26 °C Una ley que se discute en EE.UU. para supuestamente proteger los derechos de propiedad intelectual, podría ser otra vuelta de tuerca en los afanes de dominar la web
Amaury E. del Valle • informatica@juventudrebelde.cu
11 de Enero del 2012 21:11:58 CDT
El próximo 23 de enero posiblemente el mundo vea el más grande «apagón» digital que se conoce hasta ahora, pues ese día sitios como Google, Yahoo!, Amazon, Wikipedia, eBay, AOL, Mozilla, PayPal, Facebook, Twitter o YouTube podrían unirse en una operación sin precedentes para alertar a los usuarios de la red de redes de las consecuencias de una indigesta SOPA que se cocina actualmente en Estados Unidos.
La Stop Online Piracy Act (SOPA o Ley para Frenar la Piratería On Line) ha causado enorme preocupación entre los usuarios de Internet de todo el planeta.
Incluso, por primera vez clientes y grandes empresas están de acuerdo en que, de aprobarse la polémica legislación, no solo estarían a expensas de los tribunales muchos clientes de la gran web, sino también emporios informáticos completos.
En esencia se trata de una turbia legislación que se pretende promulgar, y que tiene dos versiones: una en el Senado, titulada Protección a la Propiedad Intelectual (Protect IP, en inglés) y otra en la Cámara de Representantes, donde se conoce como Ley para Frenar la Piratería On Line (SOPA).
Si bien ambas abordan la cuestión de cómo proteger la propiedad intelectual y castigar el libre copyright que parece imperar en la autopista de la información, el proyecto de ley SOPA que se discutirá en los próximos días es más drástico, por las medidas que propone para controlar la piratería.
Esta normativa pretende, entre otras cosas, bloquear el acceso a cualquier sitio web que infrinja derechos de autor, y obligaría a los proveedores de acceso a Internet y a los buscadores de la Red a monitorear los contenidos para detectarlos y sancionarlos.
Estaría imponiéndose, de facto, no solo un control sobre los contenidos que suben y ven los ciudadanos norteamericanos, sino también sobre lo que hacen los de otros países.
Cuando el Congreso de EE.UU. debata el 24 de enero la ley SOPA, quedarán muy claros los dos bandos enfrentados en la contienda.
De un lado están grupos de poder que tienen enormes cantidades de dinero, como la industria farmacéutica —el lobby que más invierte en el Congreso—, la Asociación Cinematográfica de EE.UU. o las multimillonarias discográficas, todas las cuales pretenden con la ley frenar la copia de sus materiales o la difusión de contenidos fraudulentos, que les ocasionan grandes pérdidas.
En la esquina opuesta están, entre otros, y agrupadas en la llamada plataforma Netcoalition.com (http://netcoalition.com), empresas también muy poderosas como Google, Yahoo!, Facebook, Foursquare, Twitter, Wikipedia, Amazon, Mozilla, AOL, eBay, PayPal, IAC, LinkedIn, OpenDNS y Zynga.
Para nadie está claro cuál será el resultado, especialmente porque más allá de alguna que otra campaña reciente de comunicación, en esencia muy pocos, salvo los legisladores, han tenido en sus manos el verdadero cuerpo del proyecto.
Sin embargo, solo con lo que se ha filtrado basta para ponerle los pelos de punta a cualquiera que entienda y aprecie el funcionamiento de Internet.
Porque SOPA ha tenido chefs bien adiestrados en el arte de confundir y dejar abiertas las puertas legales para que los tribunales y hasta el mismo Gobierno de EE.UU. puedan borrar con un par de clics casi cualquier sitio web del planeta que les sea incómodo.
La normativa plantea a grandes rasgos que ante cualquier denuncia de violación del derecho de autor, los grandes servidores (leáse incluso Google, Yahoo!, Facebook, Twitter y demás) estarían obligados a «suprimir» el sitio web de los resultados de búsqueda, y de estar alojados en sus servidores a cerrarlo, sin que sea necesaria siquiera una orden judicial.
Algunos han comparado este descabellado y peligroso entramado legal con una especie de fascismo informático mundial, donde EE.UU. se arrogará el derecho de determinar qué estará y qué no en Internet.
Alarmadas con mucha razón también están las asociaciones de protección de los derechos de usuarios, quienes se verían sometidas a denuncias judiciales o en el mejor de los casos a que les cerraran sus cuentas en Gmail, Facebook, YahooMail, Hotmail, Twitter o YouTube, por solo poner algunos ejemplos, si alguien los denunciara por compartir un libro, canción, video, foto o cualquier otro contenido que supuestamente estaría protegido por derechos de autor.
Nadie duda de que el robo de los derechos de autor, y especialmente la piratería on line que tiene a estos como sus principales blancos, es un fenómeno que se debe detener. Acarrea pérdidas millonarias a la industria editorial, la musical o la cinematográfica, cuando respetar la creación ajena es imprescindible para garantizar el desarrollo económico, social y cultural.
Pero de ahí a perseguir y desconectar a cualquier particular o empresa que pudiese ser acusada de subir material protegido con derechos de autor, dentro y fuera de Estados Unidos, hay un gran trecho que recorrer.
Según afirmó a la BBCWorld, Sean Flynn, director asociado del Proyecto de información, justicia y propiedad intelectual de la Universidad Americana de Washington, «las compañías proveedoras de servicios de Internet están muy preocupadas».
El profesor Flynn se pregunta con razón que si hipotéticamente la ley permitiría al Gobierno bloquear el acceso a cualquier sitio que esté facilitando la violación de los derechos reservados, entonces «¿todo eBay o Google están transgrediendo la ley porque permiten que los resultados de una búsqueda en su página incluyan material cuya propiedad pueda estar protegida?».
Algunos como Alan Friedman, analista en temas de gobernabilidad del Brookings Institution, en Washington, van incluso más allá, pues aseguran que si hace apenas unos cinco o seis años se hubiera aprobado una legislación como la propuesta, prácticamente no existirían hoy redes sociales como Facebook, Twitter o YouTube, e incluso sitios como Google jamás hubieran alcanzado su tamaño actual.
En cambio, quienes apoyan a la SOPA, como el congresista republicano por Texas, Lamar Smith, su principal impulsor, se defienden asegurando que las censuras hacia el texto están basadas en hipótesis alejadas de la realidad, pues «ninguno de los críticos ha sido capaz de señalar exactamente de qué manera puede afectar Internet».
Aunque desde 1998 está en vigor en territorio norteamericano la denominada Digital Millenium Copyright Act, que obliga a retirar el material ilegal de las páginas web que hacen uso del mismo, esta no tiene competencia judicial sobre lo que sea publicado desde otros países.
Esta situación cambiaría de llegar a aprobar el proyecto SOPA, que obligaría a los motores de búsqueda, proveedores de dominios y empresas de publicidad estadounidenses a bloquear los servicios de cualquier página web que esté bajo investigación del Departamento de Justicia por haber publicado material que infrinja los derechos de autor, no importa el lugar donde se encuentre alojado el sitio web.
Lo peor es que de no cumplir con ello, serían entonces los proveedores, que en su gran mayoría se ubican en Estados Unidos, los que tendrían que responder ante los tribunales, lo cual los pone contra la pared, con la espada en el cuello y sin derecho siquiera a estornudar sin perder la cabeza, pues la propuesta estipula que no hará falta siquiera la orden de un juez, ya que bastará con cualquier denuncia.
La realidad es que, en el fondo, todo este esfuerzo no se hace para proteger derechos de autor ni evitar la piratería. Debajo del tapete, y revuelto en el caldero de SOPA, están los intereses ocultos del Gobierno norteamericano de dominar Internet.
De haber tenido la ley aprobada antes, por ejemplo, los ciudadanos norteamericanos nunca se hubieran enterado de los horrores cometidos por sus tropas en Afganistán o Iraq, o de las suciedades de su Gobierno en materia diplomática, simplemente porque hubieran borrado de un plumazo a Wikileaks, como han estado intentando hacer sin éxito, con el pretexto de que las informaciones reveladas «no eran de su propiedad».
Y ello se sumaría a la campaña para silenciar, por ejemplo, que hay cinco cubanos injustamente presos en cárceles norteamericanas por luchar contra el terrorismo. Hasta es posible que la mayoría de las noticias y sitios sobre la Revolución Cubana serían silenciados y hasta borrados de la red, aludiendo para ello a supuestos copyrights ilegales.
No hay que engañarse. La verdadera razón que tienen los círculos más reaccionarios de la política norteamericana al cocinar esta indigesta SOPA para la web es simplemente silenciar a quienes no repitan «su verdad», porque para ellos el verdadero «derecho de autor» es ser uno más de los que cacarean al compás de su coro.
?y las personas no podrían burlar esta ley, usando buscadores y servidores en otros países? Ahora no hay competidores grandes a los estadounidenses, pero esta ley podría estimular su surgimiento y crecimiento.
Qué me hago el 23??? Apagada o fuera del área de cobertura :(
Realmente estoy en contra de frenar el libre acceso a internet pero quizas no es justo que se trafique con la propiedad ajena, para eso estan los derechos de autor y las patentes que son el fruto de la inversion de inmensas cantidades de dinero para lograr un objetivo y es bien facil solo apoderarse del resultado sin haver invertido un centavo, muchos paises estan haciendo esto y el robo de la propiedad intelectual pulula en la red y muchos de estos estan organizados y financiado hasta por gobiernos. Debera encontrarse un punto medio donde se respeten ambos lados.
Bueno por mi parte no estoy de acuerdo con eso ,entonces para que hicieron la Internet ,ok no respetar los derechos de autores me parece algo irrespetuoso ,pero por lo demas la internet es desarrllo y hay que arriesgarse a este tipo de cosas ,entonces para que lo ponen .
Amaury, esa es una "gaveta" que me parece con ruido, porque nosotros vemos en la TV Cubana miles de reportajes y programas sin pagar copyright,,te imaginas asumir la demanda por pasar los Discovery, Animal Planet, etc , etc, etc. Echale un vistazo a la Ley Sinde, de España, que se APROBO y regula el mismo asunto..y nadie se preocupa por eso!!!!
Amaury E. del Valle. Pensar que USA no domina hoy la Internet es infantil, Ellos crearon desde la computadoras,los protocolos, la red de comunicacion los mainframe,nodos etc los registros de domain la asignacion ip en fin todo. Sin la intervencion de ellos tu no puedes enviar un email. La leyes SOPA y PIPA no tienen ninguna connotacion ni politica, ni tampoco ideologica. Por un lado las industria de la musica, el cine, las farmaceuticas que pierden millones en ventas y por otro lado los proveedores de Internet,buscadores, redes sociales que tendrian que censurar o bloquear contenido y que los llevaria a perder muchos millones de dolares. La clave ninguno de los dos bandos quiere perder billete. Si la leyes como estan fueran aprobadas, cosas que dudo mucho no afectaria en nada la informacion siempre y cuando esos sitio no violen los derechos de autor. Si asi fueran desaparecerian
España firma el polémico tratado ACTA Veintidós países de la UE lo han suscrito hoy Es un acuerdo comercial contra las falsificaciones y para proteger la propiedad intelectual El texto debe ser ratificado por el Parlamento Europeo en junio Tomàs Delclós Barcelona 26 ENE 2012 - 19:07 El líder del partido polaco Movimiento Palikot se pone una máscara de Anonymous para protestar contra la firma de ACTA / PAWEL SUPERNAK (EFE) Enviar Imprimir La Unión Europea y 22 de sus estado miembros, entre ellos España, han firmado hoy en Japón el tratado ACTA, cuya inicial negociación en secreto sublevó a la comunidad de Internet. Se trata de un acuerdo comercial que pretende combatir el tráfico de falsificaciones y la violación de la propiedad intelectual. La firma del tratado por parte de la UE debe ser ratificada por el Parlamento Europeo en junio. Organizaciones opuestas al mismo ya preparan movilizaciones para intentar frenar la ratificación. Holanda, Chipre, Eslovaquia, Estonia y Alemania figuran entre los países europeos que no lo han suscrito. Según la UE, se trata de un simple retraso por razones de procedimiento. En Polonia ya hace días que se han organizado movilizaciones contra ACTA. Mientras Estados Unidos ha frenado las leyes antipiratería (SOPA y PIPA) para buscar un mayor consenso, el citado tratado ya fue suscrito, el año pasado, por Estados Unidos, uno de sus principales impulsores, Canadá, Australia, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda, entre otros países. Este acuerdo comercial propone aplicar distintas medidas por parte de los estados que lo apoyan para luchar contra el comercio de falsificaciones y la distribución sin licencia de material protegido por derechos de autor. Lo que más preocupa a quienes combaten su redactado es que introduce medidas genéricas cuya aplicación concreta podría suponer la persecución penal de proveedores de Internet que favorecieran la piratería a nivel comercial. ACTA admitiría nuevas sanciones penales para obligar a los proveedores de Internet a vigilar los contenidos en Internet, lo que supondría, según sus oponentes, una merma en la libertad de expresión y un incremento de la inseguridad jurídica ya que autorizaría a los titulares de derechos a obtener información sobre los infractores en la Red por parte de los operadores. No se trata de artículos de obligado cumplimiento por parte de los Estados. Las autoridades europeas, ante el escándalo que provocó el conocimiento de las negociaciones secretas del citado tratado, han asegurado que en la UE cualquier fórmula de persecución de la infracción se dará por la vía judicial. Quienes se oponen al tratado, por su ambiguo y genérico redactado, subrayan expresiones como la necesidad de “remedios expeditivos” para prevenir las infracciones y el despliegue de “obstáculos” para impedir que avance la piratería. El texto añade que los procedimientos que se pacten deben respetar la privacidad y la libertad de expresión. El tratado apela a la colaboración entre distintos sectores. La palabra Internet no figura en el redactado que prefiere la expresión “entornos digitales”. El tratado prevé sanciones civiles, por daños y perjuicios a los intermediarios, sobre cuya cuantía no se aclara la manera de fijarla. En marzo de 2010, la UE publicó el borrador tras la octava ronda negociadora después de que el Parlamento europeo recordara que es competente para estudiar los tratados internacionales en los que participe la UE y mostró su desacuerdo con el secretismo de las negociaciones. Ayer, John Clancy, portavoz del comisario de Comercio Karel de Gucht ya hizo las primeras declaraciones para calmar los ánimos de la comunidad de Internet. “ACTA”, aseguró, “no restringe la libertad de Internet ni propone la censura de webs. El tratado quiere garantizar que las organizaciones criminales sean perseguidas cuando roban la propiedad intelectual, dañando la innovación y destruyendo empleo.” Clancy insistió en que no interfiere en la manera en que usamos Internet en nuestra vida cotidiana. Alguna aclaración sobre lo que no es ACTA demuestra la manera en que puede ser entendido por otros. “Los ciudadanos podrán seguir usando las redes sociales como Facebook o Twitter como en el pasado”, aseguró. Según la UE, se trata de untexto distinto a las leyes estadounidenses SOPA y PIPA, ahora congeladas, porque no prevé impedir el acceso a la Red. La UE calcula que Europa pierde anualmente ocho mil millones de euros por el tráfico de material pirateado. En España, la Asociación de Internautas ha mantenido una postura totalmente contraria a que prospere ACTA en el Parlamento Europeo. RedTel , la asociación española de operadores de telecomunicaciones, cuestionó en abril de 2010 el proyecto de tratado, soprendida porque un borrador de acuerdo comercial no contenga "ninguna mención a crear oportunidades de comercio". La asociación explicó que si bien esto es "lógico" en el caso de la piratería de bienes físicos, donde ya existe un mercado legal de bienes equivalentes, en el caso de la 'piratería digital' el tratado ACTA refleja el mismo problema que la Disposición Final segunda del Proyecto de Ley de Economía Sostenible en España, que "sólo se ocupa de medidas penalizadoras", olvidando que el problema es la débil oferta legal de contenidos. Hoy, el Parlamento Europeo ha sufrido un ataque informático. Anonymous había convocado asaltos digitales contra la UE, pero había excluído como objetivo al Parlamento. TOMADO DE EL PERIODICO EL PAIS
En realidad Raulito la internet surgio para que nadie la controlara, y cada cual vea lo que desea, claro está si alguine sale perjudicado debe haber leyes que lo protejan. Pero pregunto ¿cuantos tenemos acceso a esa red?... es cada vez mayor la cantidad de usarios hay regiones que 7 de cada 8 habitantes tienen acceso y nosotros qué?....para cuando. No pensemos tanto en el control y sí en adquirir cultura general integral.
Desarrollado por: Grupo de desarrollo de Juventud Rebelde
Director: Pelayo Terry | Subdirectores editoriales:Herminio Camacho, Ricardo Ronquillo y Marina Menéndez
21 de octubre del 1965
ISSN 1563-8340 © Copyright Juventud Rebelde
