sin cargos ni procesos.
Así surgió el campo de concentración en la ilegal base naval de Guantánamo, donde acaban de construir el Campamento 6 de máxima seguridad, y se amplía la cárcel por una subsidiaria de la Halliburton de Dick Cheney mediante un contrato de 35 millones de dólares. Así surgieron Abu Ghraib y otra docena de cárceles en territorio iraquí, y las cárceles y los vuelos secretos de la CIA, quién sabe en qué lugares del planeta.
Esa nueva versión del «combatiente enemigo« incluye a no-ciudadanos que viven legalmente en Estados Unidos o en otros países, determinados por el criterio del presidente y el secretario de Defensa (el muy criticado Donald Rumsfeld), quienes se convierten de esta forma en seres omnímodos para reprimir, encarcelar, torturar, juzgar o no juzgar, pero sí condenar...
No son pocas las violaciones que se permiten «legalizar», y algunas corroen los basamentos de su propia Constitución y del sistema judicial norteamericano, como es el despojo del derecho al hábeas corpus, por el que un detenido puede retar su encarcelamiento en las cortes.
Bush y su gente tenían prisa en aprobar esta felonía, que enviaron al Congreso como proyecto de ley, luego que la Corte Suprema de EE.UU. tomó la decisión, a finales de junio, de rechazar los tribunales militares excepcionales establecidos inmediatamente después del 11 de septiembre, porque violaban la Constitución y las leyes internacionales.
Ahora no cuenta la condena que el artículo 3 de la Convención de Ginebra hace de crímenes de guerra como la tortura, la violación, el asesinato, o cualquier acto que cause serios dolores y sufrimientos físicos y mentales a un prisionero.
Es más, se protege a los militares y agentes de la CIA de posibles procesamientos o pleitos por el uso de «técnicas de interrogatorio» agresivas, como el impedir prolongadamente el sueño a los detenidos, la hipotermia y el llamado «waterboarding», o simulacro de ahogamiento del interrogado.
Al mismo tiempo que Washington defiende a capa y espada su «derecho» a protegerse, saca convenientemente nuevos fantasmas para lograr la anuencia congresional y de su ciudadanía a este atropello. El mismo Bush «reveló» algunos fragmentos del Estimado Nacional de Inteligencia, donde además de hablar de los «logros» en la guerra contra el terrorismo «admite» que han crecido los peligros.
¿Cómo no permitirse entonces el representante Mario Díaz Balart decir que es una «obligación» aprobar esa ley? Y él es uno más de la taimada banda mafiosa que protege, estimula, les da ciudadanía y libre albedrío a terroristas confesos como Orlando Bosch, Guillermo Novo Sampol y otros que andan a su antojo por las calles de Miami, y abogan a grito pelado por la libertad de Luis Posada Carriles, compinche organizador de la voladura del avión de Cubana en Barbados.
Mucha tela por donde cortar tiene la nueva ignominia, pero entre las voces disonantes que no pudieron detenerla, hay que tomar en cuenta lo que señaló el representante neoyorquino, Jerrold Nadler: «Así es como una nación pierde su compás moral, su identidad, sus valores y, eventualmente, su libertad...».
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