El «negocio» del sindicato - Opinión

El «negocio» del sindicato

Autor:

Ricardo Ronquillo Bello

Los sindicatos cubanos están ahora «negociando». Lo anunciaron múltiples medios de prensa por estos días, y en un país donde la palabra «negociar» tuvo su toque satánico, parecería que algún diablillo se coló en las entrañas de la representación obrera.

Solo que esta es una manera diferente de realizarlo —o para ser exactos— al menos debería serlo, porque entre otras particularidades, es la primera vez que lo hacemos tras la aprobación del nuevo Código del Trabajo, sobre el cual descansarán las relaciones entre empleados y empleadores en el socialismo cubano de la actualización del modelo económico.

Hasta el 30 del presente mes, los 17 sindicatos del país realizan los llamados procesos de negociación colectiva con los ministerios o con las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE). Paralelamente, trabajan en la elaboración y firma de los reglamentos disciplinarios ramales, que tendrá lugar hasta el 30 de octubre, junto con las asambleas para constituir los órganos de justicia laboral de base y la firma y aprobación de los convenios colectivos de trabajo en los centros laborales, que debe cerrar en diciembre.

Como puede verse, nada hay que pueda «importar un bledo», como suele decir el criollo para asuntos de poca monta. No podrían serlo las formas y sistemas de pago, la organización de la jornada laboral, la evaluación del trabajo, las condiciones de vida y protección, higiene y salud, por mencionar algunas de las perlas en discusión. No olvidemos que venimos de muchos años de intentar descubrir, en materia laboral y productividad en Cuba, qué surgió primero: si el huevo o la gallina.

La pregunta que sigue es si nos someteremos a la aplicación de un nuevo Código del Trabajo que implica reglas renovadas, en un contexto económico distinto, entre una multiplicidad de formas de propiedad, y con administraciones dotadas de mayores atribuciones, con sindicatos que arrastren viejas maneras y con los problemas de representatividad que han lastimado su autoridad en los últimos años.

La aplicación del nuevo Código ofrece al movimiento sindical las vías y métodos para elevar esa representatividad, pero también estará decidiéndose, como nunca antes, su liderazgo y capacidad movilizadora, sin los cuales menudo favor le haríamos al propósito de aumentar la productividad y la eficiencia económica en las condiciones de nuestro socialismo.

Casualmente —y hay coincidencias simbólicas que no deben ignorarse— el inicio de la actualización de la sociedad cubana coincidió con el centenario del natalicio de Lázaro Peña, a quien la historia situó como el «Capitán de la clase obrera», porque tuvo la osadía de empeñarse en la conquista de la unidad de los trabajadores en las circunstancias de una república represiva y fragmentada. Peña, quien abrazó el ideal socialista, tuvo el privilegio de vivir el triunfo de la Revolución que, además de vindicar el sindicalismo, proclamó el ansia de convertir a Cuba en una República de trabajadores.

Esto último no es un simple enunciado. Desde el año 1976, cuando se aprobó la Constitución nacional, esta refrendó, en su capítulo primero, entre los fundamentos políticos, sociales y económicos, que el nuestro es un «Estado socialista de trabajadores».

La Carta Magna cubana establece que el Estado realiza «la voluntad del pueblo trabajador». No por gusto Lázaro Peña se empeñó, cuando aún el socialismo era una búsqueda sin los fundamentos constitucionales de hoy, en educar a los obreros para asumir el desafío histórico de la protección de sus derechos y condiciones laborales, pero sobre todo, en empoderarlos de lo que luego adquirió una forma jurídica superior: su nueva condición de «dueños» de los medios de producción y del producto de su trabajo en tiempos de Revolución.

«Si es suyo —fundamentaba— tiene el derecho a proponer, a derivar experiencias, a descubrir reservas, a aportar iniciativas, a vigilar porque marche bien».

Y el cambio estructural del modelo económico nacional, pese a la apertura a diversas formas de propiedad, mantiene la hegemonía de la de carácter público, con una empresa socialista que abre terreno a mayor autonomía —incluyendo el uso de los ingresos—, lo cual debería favorecer la capacidad negociadora y de influencia de los sindicatos, si queremos hacer honores a su verdadera naturaleza, y que disposiciones como el pago por resultados, ya escamoteado en resoluciones anteriores, no vuelva a terminar en muchas gavetas de la indiferencia.

Recordemos que entre lo que mayor influencia ejerció en el derrumbe del llamado «socialismo real» estuvo precisamente la forma en que se estructuró la llamada «dictadura del proletariado», en la etapa de transición al socialismo como la concibió Lenin.

En aquellos modelos, revelan indagaciones, el burocratismo escamoteó la condición de dueños que correspondía a los trabajadores y condujo a lacerantes y extensivos procesos de enajenación. Se desvirtuaron así los fundamentos no solo del socialismo, sino incluso hasta del sindicalismo heredado del marco burgués.

Por ello es esencial que ningún obrero se sienta ajeno a los derroteros de su paso por el mundo del trabajo, y que el sindicato que lo representa conozca muy bien de que se trata su «negocio».

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