Acuse de recibo
Racionalidad. Esa ha sido la piedra angular de tantos reclamos ciudadanos… Porque la gente entiende que no haya petróleo, o ladrillos, o arroz, pero no que algunos distribuyan y planifiquen sin lógica. De eso trataba la misiva de la capitalina Yaima Arias Urra (Calle 41, No. 10206, entre 102 y 104, Marianao), publicada aquí el 22 de agosto de 2009.
Contaba la lectora que después de buscar insistentemente una talla de uniforme para su hijo de prescolar, casi había desistido, pues nunca había el número. Finalmente, a las puertas del inicio del curso, había decidido comprar la existente y arreglarla. Se trataba de una 18 y su pequeño llevaba una 6.
Reflexionaba entonces la remitente en el sinsentido de invertir recursos en fabricar uniformes tan grandes para niños de grados iniciales.
Al respecto, el 29 de enero de 2010, llegó la carta de Jorge Proenza Hernández, jefe de Mercado del Ministerio de la Industria Ligera (MINIL). Sostiene Jorge que la queja en cuestión «no se relaciona directamente con nuestra actividad, puesto que la venta minorista de uniformes… no depende de la industria a la cual corresponde su producción a partir de las demandas previamente pactadas con el Ministerio de Educación (MINED) y el Ministerio de Comercio Interior (MINCIN)».
En este año —argumenta el directivo— se han evaluado colectivamente las dificultades presentadas en 2009; y se han tomado las medidas pertinentes para minimizar las afectaciones y mantener los resultados de producción.
«La distribución hacia cada territorio y, dentro de ellos, hasta los establecimientos de venta en las cantidades y tallas precisas que se demandan, resulta compleja a partir de los niveles de inventarios y productos que deben trasladarse y entregarse», apunta el funcionario del MINIL.
Esta situación —afirma— ha sido ya evaluada con los organismos comercializadores para evitar disgustos a quienes buscan la ropa escolar. Y aclara el dirigente que el año pasado se cumplió la entrega de uniformes desde mayo, como estaba programado. Este año —enfatiza— se piensa asegurar de la misma forma.
Agradecemos la respuesta de Jorge Proenza Hernández. Si son el MINED y el MINCIN quienes ajustan con la industria ligera las tallas que deben producirse, entonces deben responder sobre el asunto estos ministerios. Esperamos.
El habanero Yorasqui Manuel Albolaes Espinosa (Calle 3, entre 8 y 10, No. 810, Bejucal) ya no sabe cómo actuar para que le sea reintegrada su casa. Él, que se encuentra sancionado penalmente y en libertad condicional desde el 2007, ha solicitado por varias vías el reintegro de su domicilio.
«En el momento en que entré a prisión me encontraba realizando los trámites correspondientes para legalizar mi vivienda, en la cual vivía desde hacía ocho meses», relata Yorasqui. Y evoca que fue visistado mientras cumplía su sanción por compañeros de la Dirección de Vivienda en el territorio, quienes le solicitaron le prestara su hogar a una trabajadora de Salud Pública que había sido afectada por un ciclón. Él accedió.
Cuenta el remitente que luego de salir de la cárcel, intentó comunicarse con el Director de Vivienda en esa época, este «me ofreció mil disculpas, ya que a la mencionada compañera le habían hecho una propiedad de mi casa. Y me pidió tiempo para solucionar este error en varias ocasiones». Pero nada.
Ante las dificultades para recuperar su hogar, cuenta el habanero que se ha remitido a varias instituciones; y de todos recibe invariablemente la misma respuesta: «Tenga paciencia». Pero él comenzó las gestiones hace ya casi tres años. Y le preocupan las evasivas.
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