Otra vez, Bush y sus criminales de guerra - Opinión

Otra vez, Bush y sus criminales de guerra

Autor:

Juana Carrasco Martín

Los cuatro abogados del Apocalipsis

Cuatro abogados del Ejecutivo estadounidense fueron conminados esta semana por el juez de distrito Henry H. Kennedy a comparecer en audiencia. Debían responder sobre lo que conocen acerca de la destrucción de los videos de interrogatorios de la CIA hechos a dos detenidos, presentados como sospechosos de ser miembros de Al-Qaeda.

Se trata de Harriet Miers, John Bellinger, Alberto Gonzales y David Addington, quienes por la responsabilidad inherente a sus cargos tomaron parte de las discusiones con la Agencia Central de Inteligencia, entre 2003 y 2005, sobre la eliminación de aquellas grabaciones.

Se dice que no habrían pruebas de que la Casa Blanca, o alguno de quienes allí bregan contra el mundo, ordenó la eliminación de las cintas, pero también es evidente que sabían, y no dieron la orden directa que hubiera preservado esa prueba de las torturas. Ni siquiera advirtieron que destruirlas era una ilegalidad más, entre las muchas cometidas por una administración a la que le sobran causas para ser sometida al impeachment o procesamiento por sus malas intenciones al frente del gobierno.

El asunto no es nuevo, pudiera considerarse otro escándalo en un rosario de ellos, pero ya esto indica que la situación se está complicando para la administración de George W. Bush, puesto que ese mismo juez Kennedy, en junio de 2005, les había ordenado que salvaguardaran «toda la evidencia e información relacionada con la tortura, los malos tratos y abusos cometidos contra detenidos que ahora están en la Base Naval de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo». Sin embargo, cinco meses después del ordeno judicial, la CIA destruyó videos de los interrogatorios a que fueron sometidos Abu Zubaydah y Abd al-Rahim al-Nashiri en cárceles secretas de la tenebrosa agencia de espionaje.

El tema sustancial, la violación sistemática de las convenciones y leyes internacionales sobre el trato a los prisioneros de guerra —un estatuto que Estados Unidos le niega a sus detenidos en las guerras de Afganistán, Iraq y contra el «terrorismo»—, y el caso omiso a lo establecido por la Convención de los Derechos Humanos parece no tener la menor importancia.

Por eso es bueno recordar que luego del fatídico —y oportuno para su política— 11 de septiembre de 2001, Bush dio una orden: la CIA tenía autoridad para capturar, detener y matar a los operativos de Al-Qaeda en cualquier lugar del mundo donde los encontrara.

Pocos meses después se ultimaban detalles para su ejecución. El jefe de la Casa Blanca le daba a conocer a sus huestes que el Artículo 3 de la Convención de Ginebra no se aplicaba a esos prisioneros. Ese artículo prohíbe «la mutilación, el tratamiento cruel, y la tortura», así como «el trato humillante y degradante» a los detenidos.

Pero no fue hasta abril de 2004, con las fotos reveladoras de Abu Ghraib que el mundo conoció de la existencia cierta del uso de la tortura por parte de los cuerpos militares y de la inteligencia. Luego se supo de los vuelos secretos de la CIA —y de la complicidad de la civilizada Europa y otros socios de Washington— y de sus cárceles, verdaderos huecos negros que han permitido toda clase de violaciones al amparo de una total ignorancia de su ubicación cierta y de la inmunidad e impunidad que se ha otorgado el W. para él y sus compinches.

Precisamente, en una de esas cárceles Abu Zubaydah y Abd al-Rahim al-Nashiri fueron sometidos al waterboarding, una técnica consistente en amarrar al prisionero a un tablero o mesa, cubrirle la cara con una tela u otro material que puede ser una bolsa plástica, y anegar la pieza de tela con agua para simular que la víctima de la tortura se está ahogando. Dicen los conocedores que son pocos los que no confiesan o dan la información —cierta o inventada— que se les pide...

Con un refinado cinismo, ahora el Departamento de Justicia de EE.UU. argumenta que los videos destruidos no tenían la cobertura de la orden del juez Kennedy, porque estos dos detenidos no estaban en la prisión de la Base Naval de Guantánamo —que es a su vez una violación de los derechos soberanos del pueblo cubano, porque está instalada ilegalmente en territorio de Cuba.

El encubrimiento se ha ido construyendo desde la cúspide del gobierno estadounidense. El Departamento de Justicia no está dispuesto a ceder ante la decisión de uno de sus jueces y arguye que tiene a sus abogados trabajando junto a la CIA en la investigación del caso; por tanto, conminan al juez Kennedy a que les dé «espacio» y «tiempo» para su propia indagación.

El fiscal general Michael Mukasey hizo otro tanto con el Congreso dominado por los demócratas, se rehúsa a presentar testigos o documentos del caso, porque aduce son evidencias de la investigación CIA-Departamento de Justicia y podrían ser vulnerables a las presiones políticas.

Tales subterfugios fueron comentados justamente por David Remes, abogado de los yemenitas encarcelados y torturados: «Sencillamente, el gobierno quiere que solo sus zorros cuiden el gallinero».

Ese criterio razonable fue refrendado por el republicano de más alto rango dentro del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Peter Hoekstra —quien por esa afiliación partidista no puede ser presentado como parte de las «presiones políticas»—, cuando advirtió que la comunidad de inteligencia y sus líderes son arrogantes e incompetentes al considerar que no debían responder ante el Congreso, posición que estimó «terrible» en momentos en que Estados Unidos está en tiempos de guerra. Mientras, el presidente de ese comité, el representante demócrata texano Silvestre Reyes, se declaró «atónito» por el intento del Departamento de Justicia de bloquear la investigación.

Otro republicano, Arlen Specter, la máxima figura de su partido en el comité de inteligencia del Senado, hizo una referencia similar: «La ley es clara, el Congreso tiene preeminencia sobre el Departamento de Justicia en estas investigaciones».

Pero un nuevo elemento sobre tal prepotencia lo dio en declaraciones a la cadena Fox la representante Jane Harman, quien fue la principal figura demócrata del panel de inteligencia desde 2003 hasta 2006: ella había advertido a la CIA en el año 2003 no destruir las cintas. «Esto huele al encubrimiento del encubrimiento», apuntó Harman.

Marcha atrás a la cinta

Se necesita hacer un poco de historia. Los videos tomados en 2002 a algunos de los primeros detenidos tras los atentados del 11 de septiembre, fueron destruidos tres años después bajo el alegato de que si eran filtrados podrían ser identificados los interrogadores de la CIA que practicaban el waterboarding con sus prisioneros y esto los comprometería.

En noviembre de 2005, José A. Rodríguez Jr., entonces jefe del brazo clandestino de la CIA —aquel que ejecuta los trabajos más sucios de la agencia— y que justamente ahora ha anunciado su retiro después de largos años de servicio, ordenó la destrucción de las cintas comprometedoras, tras haber sido asesorado por dos abogados de la CIA, Steven Hermes y Robert Eatinger, de que tenía autoridad para ordenar esa acción que, además, «no violaba ley alguna». Ni Hermes, ni Eatinger han podido ser localizados hasta ahora por los periodistas que siguen el rastro al entuerto o por los funcionarios legales que investigan el caso. La CIA los tiene a buen resguardo.

En los hechos que se van conociendo se intenta limpiar al jefe de los abogados de la CIA, John A. Rizzo, y al propio director de la agencia de espionaje en aquel momento, Porter J. Goss, un individuo que inició su trabajo en la agencia en los tempranos años de la década del 60 actuando desde Miami contra la naciente Revolución Cubana. Sin embargo, ya el abogado del señor Rodríguez, Robert S. Bennett, insiste en que su cliente «tenía la luz verde para destruirlas».

El colmo de los colmos

Esto bien pudiera considerarse el remate del poderío imperial: recién el fiscal general Mukasey dio un discurso de 20 minutos dedicado a urgir al Congreso a que apruebe la legislación que permitirán al gobierno de Bush las escuchas secretas de «sospechosos de terrorismo» sin necesidad de un permiso judicial. El intento es convertir en «legal» lo que hace mucho es práctica común.

Una vez más, hay un caso y una Casa que huelen a azufre y el diablo anda suelto...

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