Largo, difícil y cuesta arriba

Autor:

Luis Luque Álvarez

 Miembros de la ETA leen el comunicado de tregua permanente, el pasado 22 de marzo. Foto: AP Nadie dijo que la paz estaba a las puertas. El camino sería «largo y difícil», dijo el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Quizá los continuos frenos que han ido apareciendo durante estos meses, podrían ser calificados como «normales», según esta óptica.

Hablamos de la tregua permanente que observa desde el 24 de marzo la organización armada vasca Euskadi ta Askatasuna (ETA), el grupo cuyo objetivo ha sido la separación —por medio de la fuerza— del País Vasco y de Navarra del Estado español, y su conformación como una entidad independiente denominada Euskal Herria.

En la primavera todo indicaba un viraje. Tras una fatal cosecha de 851 muertos en 38 años, en atentados que finalmente no lograron nada, ETA declaró «un alto el fuego permanente», de cara a «la posibilidad de desarrollo de todas las opciones políticas». La idea no era abandonar el propósito de independizar al País Vasco, sino ya no intentarlo por la vía de las armas.

En aquel momento, Zapatero pidió «cautela y prudencia», a fin de constatar efectivamente la voluntad de la organización de enfundar los revólveres, y definió dos cauces para el proceso: el diálogo entre todas las fuerzas políticas vascas y el contacto directo entre el gobierno y ETA. Los primeros resultados se anunciarían en septiembre.

Pero no hubo tal información. Aunque no se ha reportado ninguna muerte causada por ETA desde mayo de 2003, otros incidentes han retardado el proceso.

Primero las quejas de los independentistas: las autoridades españolas continúan arrestando y enjuiciando a miembros del grupo. El caso más reciente es el del etarra Iñaki De Juana Chaos, condenado a 12 años de prisión por lo que un juez consideró «amenazas terroristas» en dos artículos publicados por el diario vasco Gara en 2004.

Para los separatistas de izquierda, nucleados en el partido Batasuna, ello es un retroceso. Se añade que dicha formación política fue declarada ilegal bajo la Ley de Partidos —promulgada en tiempos de Aznar— que desde la ambigüedad permite proscribir a quien intente «deteriorar o destruir el régimen de libertades, o imposibilitar o eliminar el sistema democrático». En este punto hay un estira y encoge: Zapatero les ha pedido que, si desean sumarse al diálogo, presenten nuevos estatutos y se legalicen, mientras los batasunos insisten en que hay que derogar la ley.

De igual modo, la calma de los primeros días tras el comunicado de tregua permanente, ha cedido paso a la tensión, y de ello se queja el gobierno. En Navarra y el País Vasco se han desatado diversos hechos de violencia. Este sábado, por ejemplo, unos desconocidos arrojaron un coctel molotov contra la sede del PSOE en la localidad vasca de Baracaldo.

Mientras, en el Congreso de los Diputados, el gabinete socialista no las pasa mejor, gracias al capricho del opositor Partido Popular en llamar noche al día y día a la noche. Solo por contrariar, los derechistas españoles han llegado a decir NO en el Parlamento Europeo a un acuerdo para apoyar el fin de la violencia en el País Vasco —o sea, ¡han votado contra la paz de la misma España!—, y han dicho que el «proyecto» de Zapatero es «el proyecto de ETA».

Uno puede recordar al antológico perro del hortelano. Porque si en ocho años de aznarismo (1996-2004) no lograron ni un alpiste en pro de la paz, ¿a qué vienen ahora esos abucheos? ¿Ni comen ni dejan comer?

Para coronar la situación de incertidumbre, el 6 de noviembre un comunicado del grupo separatista exigía «pasos visibles» en el proceso durante este otoño, y advertía que si continúan lo que denomina ataques del Estado español a Euskal Herria, «ETA responderá».

A lo que Zapatero no ha guardado silencio: Madrid «no dará ningún paso» hasta que ETA acredite su «voluntad inequívoca» de dejar las armas, algo para lo que el gobierno «se tomará el tiempo que sea necesario».

Como se ve, no estaba errado el pronóstico de «largo y difícil». Y cuesta arriba.

Miembros de ETA leen el comunicado de tregua permanente, el pasado 22 de marzo. Foto: AP

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