El presidente Evo Morales se enfrenta a la injerencia. Con la Constituyente pugnando por salir del empantanamiento en que la quieren mantener los representantes de la oposición y apagando, como mejor se puede, los fuegos con que la oligarquía trata de desmembrar a Bolivia, el presidente Evo Morales ha adoptado el tercer decreto de su mandato, tan necesario como los primeros: si nacionalizar los hidrocarburos resultaba condición sine qua non para emprender la refundación, y bajar los sueldos de los altos funcionarios fue ejemplarizante contra la corrupción, ahora es de sobrevivencia que se ponga freno a la injerencia extranjera.
Claro que no podía esperarse a conciliar el nuevo texto constitucional, retrasado por las jugarretas dilatorias de los asambleístas de la derecha; ni aguardar por el cansancio de quienes, en su afán de frustrar el proceso refundador, no paran mientes en azuzar la violencia, enardecen a grupos civiles, y tratan de desvirtuar el sentido de la propia Asamblea Constituyente fomentando, dentro y fuera de ella, un separatismo que podría desmembrar el territorio nacional.
Preguntado por un periodista de la CNN, hace algunos días, sobre las medidas que tomaría frente a la denunciada ayuda financiera con que Estados Unidos estimula, subrepticiamente, esa subversión, Evo Morales dijo: «Tendremos paciencia».
Pero lo cierto es que el pueblo votante del cambio y el proceso renovador que lideran el MAS y Evo, no podían esperar inermes a que, por ley de la física, se rebosara en Bolivia la copa de una tranquilidad agredida, en buena medida, por los afanes de Washington.
Así, a partir de ahora, las donaciones que lleguen al país como parte de la cooperación internacional serán registradas por el Estado, cuyas autoridades chequearán que su entrega sea acorde con las leyes, y respondan al propósito del gobierno de invertir en bien de la sociedad y el desarrollo económico.
La medida fue dada a conocer la antevíspera por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Santana, e implicará, además, que ninguna donación se reciba bajo condicionamientos políticos e ideológicos: sabio precepto.
No se trata solo de una medida justa; el decreto implica, además, una indispensable revalidación de la soberanía nacional que debe enorgullecer a los bolivianos.
La acción soliviantadora y subversiva de la Casa Blanca no es nueva en América Latina y, en este caso, rebasa la queja manifestada por el propio ejecutivo cuando, hace algunas semanas, reveló las trampas financieras reeditadas en la nación andina, luego de un largo ejercicio estadounidense de apoyo a la subversión para detener otros procesos nacionalistas.
Los vehículos también son conocidos y ya no aceptan el ropaje con que los disfraza el Imperio. La National Endowment for Democracy (NED) y la USAID se han gastado más de 12 millones para promover «la democracia» en Venezuela mediante supuestos talleres, seminarios, y otras acciones que solo persiguen penetrar ideológicamente a la llamada sociedad civil y fomentaron el frustrado golpe de Estado del año 2002. Lo mismo estaban haciendo en Bolivia.
Según dio a conocer, recientemente, la investigadora y abogada Eva Golinger, la USAID y una denominada Oficina para la Transición que aquella abrió en Bolivia desde el año 2004, han destinado a ese país casi 14 millones de dólares y dedican sus esfuerzos a «combatir e influir sobre la Asamblea Constituyente, y el separatismo de las regiones ricas en recursos naturales, como Santa Cruz y Cochabamba».
Su desempeño, denunció Golinger, persigue «reforzar los gobiernos regionales» para debilitar al ejecutivo, mediante programas que supuestamente buscan «crear enlaces entre grupos indígenas y estructuras democráticas», «ofrecer oportunidades económicas y desarrollo comunitario» o desarrollar la «educación cívica para líderes emergentes», entre otros engañosos rótulos.
El reflejo de esa labor de zapa está ahí, en el pedido de los grupos cívicos de que la Constituyente decida ahora mismo el vacuo tema de la capitalidad del país; en el supuesto malestar de jóvenes universitarios manipulados por su propaganda divisionista, y en las manifestaciones violentas que, hace apenas unos días, amenazaron la gobernabilidad en estados como Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija.
Tiene que cesar la impunidad con que Estados Unidos promueve la desestabilización, desde adentro, en Bolivia.
La paciencia tiene límites. Y, también, el pacifismo y la buena voluntad.
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