Lo que comenzó en Turquía como una protesta ambientalista tiene hoy fines políticos que ponen en aprietos al primer ministro Recep Tayyip Erdogan y a su Gobierno del Partido del Desarrollo y la Justicia (AKP), en medio de un contexto muy explosivo desde 2010 con las revueltas árabes, que en Egipto derrocaron a Hosni Mubarak y en Túnez a Ben Alí.
Y ha sobrevenido una oleada de rechazos que sorprende a muchos, teniendo en cuenta que en los últimos años Turquía ha tenido un desarrollo económico que en la región se presenta como modelo, y que pareciera acercarse a la solución del conflicto con los kurdos.
La defensa del parque Gezi, cerca de la céntrica plaza Taksim, en Estambul, ante las pretensiones del ejecutivo de construir allí un centro comercial, le puso leña a un fuego tímido que venían cuidando algunos descontentos con Erdogan, sobre todo en sectores de la juventud, liberales y laicos de la clase media, que no comulgan con el autoritarismo y las intenciones del Primer Ministro de islamizar a toda la sociedad turca.
La brutalidad policial incendió más el movimiento, radicalizado hasta el punto de pedir la dimisión de Erdogan. A los manifestantes de Gezi se sumaron trabajadores del sector público y sindicatos del país.
Varias ciudades, principalmente Estambul, el pulmón económico y cultural de la nación y donde comenzó todo, y Ankara, la capital, se han convertido en campo de enfrentamientos entre los manifestantes y los gendarmes, que reprimen con gases lacrimógenos y cañones de agua. En una semana ya se reportaron tres muertes, más de 4 000 heridos, según fuentes médicas, y 2 000 detenidos.
Los manifestantes dicen estar hastiados de Erdogan, quien en lugar de propiciar la apertura política que muchos le confiaron cuando votaron por él en 2002, ha llegado al extremo de inmiscuirse en asuntos que comprometen la voluntad individual de los ciudadanos, como la prohibición del consumo de alcohol en muchas zonas urbanas y la imposición de normas morales musulmanas. Otras medidas que motivan la ira popular son la restricción en el uso de internet, la prohibición de determinadas lecturas, las persecuciones a los periodistas y la prohibición de protestar en la plaza de Takzim desde el 1ro. de mayo.
También irritó el silencio de los principales medios de comunicación del país que no reportaron los acontecimientos.
En el fondo también está su intención de reformar la Constitución para pasar del sistema parlamentario a uno presidencialista, con el objetivo de tener la posibilidad de convertirse en presidente con mayores poderes.
Hasta el momento, Erdogan no ha sabido manejar inteligentemente la situación. Lejos de asumir responsabilidades y calmar el descontento popular, lo ha insuflado con declaraciones desde el Maghreb —donde estaba de viaje—, que desvirtúan la naturaleza de las manifestaciones. Tildó a los manifestantes de «unos pocos vagos» y culpó a «elementos extremistas» y al principal partido de la oposición, a pesar de que los descontentos aseguran que sus demandas no son partidistas. Además, dejó claro que no retrocederá en sus planes urbanísticos. Nuestra decisión está tomada y seguiremos adelante», dijo en alusión a la construcción del centro comercial en Gezi.
Si Erdogan quiere salir con vida política de estas revueltas, deberá bajarse los humos y analizar las verdaderas causas de las protestas, sin simplificaciones. Pero sobre todo, escuchar. Así, tendrá la oportunidad de revertir sus errores, y salvar el apoyo del que goza el AKP en la sociedad turca.
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