Empleados de PDVSA se manifestaron contra ExxonMobil en Maracaibo. Foto: AFP La arrogancia de la firma estadounidense Exxon Mobil ha sido castigada y, con ello, resarcida PDVSA en su honor y en su credibilidad. Pero la decisión del Gran Tribunal de Londres y Gales que derogó la congelación de 12 000 millones de dólares de la empresa venezolana a favor de Exxon, tiene otras connotaciones.
De entrada, la medida cautelar impuesta en febrero, sin previo aviso a Caracas y tras la demanda formulada por la transnacional ante tribunales de Gran Bretaña, Estados Unidos y Holanda, sentaba a PDVSA en el banquillo aún antes de que «los cargos» se presentaran.
Al querer mantener a «buen recaudo» la exorbitante cifra de las reservas de PDVSA, Exxon estaba cuestionando ya el pundonor de la empresa venezolana, al poner en duda su eticidad para acatar el fallo que emerja del arbitraje pendiente, y que Venezuela no va a rechazar.
Por el contrario: el ministro Rafael Ramírez acaba de reiterar que el litigio presentado por Exxon ante el Centro Internacional de Solución y Controversias sobre Inversiones (una instancia adscrita ante el Banco Mundial) recién comienza ahora. Pero en igualdad de condiciones y no con PDVSA maniatada, como pretendía la transnacional.
Otras aristas del sucio proceder de la compañía estadounidense han puesto al descubierto su prepotencia. Expertos como la calificadora de riesgos JP Morgan estiman que, en todo caso, Exxon podrá aspirar con el arbitraje a una indemnización por dos mil millones de dólares. Ello significa que el dinero inmovilizado era ¡cinco veces más!
Pero hay otras razones importantes para aplaudir el fallo británico. Aceptar la medida derogada habría significado cuestionar la decisión del Estado venezolano de renegociar contratos de explotación del crudo que, como estaban, dejaban las mayores ganancias en manos de las grandes y extorsionadoras compa-
ñías foráneas.
Exxon y eso es lo fundamental no fue expulsada de Venezuela: decidió abandonar las inversiones que tenía en la faja petrolífera del río Orinoco después de frustrar, por su inconformidad, las negociaciones planteadas por Venezuela para establecer convenios de asociación más justos y que dejaran en el país las ganancias de la mayoría de las acciones, como parte de la nacionalización del proyecto de explotación en el Orinoco.
Empresas como Total, Statoil, PetroCanadá, Ineparia y la British Petroleum, entre otras, accedieron y consiguieron los nuevos acuerdos. La británica Conoco Phillips sigue en tratativas. Solo Exxon rompió.
De manera que antes del veredicto de la corte británica, muchos se preguntaban si también se reprendería en lo adelante al resto de las naciones exportadoras, ante la primera diferencia que surja con otra arrogante y caprichosa transnacional.
Semejante amenaza habría quedado abierta sobre países como Bolivia y Ecuador, cuyos ejecutivos toman medidas para imponer tran-
sacciones justas a las compañías extranjeras que explotan el gas y el crudo en sus territorios, e invertir esos ingresos en la búsqueda de la equidad social.
Así, el dictamen del Tribunal de Londres no solo tiene connotaciones legales y financieras, sino políticas.
Tampoco puede soslayarse que las presiones y artimañas de Exxon se dan en un momento en que se recrudecen las amenazas imperiales contra Venezuela y, aunque a algunos pueda parecer una exageración, desprestigiar y cuestionar a la empresa que controla y dirige el mayor y más importante rubro de la economía nacional, tiene visos políticos muy fuertes.
Un remezón en PDVSA no solo afectaría las misiones sociales que las ganancias del petróleo ayudan a financiar, además pondría en peligro a la propia economía venezolana. No por gusto, el paro petrolero fue la opción escogida por la oposición y por Estados Unidos, una vez que se frustró el golpe de abril de 2002.
Exxon Mobil y esto tampoco debe olvidarse, ya ha demostrado su voracidad. Es una de las grandes compañías que se hará de una buena tajada del petróleo de Iraq, tras el cual Bush ha desatado aquella inacabada guerra. En los contratos que el gobierno iraquí firmará este mes, Exxon aspira al campo petrolero de Zubair, descubierto en 1952 en el sur del país, y cuyas reservas se estiman en 6 100 millones de barriles.
No por gusto, un portavoz de la Casa Blanca se atrevió a considerar en febrero que, en el curso de la nacionalización de la industria petrolera venezolana, la Exxon no había tenido «una compensación justa y adecuada, conforme a la práctica internacional».
Semejantes declaraciones no pueden resultar casuales. Recuperar el albedrío sobre los recursos naturales es, sobre todo, un asunto de soberanía nacional, y eso nada tiene que ver con la geoestrategia yanqui.
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