Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

Las respuestas a quejas reflejadas aquí van acumulándose, y aunque uno pretende siempre desmenuzar el desenlace de cada historia, de vez en cuando habrá que hacer como hoy: reseñar someramente un considerable grupo, para aligerar la carga pendiente, que data desde 2008. Que se cumpla

Denuncia de Juan González Ferrer, de calle J número 353, entre 17 y 19, municipio capitalino de Plaza de la Revolución, reflejada aquí el 31 de octubre de 2008: su vivienda y otras colindan con el Departamento de Vectores, los de la fumigación contra el mosquito Aedes aegypti del policlínico Rampa. Los operadores arrancan las «bazucas» y las prueban a toda hora, lo que constituye una constante molestia sonora para los vecinos, así como la sobredosis de gases, que ha traído secuelas respiratorias a más del escándalo constante de los operarios.

La doctora Mayda Abeledo Concepción, jefa del Departamento de Atención a la Población de la Dirección Provincial de Salud, respondió que, ciertamente, la Dirección Provincial de Higiene y Epidemiología acudió al sitio y corroboró la veracidad de lo señalado. Concluyeron que para las pruebas de arranque de las motomochilas se extraerán los equipos para la calle, y se velará por la disciplina de esos trabajadores. Ello se comprobará con visitas sorpresivas y encuestas con los vecinos. Se evalúa por el médico de la familia los posibles daños respiratorios de los vecinos. Y se recomendó al Gobierno municipal el traslado de la sede de la Campaña para un local donde no se afecte a la población.

Ahora lo importante es que todo se cumpla.

El 5 de octubre de 2008, Maylín Quirós (calle 7ma. número 3, reparto Julio Sanguily, en Florida, Camagüey) se quejaba aquí de maltratos de la administradora de la bodega correspondiente cuando le solicitó que le vendiera una botella de keroseno para cocinar, en momentos en que no había electricidad debido al paso del huracán, a mediados de septiembre.

Ubaldo Cordero, director de la Empresa de Comercio Minorista Mixta de Florida, afirma que se investigó con los delegados de las dos circunscripciones de la zona, representantes de las organizaciones y consumidores, que manifestaron haber estado presentes en aquel momento. Coincidentemente afirman que no hubo maltrato por parte de la administradora, y que fue la quejosa quien llegó alterada a la unidad.

Atestigua Cordero que, al final de todo, la consumidora fue atendida y se le vendió keroseno. Y alerta de que, «en momentos difíciles, ante la situación provocada por el huracán que afectó a nuestro municipio, también resulta necesario solicitar de la población su colaboración y ayuda para la distribución adecuada y disciplinada de los recursos».

El 21 de octubre de 2008, Máximo Martínez (Edificio 20-A, apartamento 30, reparto Guiteras, municipio capitalino de La Habana del Este) denunciaba aquí que esos vecinos llevaban más de tres meses sufriendo una tupición de aguas albañales, que amenazaba con contaminar la cisterna del inmueble. Era un viejo problema la frecuente tupición de los registros. Y las soluciones resultaban «curitas».

Al respecto responde Antonio R. Lago, director general de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado del Este, quien recalca que el vertimiento era motivado por una obstrucción en la línea central de evacuación de residuales del contiguo Edificio 19-A.

Precisa que se le explicaron a Máximo las acciones realizadas por la brigada de Alcantarillado para solucionar definitivamente el problema. Y se construyeron dos parales para realizar futuros mantenimientos en la línea de descarga central.

Puntualiza Lago que entre las causas «que motivaron la demora en la solución definitiva del problema» estaban las construcciones ilegales existentes sobre la línea de alcantarillado, las indisciplinas sociales y la gran demanda que tiene el carro especializado o de alta presión, el cual les presta servicios a cuatro municipios capitalinos.

El problema quedó solucionado, y no se ha registrado más vertimiento.

Y más allá de las medidas ¿qué? El 12 de diciembre de 2008, esta columna reflejó la queja de José Luis García, en nombre del colectivo de la Brigada 4 de Obras varias de Guáimaro, en Camagüey, perteneciente a la ECOA 17: insatisfacciones con las irregularidades presentadas con los sistemas de pago aplicados, más bien impuestos, sin las condiciones requeridas de abastecimiento de materiales a pie de obra por la Empresa.A propósito responde Luis E. Brito Jiménez, director de Atención a la Población y al Poder Popular del Ministerio de la Construcción, quien confirma que «se comprobó ciertamente que habían existido diferentes irregularidades en la aplicación de los sistemas de pago en la unidad básica de Guáimaro, de la ECOA 17, y el no cumplimiento de las orientaciones dadas en cuanto a la reorganización estructural de la Empresa a partir de los planes de ejecución previstos para ese y otros territorios».En consonancia, precisa, al jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Unidad se le sancionó con la democión a un cargo de inferior categoría durante seis meses; y se les hicieron amonestaciones ante los respectivos Consejos de Dirección a la jefa del Departamento Económico de la unidad y al director de la Empresa ECOA 17. Quedaba pendiente de análisis y medida la jefa de la Unidad Básica, por encontrarse cumpliendo un contrato de trabajo en el exterior.Agradezco la respuesta, pero al final no se explica qué se hizo para revertir los incumplimientos y atender las insatisfacciones de los trabajadores con el sistema de pago.