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Cameron y el «mal tiempo» en Gran Bretaña

Autor:

Jorge L. Rodríguez González

No vengan a Gran Bretaña. Este no es el paraíso que ustedes creen. Así ha venido pidiendo David Cameron, hace meses, intentando convencer a búlgaros y rumanos de no ir a trabajar al Reino Unido, una vez que culminara el período transitorio que limitaba el acceso de esa fuerza laboral, lo que ocurrió el 1ro. de enero de este año.

El Gobierno conservador del Primer Ministro no puede prolongar de manera unilateral la prohibición aprobada por la Unión Europea (UE) en 2005, de cara al ingreso de Bulgaria y Rumania al bloque, el 1ro. de enero de 2007. Por eso no le ha quedado otra opción que desplegar una enorme campaña publicitaria antiinmigración, que de paso no persuada solo a rumanos y búlgaros, sino a otros emigrantes no comunitarios, en un año que se revela esencial para medir la temperatura con vistas a las elecciones de 2015.

En su campaña de disuasión, Cameron ha apelado a medidas que pondrían a pensar a muchos antes de tomar camino a Gran Bretaña en medio de una crisis que tiene volcada a la UE: se limitará el acceso a los servicios públicos (sanidad, por ejemplo) y las ayudas sociales (vivienda, subsidios…). Otros mensajes rayan en lo ridículo y absurdo como «No vengan aquí. Hace mucho frío». De modo que el canto de sirenas no suene dulce ni tentador.

Desde 2007 los rumanos y búlgaros podían visitar Gran Bretaña, pero solo eso, ni pensar instalarse allí, porque para trabajar debían tener un permiso especial, y lograrlo era una odisea.

Esta es una de las restricciones que se levantaron nada más que el almanaque marcó 2014. Pero a algunos políticos y electores les atemoriza la idea de que el Reino se vea inundado de inmigrantes, como ocurrió en 2004, cuando al ampliarse la UE (acogió a República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia), Gran Bretaña fue una de las mayores receptoras de polacos y de otros ciudadanos procedentes de la Europa del Este. Y los tiempos que corren no son buenos. Golpea una recesión.

La cantidad de rumanos y búlgaros que ahora llegarían a Gran Bretaña no podrían alcanzar a los niveles de la oleada de 2005, cuando el Gobierno laborista, que no puso trabas, calculó una recepción de 20 000 al año, y realmente llegaron cientos de miles. Bulgaria y Rumania suman juntas unos 29 millones de habitantes, casi un 40 por ciento de los de Europa del Este, con 75 millones. No obstante, algunos grupos de presión afirman que se repetirá la historia.

Si bien es cierto que Londres no puede mantener unilateralmente las restricciones que la UE acordó levantar el pasado día 1ro., en una maniobra de cálculo político, Cameron y los de su partido, aferrados a reducir a mínimos históricos la migración neta hacia el Reino Unido, ya toman cartas en el asunto estudiando implantar medidas  como la deportación de rumanos y búlgaros que no encuentren empleo en tres meses, la obligación de demostrar medios económicos suficientes para al menos una estancia de seis meses, y la exigencia de un seguro médico privado a quienes lleguen como estudiantes o sin intención de buscar trabajo inmediatamente.

Con ello, el Gobierno contraviene e irrespeta, en cierta medida, el marco legal de la UE en lo referido a la libertad de movimiento. Y al exigir un seguro médico privado atenta contra disposiciones nacionales como la circulada el pasado octubre por el Servicio Nacional de Salud, que exige a los galenos británicos aceptar a todos los pacientes extranjeros en aras de «promover los derechos humanos y la salud pública».

Pero estos parecen ser asuntos de poca monta para Cameron y su gabinete en las actuales circunstancias, cuando les interesa más ganarse al electorado para mantenerse en el poder después de 2015, que quedar bien con una UE de capa caída, que en nada se parece a la que ingresaron en los años 70 del pasado siglo. A juicio de Londres, los británicos no tienen por qué «aportar» a la integración de los eslabones menos ricos del continente.

Por eso, también, el referéndum que Cameron prometió organizar en 2017 —si los tories siguen en el poder después de 2015— para que los británicos decidan si quieren seguir integrados a la UE. Es a ese punto al que está conduciendo la retórica y el discurso político sobre la inmigración.

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