Un amigo sindicalista francés, implicado en las huelgas contra la elevación de la edad de la jubilación —pese a las cuales, el Gobierno del presidente Nicolás Sarkozy se salió con la suya—, me asegura que sus coterráneos echarán al mandatario en las próximas elecciones y que, mientras tanto, continuarán con sus demostraciones de calle, normalmente bastante «moviditas» —enfrentamientos con la policía incluidos.
Desde afuera, el espectador no europeo observa que solo los franceses están dando la batalla contra esa y otras medidas que ya han sido aplicadas en otros países de la UE, y que afectan el Estado de Bienestar. «A los ingleses les han aplicado un paquete peor —expresa—, y no han salido a defender sus intereses. No sé si es cuestión del carácter nacional, de su flema, pero muchos de ellos se asombran por nuestra movilización».
Esa apacibilidad, al parecer, puede estar quedando atrás: ayer, 50 000 estudiantes salieron a las calles de Londres a protestar contra el aumento del costo de las matrículas universitarias, y un grupo de 200, en batalla con la policía, ingresó a la sede del Partido Conservador —el principal de la coalición gobernante— y se instaló en la azotea, donde hubo hasta fogatas. «Estamos aquí contra los recortes, en solidaridad con los pobres, los mayores, los discapacitados y los trabajadores afectados», dijo al diario The Guardian uno de los ocupantes.
Es, en efecto, amplio el abanico de perjudicados con los recortes presupuestarios anunciados por el Gobierno de David Cameron, en su afán de bajar el déficit público de 11 a tres por ciento. Según la cadena BBC —por cierto, una de las afectadas por la tijera—, el ahorro de 80 000 millones de libras esterlinas (126 000 millones de dólares) que Londres pretende hasta 2015, golpeará a los sectores más débiles, con 18 000 millones de libras menos en subvenciones sociales. La pérdida añadida de un millón de puestos de trabajo en el área estatal hará que, paradójicamente, se incremente la necesidad de unos fondos de ayuda que ya no estarán a la mano.
En este paisaje gris, la expresión más empleada por la prensa británica es «desmantelamiento del Estado de Bienestar», y es Cameron el encargado de trasladarla del papel a la realidad, de completar la tarea que dejó inconclusa Margaret Thatcher cuando salió del poder en 1990. Lo acompaña en esta «misión posible» su socio de coalición: el Partido Liberal-Demócrata, que pese a lo sospechoso del nombre, solía ser defensor de las conquistas sociales, pero que ahora, encaramado por primera vez en el puente de mando, se deja vapulear por la tripulación conservadora y, en vez de servirle de contrapeso, le aprueba el paquetico. Cunde, pues, la decepción.
Y duele. En un documental de Michael Moore, el diputado laborista Tony Benn (algo así como la conciencia crítica de su partido) evocaba con orgullo los días en que los británicos, tras los destrozos de la guerra, trabajaban codo a codo para levantar su Estado de Bienestar, en el que las desigualdades entre ricos y pobres se atenuaran.
Hoy, en cambio, agitando el fantasma de la crisis en Grecia —donde se juntaron un alto nivel de evasión fiscal, unos préstamos impagables y un ocultamiento de los datos económicos reales—, Londres apuesta a reducir gastos de modo dramático, dizque afectando «más a los ricos que a los pobres», pero si al multimillonario dueño del diario The Sun le suben en un diez por ciento los impuestos, por decir un ejemplo, esa noche podrá irse a dormir tranquilo a su chalet en el Mediterráneo, mientras que si a un obrero le quitan de cuajo la prestación estatal por cada hijo, tendrá ganas de colgarse un yunque y arrojarse en el Mar del Norte, o de irse a echar improperios a las oficinas del partido gobernante. Como ha sucedido.
Si persiste el rumbo que va tomando la nave británica, probablemente la flema quede en el cajón, y a muchos, muchos más, les dé por exigir «a la francesa»…
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