Una red internacional de piratería de televisión por cable fue desmantelada en España, en un operativo en el cual fueron implicadas casi un centenar de personas.
Aprovechando una sola tarjeta de acceso legal a la TV por cable, la red ilegal redistribuía por Internet la señal a locales comerciales, comunidades de vecinos o particulares, a cambio de cuotas económicas mensuales de cada uno de los usuarios suscritos.
La red desmantelada contaba con 57 servidores conectados entre sí en diversos países de la Unión Europea. Cada uno de estos servidores podía enviar la señal a más de 150 usuarios por 15 euros al mes.