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Reconoce BPA su responsabilidad

No exagero cuando afirmo que, más allá de los imponderables económicos que gravitan sobre el país, buena parte de las denuncias e insatisfacciones de los ciudadanos reflejadas aquí tienen que ver con dilaciones e irresponsabilidades de carácter subjetivo que podrían evitarse. Lo confirman varias respuestas hoy.

La primera la envía José L. Alari, presidente del Banco Popular de Ahorro (BPA), a raíz de la queja del lector Tirso Acosta —reseñada aquí el pasado 15 de marzo— acerca de injustificadas demoras con el pago de los salarios en el Centro Provincial de la Música Miguel Matamoros, de Santiago de Cuba.

Al respecto señala Alari que corresponde a la Sucursal del BPA 2452 (23 y J, Vedado, Ciudad de La Habana) la demora de la transferencia al Centro Provincial de la Música Miguel Matamoros, ordenada en dicha oficina bancaria el 26 de febrero de 2009. A consecuencia de ello, la misma llegó a su destino el 17 de marzo, y no en 72 horas, como es habitual.

La irregularidad, aclara, fue provocada por trastornos en la transacción automática-contable, pero faltó seguimiento del problema. Por ello asegura que fueron depuradas las responsabilidades y aplicadas las medidas, pero lamentablemente no especifica cuáles fueron las mismas para quienes, con su dejación, demoraron el pago a los músicos santiagueros.

Inventario de incorrecciones

La respuesta de la doctora Dayamí López González, del Departamento de Atención a la Población de la Dirección Provincial de Salud en Pinar del Río, corrobora que tenía mucha razón Sonia Margarita Botello, profesora de la Escuela Latinoamericana de Medicina del municipio vueltabajero de Sandino, cuando denunciaba aquí el pasado 18 de febrero los consecutivos maltratos a los cuales fuera sometida en la Óptica de esa localidad.

Refiere Dayamí que una comisión investigó los hechos y se entrevistó con la demandante. Derivado de ello, se reconoce que el examen de refracción realizado en el policlínico de Sandino no fue correcto, debido a lo cual los espejuelos terminados no le sirvieron.

Posteriormente hubo morosidad por parte del administrador de la Óptica de Sandino en llevar la orden para el taller de tallado en Pinar del Río. Y hubo dificultades con el pulimento en el taller provincial. Al mismo tiempo, después de tantas vicisitudes, a la clienta no se le dio una respuesta correcta en la Óptica.

Por todas las deficiencias, fue separado de su cargo el administrador de la Óptica, y la dependienta de esa unidad está en proceso de aplicación de una medida disciplinaria.

Asegura Dayamí que cuando se tengan los resultados del examen realizado nuevamente, se procederá a elaborar los espejuelos de la profesora con la mayor prontitud posible.

¿Hasta cuándo solo regaños?

Habría que ver cómo reaccionarían los funcionarios que desatendieron al santaclareño Santiago de la Torre, si hubieran sufrido nada más que la mitad del tiempo que le hicieron esperar, y las constantes desatenciones de que fue objeto en algo tan sensible como su vivienda.

El pasado 1ro. de marzo, Santiago contaba aquí que hacía dos años le habían asignado por su zona de Vivienda una rehabilitación de techo. La técnica de la Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda (UMIV) que atiende su zona, quien le hizo el expediente el 24 de septiembre de 2007, un buen día le comunicó que el mismo se había extraviado. Santiago esperó pacientemente a ver si aparecía. Y el 2 de abril de 2008 solicitó a la funcionaria de Atención a la Población de la UMIV una entrevista con el director. Y esta le respondió que su caso no llevaba entrevista y tenía que esperar.

Santiago se recogió. Y el 20 de junio de 2008 lo citó la técnica para informarle que, luego de nueve meses dado por perdido, su expediente había aparecido. Él se lo comunicó a la de Atención a la Población de la UMIV, y esta le dijo que cuando entrara el fibrocemento se priorizaría su caso. El «fibro» llegó en varias ocasiones, pero no para él.

Y el 9 de septiembre de 2008 la casa fue afectada con saña por el huracán Ike. Entonces le visitaron representantes del Puesto de Mando, el delegado de la circunscripción y el arquitecto de la comunidad. Le llenaron una planilla...

Luego de seis meses sin respuesta, Santiago fue a la UMIV el 9 de febrero pasado. Y la funcionaria de Atención a la Población desestimó su petición de entrevistarse con el director. «Tienes que seguir esperando», le reiteró; pero no dijo hasta cuándo. Fue cuando Santiago desesperó y escribió a esta columna, ya obstinado.

A propósito responde Magalys Rodríguez Vega, jefa del Departamento de Atención a la Población de la Dirección Provincial de Vivienda en Villa Clara, quien refiere que en la tramitación del expediente de Santiago se registraron diversas irregularidades que lo dilataron.

«Durante el proceso llevado a cabo por la Dirección de la UMIV —prosigue— se evidenció que no se dio correcto seguimiento al mismo, incluyendo la posibilidad de que se entrevistara con el director del centro».

Afirma que Santiago fue atendido ahora por el director de la UMIV, quien dictaminó orientaciones precisas con el caso, el cual está en vías de solución. Ya Santiago tiene en su vivienda el mayor por ciento de los recursos materiales de su rehabilitación de cubierta. Y asegura que se le dará seguimiento hasta la culminación.

Significa la funcionaria que, a partir del caso, han redoblado la atención a la base y los consejos populares. Además, ahora comenzará un proceso de rendición de cuentas en el cual intercambiarán criterios con la población. Allí explicarán que están concentrados en recuperarse de los daños causados por los huracanes; y que en la medida que van cumpliendo con esa tarea, un grupo de rehabilitaciones y cubiertas totales entregadas por las comisiones de circunscripción serán retomadas por los planes.

En cuanto a las medidas aplicadas a los responsables de las irregularidades en el caso de Santiago, Magalys señala que «se realizó un análisis en cuanto al funcionamiento de la oficina de Atención a la Población, y se hicieron los correspondientes señalamientos críticos a los compañeros».

Con el debido respeto, uno tiene que preguntarse hasta cuándo se les harán apenas «señalamientos críticos» a funcionarios que se desentienden en algo tan delicado como la vivienda. Una cosa son los recursos escasos y otra la desatención, la inconsecuencia y la insensibilidad. Los regaños no bastan. ¿Quién paga por todo lo que hacen desesperar a las personas?

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